martes, 30 de agosto de 2011

en la madre!!  no manden a sus niños (as)  a la iglesia


28/08/11

Más de 42 mil sacerdotes católicos se dedican a violar niños y nunca son enjuiciados

http://www.protegeatushijos.org/storage/judicial-1.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1314544235784 Roma: El vaticano revela las preferencias sexuales de los curas católicos y los "castigos" que les imponen por sus delitos.

De acuerdo a la información publicada por iglesia comunidad del espiritu santo.com un alto funcionario del vaticano reveló que el 60% de los curas católicos acusados de delicta graviora (delitos graves) tienen atracción sexual por adolescentes del mismo sexo (o sea que simple y llanamente son curas homosexuales).

Un 30% tiene relaciones heterosexuales; y tratando de minimizar la incidencia de los abusos a menores, dijo que sólo un 10% son sacerdotes pedófilos.

Por supuesto que por venir de la misma cueva de ladrones, estas cifras no pueden creerse y deben ser exponencialmente aumentadas, pero por el gusto de escribir este editorial las usaré para dar unos ejemplos estadísticos:

a) En Internet pude ver cifras oficiales del 2009 que indican que en el mundo hay 410,593 curas católicos y si tomamos como válida esa cifra y proyectamos los porcentajes que indican los "gustos" sexuales del clero católico tendremos que: más de 240 MIL curas son homosexuales y pueden en este mismo momento estar acostados con otros gays.

b) Más de 125 MIL sacerdotes tienen relaciones con mujeres… así que tenga cuidado… si usted todavía asiste a la "iglesia" católica puede ser que ahora mismo un cura esté "acompañando" a su esposa.

c) Según los datos del propio vaticano, el 10% de los 410,593 curas son pedófilos… así que casi 42 MIL sacerdotes se dedican a violar niños… 

¿van sus hijos a un colegio católico? 

¿Son acólitos en la misa del domingo? 

¿Visita su casa un cura católico?

¿Le pide prestados sus hijos? Hummmm… 

Y en cuanto a los castigos impuestos por el vaticano, la información oficial determina que más del 60% de los sacerdotes acusados ante la curia católica NUNCA fueron procesados (la excusa fue que son "viejitos… de avanzada edad… ¿?). 

Que sólo el 20% llegaron a juicio y el castigo fue someterse a "medidas disciplinarias y administrativas" (como prohibirles dar misa o escuchar confesiones… ¿castigo?).

10% pidieron dejar el sacerdocio (linda forma de evadir la justicia) y el 10% fueron expulsados por el Papa. 

¿Qué piensa usted? 

¿Cree que el "canon católico" es adecuado y suficiente para procesar y castigar a los curas pedófilos? 

¿O deben ser juzgados de acuerdo a las leyes civiles y penales? 

¿Merecen ser sometidos a "vidas de oración" o ser encerrados en la cárcel?


Editorial para Protege A Tus Hijos
E-mail: guatemala @ protegeatushijos.org

Andrés Contreras " el juglar de los caminos"

lunes, 29 de agosto de 2011

FW: Artículo


 http://www.facebook.com/video/video.php?v=253576068008648&comments       CORRIDO DE JULIA KLUG EN VIVO
 
