La historia de tres niñas indígenas violadas por militares
TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 20 de octubre (apro-cimac).- El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas. De regreso a su hogar, luego de vender verduras en el mercado de la comunidad, las cuatro mujeres fueron interceptadas por los soldados, quienes las detuvieron para interrogarlas. Durantes dos horas estuvieron privadas de su libertad, lapso en el que las tres adolescentes fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. Delia, la madre de las menores, fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas. Con el dolor a cuestas, Delia se vio obligada a salir de su comunidad, culpabilizada del ataque contra sus hijas. Dieciséis años después de la agresión de la que fueron víctimas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño. "Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó", dicen las adolescentes, cuyo rostro refleja rabia e impotencia. Cuentan las tres mujeres, ahora de 28, 29 y 30 años, que la propuesta de reparación del daño la recibieron en agosto pasado, y el gobernador chiapaneco les dio de plazo de dos meses para responder si aceptaban los 500 mil pesos cada una, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos. La pobreza, su compañera permanente, les aconsejó aceptar el ofrecimiento de Sabines, pero exigieron incluir a su madre, porque ella también sufrió por el ataque sexual contra sus hijas, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano. "En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación. Nunca podremos perdonar lo que nos hicieron", expresan las hermanas, apoyadas por un traductor. Y afirman que en todo este tiempo no habían aceptado hacer declaraciones públicas, pero "ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta". La propuesta, agregan, "es la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre". E insisten: "Aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia". El dinero, dicen, no es suficiente, hace falta que se les haga justicia, por lo que seguirán luchando para que se castigue a los militares y sean juzgados por autoridades civiles. El 30 de junio de 1994, las hermanas denunciaron ante el Ministerio Público Federal la violación sexual de la que fueron objeto, luego de lo cual se les practicó un examen médico ginecológico. La denuncia fue ratificada el 30 de agosto, según se desprende del informe No. 129/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El expediente fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, luego de que el Ministerio Público se declaró incompetente para investigar. El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos en un boletín de prensa, en el que señalaba que de acuerdo con la investigación realizada —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E—, se desprendió que la imputación a los militares era "completamente falsa", en virtud de que no incurrieron en infracción a la disciplina militar. Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El asunto sentó un precedente en el sistema interamericano, que por primera vez reconoció la violación sexual como tortura y determinó que el delito cometido por militares contra las tres indígenas tzeltales fuera investigado en el fuero civil. La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño, y que el caso se turnara a la justicia civil. Nueve años después, la recomendación no se ha cumplido. El caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés. De acuerdo con el Estado mexicano, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso. Las hermanas González, en tanto, consideran que la propuesta de Sabines no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, pero falta señalar y castigar a los culpables de la violación, además de trasladar la investigación al fuero civil. http://www.lydiacacho.net/ http://www.youtube.com/watch?v=toI6ngKVbV8 Juanito "no-doy-una"
JUNTO AL PROPIO Felipe Calderón, Juan Molinar Horcasitas personifica al "grillo" de partido político que, en cargos de responsabilidad pública, nada más no da una. Acción que emprende, acción que resulta fallida o, en el peor de los casos, se le revierte.
De las pifias, erratas y monumentales "osos" que el politólogo de Acatlán ha perpetrado en el IMSS y, hoy, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes --que ocupa desde la defenestración de Luis Téllez--, podría escribirse una enciclopedia. Con un anexo donde se exaltara su estulticia y su soberbia.
La SCT es, hoy por hoy, la dependencia que más conflictos enfrenta… y es incapaz de resolver. Se le caen los puentes –apenas, otro, en el kilómetro 30 de la carretera Tampico-Mante--… por su ineficiencia la FAA estadounidense degrada a la aviación mexicana al nivel ínfimo… Gastón Azcárraga y compinches saquean –y quiebran-- a la aerolínea Mexicana, prácticamente en sus narices… las Administradoras Portuarias de han convertido en los más grandes nidos de corrupción –ayudados por deshonestos funcionarios de la SHCP--… sus licitaciones son una burla a la Contraloría, o como se llame ahora esa dependencia ocupada por un primo de Calderón, y al sentido común… y por si fuera poco, arrastra el mayor de los subejercicios presupuestales, cuando la inversión en transportes y comunicaciones, incluidas por supuesto las electrónicas, son hoy estratégicas para los habitantes del país.