 
CHin...en muy contadas ocasiones  tengo oportunidad de dar una ojeada ràpida a tan excelente blog como este...  En la foto, se puede ver al gran acadèmico, humanista, luchador social Enrique Gonzalez Ruiz , acompañado de integrantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que libra una titanica lucha en defensa de sus tierras comunales , de la cual saliò al gran amigo y defensor de la tierra Don Pedro Jasso, acompañado de su simpàtico burro Chaparro, recorriendo a pie y a veces montado  hasta llegar a la Cd de Mèxico donde se dieron toda una serie de interesantes anècdotas como aquella donde el nuncio apostòlico Justo Mullor se negò a recibirlo (cuando esos cabrones iban a darle audiencia a un pobre)  Lo mismo que la provocaciòn montada por una tal Alducìn supuesta defensora de los derechos de los animales, la cual pretendìa decomizarle el burro dizque porque Don Pedro le estaba violando sus derechos asnales, entonces fuè menester amparar al burro para que las autoridades no pudieran llevarselo, de esa manera querian sofocar esa heroica lucha.... de este protestante profesional, como le dirìa mi amigo el inge Alonso, cuando iniciò esa odisea tendria mas de 80 años, su muerte dejò un gran hueco en San Juan de Guadalupe, mi amigo Samuel Ruiz, le oficiò la misa en la comunidad, cosa que encabronò al arzobispo de San Luis Potosì, lo mismo que al parroco de la comunidad, ahì fuè la ultima vez que vi a este gran obispo y al gran amigo y compañero de lucha Pedro Jasso... tambien se puede ver a otro entrañable amigo ; el master en derecho Noè Yair, lo mismo que la valerosa dirigente del Sindicato independiente de trabajadores al servici0o del estado de San Luis potosì,  MUJER INDÒMITA Y ADMIRABLE... LOS INVITO A QUE ESCUCHEN EL CORRIDO DE JULIA KLUG EN VIVO,  ELLA VESTIDA DE PAPA Y  UN SERVIDOR  ASCENDIDO A MONSEÑOR JUGLAR.  
 
 
 
 

JOSE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ

En reconocimiento a la destacada trayectoria académica, humanista, jurídica y social del Doctor en Ciencia Política.

domingo 28 de agosto de 2011

Articulo


Nunca Más la Desaparición Forzada

José Enrique González Ruiz

Yo vivo de mi mala fama.

Declaración del perpetrador

Jesús Antonio Sam López.

La desaparición es una política de Estado

No es un tiro en el aire ni un acto de locura; la desaparición forzada de persona es una conducta deliberada de un aparato de poder, en el marco de una política tendente a mantener a cualquier costo el control de la sociedad, a cualquier costo: "A sangre y fuego" dijo Sam López que acabaría con la delincuencia en Colima, cuando tomó posesión de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sin importar que sigan cayendo seres humanos por "daños colaterales", decidió Felipe Calderón refiriéndose a su guerra contra la delincuencia organizada".

La desaparición es, quizá con la ejecución extrajudicial, la expresión más temible de una política represora. Involucra a diversas instancias públicas, pues requiere recursos materiales (armas, vehículos, equipo, instalaciones de tortura y reclusión) y de influencia en las esferas políticas (de policía, de procuración y administración de justicia). Y tiene su fundamento en la impunidad, pues el perpetrador se atreve a cometer atrocidades porque tiene la certeza de que no será castigado.

Técnicamente, la desaparición forzada requiere tres elementos

1. Una detención ilegal.

2. Cometida por un agente del Estado o por un particular actuando con la aquiesencia de aquél.

3. Seguida por la negación de la autoridad.

La desaparición es un crimen aborrecible

Estamos ante una acción pluriofensiva, que vulnera un gran número de Derechos Humanos: La seguridad, el debido proceso, la libertad y la integridad física, entre ellos.

El perpetrador actúa desde el poder; con su protección. Se mueve en la obscuridad y se alía con otros individuos que, como él, saben que están violando la Ley. No corre riesgos, porque tiene la certeza de que sus jefes le salvarán el pellejo y le recompensarán.

Es una técnica represiva que los franceses aplicaron en Argelia, los nazis en Alemania y los gobiernos autoritarios (militares y civiles) en América Latina. Es un acto del mal que pretende la impunidad eterna. Como dijo Emiliano Fessia, de "Hijos Argentina", estamos "ante uno de los crímenes del poder estructurado como Estado" ("La Desaparición Forzada y el Derecho a la Verdad", programa de Patricia Chávez en el Canal del Congreso, 24 de agosto del 2011).

Generalmente pasan muchos años para que un perpetrador sea juzgado. En Argentina y Guatemala se está logrando que los tribunales sancionen a criminales de lesa humanidad, incluyendo a militares. Pero en México la impunidad va ganando la partida.