Ahora que, todo ello –y mucho más que el breve espacio no permite enlistar-- es hasta cierto punto natural. Una fallida Administración, como la encabezada por Calderón, no tendría por qué mantener un área de Comunicaciones y Transportes que fuese eficiente y exitosa. Tiene rato que al país lo mal administran mediocres, pusilánimes, y además corruptos que desvían los recursos públicos no invertidos o gastados hacia fideicomisos privados de los que nadie vuelve a saber… hasta que por ahí aparecen apoyando candidatos blanquiazules en campañas electorales.
De ello ha hablado apenas el senador Manlio Fabio Beltrones: hay un grave desorden en los sectores estratégicos de la economía nacional. Y ello obedece, desde su punto de vista, a la actuación de la Administración basada en decretos y criterios partidistas.
"Nos preocupa que se empiece a volver costumbre gobernar por decreto, algunos de ellos emitidos y ejecutados en días inhábiles, porque ello no es propio de gobiernos democráticos y sólo abona a la incertidumbre sobre las reglas del juego", dijo el presidente de la Cámara Alta en un encuentro con integrantes de la Liga de Economistas Revolucionarios.
Beltrones, además, sostuvo que en el sector de telecomunicaciones las consecuencias de los decretos presidenciales animados por criterios partidistas están a la vista: procesos que se judicializan como en el llamado "apagón analógico", y refrendos como en el caso de la radio que no generan la seguridad jurídica que otorgaría una ley derivada de un proceso legislativo ordinario.
En forma similar, el empeño en designar a los "cuates" en puestos de alta responsabilidad pública para empujar intereses partidistas, ha dado lugar a una licitación, la 21, del espectro radioeléctrico que es un monumento a la opacidad y la corrupción, y cuya cancelación es ahora obligada; a graves omisiones en materia de política aeronáutica como es el caso de Mexicana y el incumplimiento de requerimientos de seguridad internacional; a una franca ineptitud para ejecutar el programa nacional de infraestructura; así como a numerosos juicios laborales e indemnizaciones ocasionadas por los despidos que ocasiona la contratación de funcionarios inexpertos, cuya lealtad mal entendida linda con el vasallaje.
Esta acumulación de incompetencias e irresponsabilidades debe frenarse de inmediato, por el perjuicio que está causando a los bienes y a los intereses públicos, así como a la competitividad del país y el bienestar de los consumidores.
Por eso se está llamando a comparecer ante el Senado de la República a los titulares de la SCT y la Cofetel; y por eso la insistencia en legislar para que los órganos de regulación económica sean autónomos y transparentes en sus decisiones, y en modernizar el régimen presidencial para fortalecer los mecanismos de equilibrio y control entre los poderes públicos, enfatizó Beltrones.
Ahora que una comparecencia, no va a quitarle a Juanito "No-doy-una", ni siquiera la soberbia, menos aún lo… ineficiente. ¿O sí?
La SCT enfrentará en breve huelgas en las Administradoras Portuarias Integrales. El emplazamiento corre a cargo del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de Comercio, Industria, Agencias Aduanales y Similares de la Republica Mexicana ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
http://www.machetearte.com/
Sedena: Contraguerrilla
LOS MOVIMIENTOS ARMADOS clandestinos no reportan actividad sobresaliente alguna. En la página del Centro de Documentación que, sobre los mismos, mantiene el especialista Jorge Lofredo, aparecen cada vez menos comunicados. De no ser por sus publicaciones institucionales –Verde Olivo, de las FARP, y El Insurgente, del EPR-- y de sus oportunos deslindes de la abducción de Diego Fernández de Cevallos, poco o prácticamente nada es que se sabe de las guerrillas.
Son éstos los grupos que en los pasados dos o tres años auguraban la repetición de los sucesos de la primera década secular: 1810, 1910, 2010. Y a escasos dos meses y medio de que el año culmine, no se sabe que siquiera haya aprestos de un movimiento emancipador o revolucionario.
Calma --¿chicha?— en las guerrillas, podría reportarse. Una suerte de "sin novedad", cual se cita en términos marciales.
No obstante lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional ha solicitado a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal, para incrementar en veinte unidades –batallones de Alta Fuerza, de 680 elementos cada uno--, especializados en combates especiales contraguerrilla urbana.
Se trata, pues, de aumentar en aproximadamente 13 mil elementos al Ejército Nacional Mexicano.
¿Qué sabe o qué teme la Secretaría de la Defensa Nacional y, con esta dependencia, quien --por el fallo de un Tribunal-- ocupa desde 2006 el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas?
Conocido es que la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena –cual se abrevia el nombre de la dependencia hoy a cargo del general Guillermo Galván--, es de entre las muchas agencias de inteligencia de la Administración una de las mejor habilitadas y, en consecuencia, la que mayor certeza brinda en sus análisis prospectivos. Otros sostienen que tales méritos los comparte con la instancia correspondiente de la Secretaría de la Marina Armada de México.
Como sea, el caso es que por ahí algo saben o, cuando menos, algo intuyen en relación a la seguridad del establishment o statu quo. ¿Guerrilla? Además ¿urbana?
O si no lo saben per se, a lo mejor su demanda de ampliación presupuestal está basada en los recientes dichos de la señora Hillary Clinton, en el sentido –primero-- de que en nuestro país hay "insurgentes" dentro de las filas de la delincuencia organizada y/o –segundo-- "narco-terroristas".
La Defensa Nacional, cierto, desde 2007 ha agotado sus presupuestos en la guerra contra el narcotráfico en la que los metió Felipe Calderón, aún y cuando no contaban con facultades para actuar en tareas policiacas. No obstante ello, los recursos que se la propia Federación asigna a sus labores son cada vez más reducidas.
Un ejemplo reciente. En el 2009 se dio a conocer que el "castigo" económico a diversas áreas operativas y administrativas de la Sedena, siendo las más afectadas la Dirección General de Administración, a la que se redujo su presupuesto a la mitad; la Dirección General de Ingenieros Militares, en un 41.6 por ciento, y la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, con el 7.4 por ciento.
Algunos programas también presentaron recortes importantes. El más destacado fue el de acciones de vigilancia en el territorio nacional, cuyo presupuesto disminuyó en 7.4 por ciento, a pesar del despliegue del Ejército por la llamada guerra contra el narcotráfico.
Tal contrastó con "el buen trato" que se dio a la Secretaría de (in)Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna. Ahí sí que se incrementaron las partidas presupuestales…
No obstante, la carga, el peso del combate a la delincuencia recae en las Fuerzas Armadas.
Se dice, en fin, que la ampliación presupuestal solicitada por la Sedena es para estos nuevos batallones a los que se denomina Gafes, esto es, Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales. Oficialmente se dice que "para combatir a los narcotraficantes" en áreas metropolitanas como las de Monterrey, Juárez, La Laguna.
Pero la duda cabe, ¿son también contraguerrilleras?
¿Qué saben o qué intuyen los altos mandos militares?
Para el psicoanálisis, dice el doctor José Antonio Lara Peinado, "el dinero tiene que ver con las heces fecales. Hay una etapa en la que el niño aprende a controlar esfínteres. Y esa etapa determinará, también, cuál será su relación con el dinero. Las discusiones en torno al presupuesto, y la manera en que lo quieren distribuir, nos permite dar cuenta de la estructura sádica que estos sujetos tienen: la reducción de recursos a las universidades públicas, las reformas al IMSS que harían que el patrón dejara de pagar sus cuotas, los altos sueldos que se asignan, etc. Tal nos permite vislumbrar que los actuales políticos tuvieron padres sádicos que seguramente les obligaron a controlar de manera patológica absolutamente todo. Padres que despreciaban al pueblo y que, seguramente, frente a sus hijos humillaban a personas relacionadas con la limpieza del hogar. Estos políticos controladores, enfermos de un dinero que no es de ellos, fueron también niños enfermos, que al llegar a la política desataron su estructura sádico-anal como una forma de venganza contra el pueblo de México que sí tiene figura materna. Sujetos que no la tuvieron, lastimaran a quien les enseñe que sí la tiene. Y una forma sádica de hacerlo es con el dinero."
http://contra-la-derecha.blogspot.com/
Santo oficio electoral
CRITICAR A LA fallida Administración de Felipe Calderón es ya un delito –"denigración", dicen-- punible con sanciones económicas. Mayor evidencia de autoritarismo no existe en México… por el momento.
Personalmente, corro el riesgo de quedar en la absoluta bancarrota ahora que el IFE se ha arrogado facultades inquisitoriales y llama a cuentas a un ciudadano –así y no sea común ni corriente-- para que le presente constancias de su patrimonio, cuentas de cheques, declaraciones de impuestos, y así poder sancionarlo pecuniariamente, por sólo describir el desorden nacional, propiciado por los ineptos que ni siquiera han intentado gobernar a México los últimos 10 años.
Y ello porque, a veinte años de su nacimiento, el Instituto Federal Electoral se ha transformado en el Santo Oficio Electoral.
Enanos "torquemaditas" pretenden imponer ya no la creencia de que el mundo es plano, sino la idea de que –como decía aquel spot-- lo hecho por Calderón está bien hecho.