Lo anterior determina que los agentes del estado que vulneran Derechos humanos se vuelvan reincidentes e incluso reclamen con fuerza que se les trate de juzgar en tribunales civiles. El fuero militar ayuda a la consumación y repetición de este tipo de crímenes.

La Guerra contra el crimen organizado es pretexto para combatir a la sociedad

No debemos dejar que nos engañen. Combatir al crimen organizado no se reduce a liquidar a supuestos o reales sicarios. De hacerse a fondo, comenzaría por quienes toman las decisiones y acumulan la riqueza malhabida (o sea, políticos y banqueros).

Lo que hoy se hace es reprimir a gente del pueblo, aplicándole medidas extremas como la desaparición forzada. Por higiene nacional, ésta debe terminar y dar paso a juicios formales en contra de los perpetradores.

Desapariciones nunca más.

26/agosto/11.

viernes 26 de agosto de 2011

Artículo


FORO: SEGURIDAD PÚBLICA,

DERECHOS HUMANOS Y FUERO MILITAR.

TEMA: LA CORTE MEXICANA EN EL CASO RADILLA

Y EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO

ACTUAL DE LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS.

1. La interpretación "orientadora" hecha por la Corte Mexicana este 12 de julio del 2011 sobre el fuero militar, al examinar los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla en el contexto de la guerra sucia, relativa a la posibilidad de que los jueces de jurisdicción civil y no castrense, enjuicien a militares por delitos cometidos contra ciudadanos y ciudadanas, abona en el ámbito del combate a la impunidad, que invade no solo este espacio.

2. Y más, en estos momentos en que el gobierno de Calderón presenta como punto central de su agenda, la utilización de las fuerzas castrenses, como cuerpo de disciplinamiento del delito y también como fuerza de la seguridad publica en el país. En ese mismo sentido, es importante el papel que podrían jugar los organismos ciudadanos y no gubernamentales como las y los defensores de derechos humanos frente a tales situaciones.

3. El artículo 13 constitucional, establece que los delitos y faltas contra la disciplina militar deben ser juzgados por tribunales castrenses, pero en ningún caso y por ningún motivo pueden extenderse su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito y cuando en un delito o falta de este tipo se vea involucrado un civil, el caso debe ser resuelto por un tribunal civil.

4. Podemos decir que la norma fundamental del país, trata como excepción a la regla, frente al fuero civil, el fuero de guerra, para los casos estrictamente relacionados a la disciplina militar. Este, fue reglamentado dándole mayores alcances que no se tenían, a través del Código de Justicia Militar, en lo especifico, el articulo 57 indebidamente incluyo aquellos casos en que los miembros de las fuerzas armadas cometieran actos relativos a delitos del orden común, como violaciones de derechos humanos realizados en tareas de seguridad publica.

5. En el caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar entre otros, este último artículo, manifestó que deberían ser armónicos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que jueces penales de jurisdicción civil enjuiciaran a militares por delitos cometidos en contra de la ciudadanía al tratarse de violación a derechos humanos.

6. Como se ha dicho en otras reiteradas ocasiones, la utilización del Ejercito en el ámbito del combate de la delincuencia, hasta estos momentos tiene un fuerte atisbo de inconstitucionalidad, ya que solo se encuentra prendida de ciertos criterios jurisprudenciales que afirman fundamentalmente que: "su participación será solo en auxilio de las autoridades civiles a favor de la seguridad pública, todo ello a petición expresa y subordinada de esta ultima".[1]

7. No podemos dejar de mencionar que esta excepción se ha convertido en regla, ya que estos cuerpos militares, entre otras cosas, por razones de jerarquías institucionales, se han manejado en el ámbito del combate de la delincuencia como entes autónomos. Además, la estancia del ejercito fuera de sus cuarteles ha dejado de ser temporal, para convertirse en permanente y en algún sentido se ha modificado la naturaleza de estas Instituciones armadas.

8. Lo anterior en virtud de que su formación tiene como objetivo fundamental entre otras situaciones, que los cuerpos militares han sido constituidos para la defensa de la patria ante el hipotético caso de alguna invasión extranjera o en algún sentido participar ante una catástrofe importante que sufra la población dentro del territorio de nuestro país, además de haber sido formados para eliminar al enemigo y no como custodios o investigadores dentro del ámbito de la seguridad pública, fundamentalmente en tareas disuasorias y la averiguación previa, como en el otro de los casos los cuerpos policíacos, sí han sido creados para estas tareas.

9. Es de suma importancia señalar también, que esta interpretación "orientadora" de la Corte, se encuentra en un contexto de claros-obscuros, ya que, con la implantación del modelo neoliberal con la entrada de México 1986 al GATT que posteriormente se convierte en la OMC. Se ha construido un vaciamiento de instituciones sociales y paralelamente se ha fortalecido el ámbito estatal policiaco-punitivo-militar. Esto se puede ver con la llegada a nuestra legislación de la "teoría de derecho penal del enemigo"[2] desde 1996 a la fecha con la llamada "Ley Federal de Delincuencia Organizada" y en 1998 la constitucionalización de esta Ley,[3] que ha significado regresiones y restricciones a derechos humanos fundamentales.

10. Sin dejar de señalar, la vigencia de normas supra constitucionales como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de America del Norte (ASPAN), la iniciativa Mérida, entre otras. Por otro lado y de una manera positiva podemos señalar la relevancia de la reforma constitucional de este año que reconoce los derechos humanos y donde el Estado mexicano se obliga a garantizar estos con sus especificaciones que se encuentran en los tratados internacionales y en los que se deben de interpretar con miras siempre a proteger a la persona en lo mas amplio posible.

11. Eso no tiene como significado que con la sola vigencia de estos criterios de la Corte como los aquí señalados, desaparezcan practicas militares y policíacas que se pretenden naturalizar socialmente en el ámbito de la seguridad pública como: la detención arbitraria, los retenes urbanos y rurales, la tortura, el armado de averiguaciones, el allanamiento de morada, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas, entre otras prácticas comunes de estos cuerpos represivos, que se encuentran encima de todo entendido relativo a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

12. Ante esos desafíos, las organizaciones sociales y organismo de derechos humanos, tienen cargas mayores principalmente en la alfabetización jurídica y de derechos humanos, atención a víctimas, visibilización de esos patrones de regularidad represiva, documentación, denuncia y canalización a la justicia de estas conductas estatales ilícitas. Mayormente cuando estamos en un contexto de la llamada lucha contra la delincuencia organizada que ha servido muchas veces como justificante para ocultar este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.

13. Las preguntas que nos hacemos entonces son las siguientes: ¿Que hacemos frente a estas prácticas? ¿Existen herramientas jurídicas para denunciarlas? ¿Tenemos leyes que nos protejan de ellas? ¿Se estarán violando nuestros derechos humanos y garantías constitucionales? ¿Dónde denunciamos estos delitos? ¿Cómo discutir estas prácticas en el terreno de la justicia? ¿Cuales son las herramientas jurisdiccionales y no jurisdiccionales para poner límites a estas prácticas cotidianas represivas?

14. Otras de las preguntas que nos hacemos en conjunto al Doctor José Enrique González Ruiz relativas al pasado impune y que tienen una vigencia enorme frente a interpretación "orientadora" hecha por la Corte Mexicana sobre el fuero militar son las siguientes:

¿Se aplicara a los casos de nuestro doloroso pasado o de nuevo intentaran sea aplicable al futuro?

¿El criterio de que los jueces civiles en materia penal deben conocer los delitos cometidos por militares, cuando no se trate estrictamente de asuntos relacionados con la disciplina militar, será obligatorio para todos los jueces en el país?

¿Veremos en prisión, purgando penas, a los generales que han pisado derechos humanos o presenciaremos farsas como la del juicio a Mario Arturo Acosta Chaparro?

15. Muchas de las actuaciones de los cuerpos policíacos y militares en el ámbito de la seguridad publica, no constituyen en si mismas un delito pero pueden transformarse en ello, si se les proyecta en el tiempo, es decir, si no se les piensa de un modo aislado. La regularidad con la que se producen, el hecho de que estas conductas mayormente recaigan sobre parecidas poblaciones, vuelve abusiva, discriminatoria y violenta y por ende ilegal la actuación de estos cuerpos represivos.

16. El tomar nota de otras perceptivas de seguridad como por ejemplo: la seguridad humana o multidimensional que propone la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Conferencia Especial sobre Seguridad de México 2003,[4] que propone una nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio con alcance multidimensional, e incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.[5]

17. O tomar nota, de de aquellas situaciones problemáticas, de cada una de las acciones policíacas y militares, de cómo se manejan estos cuerpos represivos en los espacios populares o fuera de ellos, con todo esto, se podrían tener mayores elementos para denunciarlas por abusivas, discriminatorias y violentas, se podrían tener más pruebas para discutirlas en los tribunales judiciales, ahora que la Corte autorizo en sede civil penal, el procesamiento de la conductas de los militares contra actos violatorias de derechos humanos.

San Luis Potosí. S. L. P.

Tonatiuh Hernández Correa.

24/VIII/2011.

González Ruiz José Enrique. Una de cal de la Corte. 14 de julio del 2011. Revista Contralinea.

López Bárcenas Francisco. Fuero Militar y Derechos Humanos. Periódico La Jornada. 17/08/2011.

Carbonell, Miguel. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada.

JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003


[1]Acciones de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Buitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte MAGDALENO. Tesis: P/J. P/J. P/J. 35/2000, 36/2000, 38/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril del 200º, t. XI, P. 557, 552, 549.

[2] JAKOBS Günther y Manuel Cancio Meliá. Derecho Penal del Enemigo. Civicas. Ediciones.S.L. Madrid, España. 2003. Entendidas como aquellas normas jurídicas excepcionales, caracterizadas por un incremento de las penas y la supresión de garantías jurídicas, "únicamente" aplicables a los considerados enemigos.

[3] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008

[4]OEA. Conferencia Especial de Seguridad. México 27 y 28 de octubre del 2003. http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf

[5] La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

lunes 22 de agosto de 2011



JESÙS ANTONIO SAM LÒPEZ: OTRO REPRESOR QUE MUERE IMPUNE
José Enrique González Ruiz

No hemos logrado las y los mexicanos
que se castigue a ningún criminal de lesa humanidad.
Y hemos tenido centenares.




En México todos los perpetradores están impunes




Ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz, el confeso genocida del 2 de octubre de 1968 fue sometido a juicio por sus crímenes contra el pueblo de México. No ha llegado la excepción que confirme la regla de que en nuestro país está garantizada la impunidad para quienes cometen delitos que conllevan graves violaciones a Derechos Humanos. Por eso, no nos sorprende que se realicen homenajes a uno de los más connotados perpetradores: Jesús Antonio Sam López, que falleció de hace unos meses y hoy es homenajeado por la clase política priista de Nayarit y Colima. Se e presenta como ejemplo de verticalidad en la procuración de justicia, a sabiendas de que sólo conoció y aplicó la Ley del Más Fuerte.

Sam López, en sus primeras incursiones por el aparato represivo del Estado mexicano, fue director del penal de las Islas Marías y de la Policía Judicial del Distrito Federal. Cuando desempeñaba este último cargo, participó en la Guerra Sucia desatada contra la guerrilla urbana que se desarrolló luego de las matanzas de Tlatelolco y San Cosme. Cuando se conforme la Comisión de la Verdad (autónoma y ciudadana), saldrá a la luz su negro historial de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Su formación como represor se dio al lado de "maestros" como Miguel Nazar Haro y Mario Arturo Acosta Chaparro, a quienes se encargó el exterminio de los grupos alzados en armas en contra del gobierno, sin importar los medios que se utilizara. Probablemente recibió instrucción en la tenebrosa Escuela de las Américas, en la que los norteamericanos han adiestrado a miles de torturadores de toda la geografía latinoamericana.
Aunque se hicieron múltiples denuncias contra Sam López, el aparato de procuración y administración de justicia siempre lo protegió. Él mismo declaró tener experiencia contrainsurgente, pero nunca se formalizó juicio alguno en su contra.
Sam López siempre formó parte de la casta priista
La Guerra Sucia no se explica si se la considera como el arrebato de unos cuantos desquiciados. Hay que entenderla como parte de la estrategia política de la casta gobernante, que ha permanecido en el poder desde principios del Siglo XX (aunque desde hace unos años utiliza distinta denominaciones partidarias). Sin represión es imposible sostener un estado autoritario y cleptócrata como el que padecemos. Por eso le son tan valiosos los personajes del tipo de Sam López, quien en vida reconoció que hizo el trabajo sucio durante la represión al movimiento guerrillero de los años setenta y ochenta del siglo XX. Y aunque tuvo el cuidado de decir que el papel del ejército fue de apoyo, no lo excluyó de esta responsabilidad.
Nayarita de nacimiento y colimense por adopción. Sam López tuvo dimensión nacional en su quehacer represivo. Sabemos de él todos quienes hemos participado en las luchas sociales, porque es de los personajes paradigmáticos del sistema dominante: rudo, echador, valentón y descarado. Ya como procurador de su natal Nayarit, fue denunciado por participar directa y personalmente en la tortura a los dirigentes del Movimiento estudiantil que intentó democratizar la Universidad estatal. "Dicen que me tienen terror, pues qué bueno…", presumió. Cuatro gobernadores colimenses lo habían designado procurador de justicia, y siempre que alguien lo señalaba como infractor de Derechos Humanos, salían a su defensa.
Ahora se le ensalza y se le pone como ejemplo para la juventud, cuando es uno de los más siniestros personajes del priismo mexicano (y eso es mucho decir, por la variedad de ejemplares que tiene ese partido).

La religiosidad no es sinónimo de bondad
Jesús Antonio Sam López era un creyente activo; o al menos así lo aparentaba. Hubo siempre en sus oficinas imágenes religiosas y no se escondía para hacer gala de su catolicidad. Lo del Estado laico que prevé la Constitución debe haberle parecido un chiste, pues cuando se sentía generoso y soltaba a algún delincuente menor, lo mandaba a dar limosna a la Iglesia de La Salud.
Los altos oficiales del ejército nazi eran cultos y tenían muy desarrollado el gusto musical. Se dice que también Sam López amaba la buena música y leía más que partes policíacos. Pero está visto que eso no garantiza un comportamiento respetuoso de los Derechos Humanos.
Jesús Antonio Sam López forma parte de la lista de perpetradores de actos de barbarie. Utilizó sus cargos públicos para servir a un sistema injusto y represivo, debió pagar a la sociedad mexicana los agravios que le causó. Como ya no hay condiciones para que lo haga, nos queda el recurso de levantar la voz para exigir: nada de homenajes ni reconocimientos al cruel torturador; que sobre él pese la condena moral del pueblo de México al que ofendió y dañó.

20/agosto/11.

sábado 30 de abril de 2011

Réplica

México, D.F. a 29 de abril del 2011.
Otto Granados:
Te gana el hígado. Cada que recuerdas el ridículo que hizo tu admirado alcohólico Jesús Reyes Heroles (le llamas "don jesús") cuando quiso doblegar a la Universidad Autónoma de Guerrero, te aceleras de fea forma. Ya son varias las ocasiones en que me difamas y luego te niegas a darme espacio en tu periódico (tal vez de Salinas, con quien también colaboras) para que me defienda de tus barbaridades.
Lo nuevo es que aprovechaste, el pasado 18 de abril, la publicación que hizo Esther Orozco en la que lanza dardos envenenados contra el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La usas para volver a escribir con los intestinos y hacer afirmaciones que no puedes comprobar, por la sencilla razón de que son falsas.
1.- Dices que vas a contar una anécdota, porque no resistes la tentación de hacerlo. Si fueras honesto, dirías que vas a reinventar un cuento que te gusta contar.
2.- Aseguras que a mediados de 1983 me presenté con tu patrón, a la sazón secretario de Educaciópn Pública, a pedir subsidio para la UAG, de la que en ese tiempo era yo rector. Mientes: fui a exigirle que entregara los recursos que legalmente correspondían a la Universidad Guerrerense. Quienes me conocen, saben que nunca he pedido nada al gobierno y menos a los corruptos priistas, que por décadas han saqueado impunemente las arcas públicas. Los documentos que entregué en aquel tiempo y que deben estar archivados en la SEP, pueden probar mi dicho.
3.- Faltas a la verdad cuando señalas que yo usé un tono meloso con tu -al parecer- padre putativo. Sólo utilizo tal tono con aquellas y aquellos a los que quiero.
4.- No comparto tu opinión de que Reyes Heroles "era muy singular"; porque la soberbia es característica de muchísimos políticos, de modo que en eso era bastante plural.
5.- Te sacaste de la manga una frase dominguera al aseverar que tu adorado gurú me dijo: que iba a hacerle a la UAG lo que a los perros pulguientos: "meterlos en una pileta de aguada helada para espantarle las pulgas". Lo que me dijo fue que iba a aplicarle la eutanasia y, aunque evidentemente a ti no te gusta la UAG, hoy sigue viva y pujante. Así que fracasó el universiticidio de quien se creía instalado en el Olimpo.
6.- El resto de tu afirmación es cierta: dijo que los políticos están para resolver conflictos. Esa información es pública, pues la menciono en mi libro: "La Universidad Pueblo: un proyecto traicionado". En lo que no te ajustas a la verdad es en eso de que yo amenacé al quien entonces era el segundo o tercer hombre más poderoso de México. ¿Me crees tan ingenuo como para creer que un modesto rector de provincia podía espantar al ideólogo de la ultracorrupta casta priista?
7.- No fundamentas tu aserto de que "la UAG no tenía remedio mientras González Ruiz estuviera en ella". Es más, no me conoces como persona ni como académico. Te invito a que un día vengas a mi clase para que tengas elementos de juicio y no opines en el aire.
8.- La victimización no va conmigo, de modo que no soy "víctima de la Universidad Pueblo" ni de nada. Tampoco engaño a las personas, como sí haces tú cuando escribes tergiversando los hechos y sin aportar pruebas. ¿Alguien ha engañado a México más que Carlos Salinas, de quien eres discípulo?
9.- Cualquier día podemos debatir sobre los dictados del Banco Mundial sobre educación en el mundo, mismos que siguen al pié de la letra los políticos que nos malgobiernan, comenzando por "don jesús" con su "Revolución Educativa". ya que estuviste tan cerca de él, ¿por qué nos nos dices cuál fue su participación en el entronizamiento de la lidereza del SNTE Elba Esther Gordillo? Quieres tapar el sol con un escuálido dedo.
10.- La descomposición moral y ética que según tú afecta a la educación superior, en realidad lacera a toda la sociedad mexicana.Y no puede ser responsabilidad de quienes no hemos detentado el poder, sino de quienes componen la supercorrupta casta priista primero y ahora prianista de la que formas parte.
A tus órdenes: Enrique González Ruiz

UACM


RAZONES DE LA AGRESIÓN CONTRA LA UACM

José Enrique González Ruiz

Educar para liberar o instruir para someter. He ahí el dilema.

Se soltó la jauría

Se desató una tormenta de denuestos sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a partir de la publicación de un documento que aparenta ser un balance de las actividades de esa Institución, que está cumpliendo diez años de funcionamiento a contraflujo del modelo neoliberal dominante. El embate se dirigió lo mismo a profesores y estudiantes de la Institución, que al Instituto de Enseñanza Media Superior (IEMS) y a quien propició desde el gobierno su creación: Andrés Manuel López Obrador. Van algunos ejemplos:

1. El secretario de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del DF, Juan Carlos Zárraga afirmó que "el modelo académico que usa el IEMS no promueve la excelencia académica y da a los estudiantes una pésima preparación…" (El Universal, 30 de marzo del 2011, sección C página 1. Esta información se combinó con la calificación de que quienes se titulan en la UACM forman parte de "un grupo privilegiado").

2. Laura Herrejón, escribió en El Universal el 18 de abril del 2011 que la UACM "…fue creada con el sello inconfundible del populismo demagógico que caracteriza al 'rayito de la esperanza', mejor conocido como el 'mesías tropical'". Con esa base, puso entre comillas a la "universidad" y la calificó como "Un Fraude Monumental".

3. René avilés Fabila afirma que la UACM "nunca fue un proyecto académico, era una maniobra política. Pero ahí está y es la esperanza de miles de jóvenes (Crónica). Al menos se conduele que los pobres jóvenes que cursan sus estudios en esta Institución.

4. Otto Granados, quien tal vez se considere hijo putatitvo de Jesús Reyes Heroles, dijo que la UACM se autodenomina Universidad y acusó a quien esto escribe de haber amenazado a su etílico héroe (Crónica, abril del 2010).

5. En un artículo convertido en cartel que se difundió ampliamente por la UACM, Marcelino Cereijido tildó de "analfabetas científicos" a quienes no compartimos los métodos de la doctora Orozco. Otros "científicos duros" nos quieren impresionar con las credenciales, pero nosotros sabemos que Obama es Premio Nóbel de la Paz y que eso no le ha impedido ensangrentar países al declarar guerras y bombardear poblaciones.

Lo que espanta a los conservadores

Tanta saña contra una Casa de Estudios que se esfuerza por construir un proyecto alternativo no es gratuita; se debe a que realiza sus tareas conforme a una orientación pedagógica liberadora.

La Ley de la UACM se pronuncia porque la educación superior llegue a todos los y las jóvenes de la capital, dando "apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de méritos", porque…"el sistema educativo ha funcionado en muchos casos, como un instrumento de reforzamiento de las diferencias sociales" (Exposición de Motivos, punto 1, párrafo 8). Este pronunciamiento define claramente una vocación democrática, que contraría los postulados de la corrientes neoliberal hegemónica, que considera que el examen de admisión –aplicado incluso por instancias externas de carácter privado- es el instrumento idóneo para seleccionar a los estudiantes.

En la UACM, la autonomía se concibe como un autogobierno en términos del artículo 3º constitucional, y tiene los siguientes propósitos: "a)…la exclusión de los intereses ajenos (y)…un ejercicio pleno de la libertad de pensamiento…fundamentado en la crítica…; b) garantizar que la institución cumpla con sus responsabilidades con los más altos niveles académicos y con genuino sentido social, brindando asimismo otros servicios útiles a su comunidad; y c) administrar su patrimonio y recursos" (Exposición citada, punto 2 párrafo7).

Asumir plenamente el carácter público de la UACM, según la Ley significa dar cabida a todos, "independientemente de cualquier singularidad social o económica…donde no hay diferencias, donde se eliminan las circunstancias que dentro de las propias instituciones han venido acentuando las desigualdades" (Exposición, punto 3, párrafo 6).

Como proyecto innovador, el de la UACM no se guía exclusivamente por criterios de orden cuantitativo, sino también cualitativo. Esto debe tomarse en cuenta al aplicar "criterios modernos de diseño curricular" e instaurar "sistemas de evaluación eficaces y confiables…" (Exposición, punto 4 párrafo 2).

A los estudiantes, la Ley los considera "agentes activos de su proceso educativo", que tienen el deber de "asumir la responsabilidad de formarse una cultura propia". No son seres pasivos ni dependientes