Hay para el IFE una sola y única política verdadera: la de la Administración fallida.
Así, somos herejes quienes no alabemos las supuestas bondades del calderonismo, la transparencia y equidad con la que actúan sus gerentes –por ejemplo, la Licitación 21 de la SCT-- en las dependencias públicas, los sacrificios personales –bono por inseguridad incluido-- de los mártires del presupuesto para dar la guerra en contra de la delincuencia.
Para julio de 2006 éramos más, muchos más, de 15 millones los herejes. Y ya desde entonces el IFE nos encerró en una categoría donde se encierra el concepto de error, la desviación o aprendizaje de doctrinas que van contra un programa de fe, un dogma, elaborado por los partidos políticos en el Congreso. Es obvio que en el 2010 el número de "sacrílegos" se ha incrementado.
El Gran Inquisidor Felipe Calderón, de quien provienen las conceptualizaciones que caracterizan la herejía de millones de mexicanos, nos ha llamado incluso "feligresía de la violencia". No profesamos su doctrina, no coincidimos con sus métodos --esos sí violentos, cual lo comprueba la carnicería que hoy es el territorio nacional--, polarizantes, que inyectan terror y miedo.
Pero ya se. Corro el riesgo de que por escribir lo anterior, el Santo Oficio Electoral me llame a cuentas –luego de prohibir la publicación de mis opiniones--, me pida que presente mis estados de cuenta, mis declaraciones fiscales, mi situación patrimonial… para poder imponerme una multa económica y quizá hasta para vedarme la garantía constitucional de votar y ser votado… aunque lejos estoy de aspirar a un puesto de elección popular.
El Santo Oficio Electoral llamó a cuentas a un ciudadano. Se extralimitó. Andrés Manuel López Obrador, uno de los mayores herejes del calderonato, fue a rendirle cuentas a los enanos "torquemaditas", quienes enmarcan su actuación en una ley que, de inicio, legaliza prohibiciones a la libertad de expresión.
Y más allá de las filias o las fobias que AMLO pueda concitar, está la defensa de ese derecho que, teóricamente –sólo teóricamente-- es inalienable.
¿Ya no se puede criticar a Calderón? ¿No se puede, siquiera, describir el desorden que hay en todas las actividades públicas, a grado tal que ya contaminaron a las privadas?
¿Bastará con que el partido de Calderón –y sí, es suyo, lo tiene ya como personal patrimonio-- diga que este escribidor es un hereje que no cree en las buenas obras del ocupante de Los Pinos, para que sea citado por el Santo Oficio Electoral.
¿Qué pasará hoy con López Obrador? ¿Lo absolverán o declararán culpable? ¿Van a quemarlo en la leña verde de un veto a su posible candidatura presidencial en el 2012? ¿Le aplicarán el garrote vil a la mitad de un Zócalo que, evidentemente, así volverá a llenar el tabasqueño?
Son, insisto, "torquemaditas". Además, enanos.
http://www.regeneracion.mx/
Ejército, obstáculo a la democracia La reforma al Código de Justicia Militar propuesta al Congreso por Felipe Calderón es una vergüenza internacional. Y lo es por partida doble. Primero, porque pretende hacer creer al sistema interamericano de justicia que el Estado mexicano se encamina a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla cometida por efectivos militares en 1974, como una de las prácticas de agentes estatales durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Segundo, porque expone a nivel internacional el fracaso de la llamada transición a la democracia, luego de siete décadas del régimen autoritario priista definido y echado a andar, precisamente, por los militares al término de la Revolución Mexicana. Por casi tres décadas, los militares controlaron la presidencia de México. Hasta 1946, con la llegada de Miguel Alemán Valdés, comenzó la sucesión de civiles en la presidencia del país. Pero los generales dejaron la presidencia de la República reservándose grandes espacios de poder: el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gubernaturas, posiciones en el Congreso y otros cargos en la administración pública. Incluso se dieron instituciones para administrar sus propios recursos como si fueran un ente aparte. La existencia del Banco del Ejército (Banjército) sorprende a los propios militares de otros países, incluso de aquellos que estuvieron bajo el control de los militares. En ese sistema político mexicano la presencia de los militares en la vida civil era considerada como algo normal, sobre todo en momentos en que abundaban los regímenes castrenses en Asia, África y América Latina. El mundo se democratizó y la mayoría de los militares regresaron a sus cuarteles. Pero en muchos países, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a escrutinio por los actos abusivos que sus efectivos cometieron contra la población civil mientras estuvieron en el poder. La transición de las dictaduras militares a la democracia pasó por la revisión de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos. En México, ese imperativo moral sencillamente no existió. La simulación de Vicente Fox sobre la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército se quedó corta con lo que ha hecho Felipe Calderón. El Código de Justicia Militar (CJM), que ha sido criticado por la comunidad internacional no sólo en el sistema interamericano, sino en la Organización de las Naciones Unidas, fue concebido como parte de la institucionalidad que se dieron los militares para gobernar en México. Data de 1931, en pleno ejercicio del poder político por parte del Ejército. Casi un siglo después, se sigue aplicando para casos de delitos cometidos por militares en los que hay civiles involucrados. Eso es lo que cuestiona la comunidad internacional y lo que tiene a México en deuda con la democratización del mundo. La propuesta de Calderón, que en realidad es de los militares, de reformar el CJM está concebida para seguir protegiendo a los efectivos de las Fuerzas Armadas que cometen delitos graves como el homicidio, que ha sido una práctica presente en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico. La reforma, centrada en el artículo 57 del CJM, sólo da paso a la intervención de la justicia civil en los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual. Deliberadamente, la cúpula castrense y Calderón dejaron fuera los casos de ejecuciones extrajudiciales y de tratos crueles e inhumanos que agravian la dignidad de las personas. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy claro: México debe reformar el código de justicia castrense para evitar que los tribunales militares investiguen a sus propios elementos, lo que además de una "justicia" previsible ha estado marcado por la opacidad, pues el proceso judicial sólo lo conocen ellos mismos. La resolución de la Corte nada tiene que ver con la disciplina militar, como de forma manipuladora muchos han querido hacer ver a la población. En ese sentido, el código debe existir porque es necesaria para la vida al interior de los cuarteles. Pero su jurisdicción debe ser dentro de los campos militares y no como ahora sucede, no sólo en el caso del famoso artículo 57, sino en otros de franca intimidación a la población civil. Afuera de los campos militares en los que hay un constante ingreso de civiles, el Ejército tiene colocados letreros, en plena jurisdicción civil, con el artículo 281 del CJM, según el cual, "el que injurie o maltrate a un policía (militar, obviamente) que esté en ejercicio de sus funciones, será castigado con nueve meses de prisión. O si lo desobedece o resiste a la orden que le haya dado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión". Es claro que la advertencia está puesta para los civiles, a pesar de que está concebida para la vida castrense. Es claro, también, que Calderón responde al esquema diseñado hace casi un siglo por los militares para México. Habría sido un buen presidente de ese viejo priismo autoritario. http://extrema-derecha.blogspot.com/  San Diego: iglesia libera expediente con mil 441 casos de pederastia
La diócesis lo dio a conocer, tras un acuerdo con los demandantes fuera de tribunales.
San Diego. En cumplimiento de un acuerdo fuera de tribunales, la diócesis católica de San Diego liberó unas diez mil páginas de investigaciones sobre abusos sexuales que habrían cometido sacerdotes durante unos 25 años contra mil 441 víctimas.
Los archivos de las indagaciones realizadas por la diócesis fueron liberados la tarde de este domingo, tras el acuerdo pactado, luego de la demanda colectiva presentada en 2007 para evitar que cada caso fuera ventilado en una corte.
Así lo confirmó el abogado de las víctimas Anthony DeMarco, quien precisó que el archivo liberado dice que unos 48 sacerdotes de la diócesis están incluidos en la investigación.
DeMarco señaló que el archivo al que ahora tiene acceso el público no menciona; sin embargo, a otra docena de religiosos señalados también como pederastas.
La diócesis y las víctimas alcanzaron un acuerdo fuera de tribunales en 2007 para evitar que cada caso se ventilara en una corte. La iglesia pagó casi 200 millones de dólares en compensaciones a las víctimas.
Es la primera diócesis en la región que cumple con parte de ese acuerdo, de liberar los documentos en su poder sobre las investigaciones de abuso sexual a menores y sus propias indagatorias.
Las diócesis de los condados de Orange y Los Ángeles, que también convinieron en acuerdos fuera de tribunales, todavía no presentan sus respectivos archivos. En el caso de Los Ángeles, la jerarquía católica local pagó unos 670 millones de dólares.
El abogado agregó que en los tres años que duró la demanda colectiva, la diócesis de San Diego transfirió sacerdotes acusados e intentaba declararse en quiebra, pero finalmente accedió a compensar a las víctimas.
http://www.sectas.org/
http://www.pepe-rodriguez.com/
http://ateos.org/
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario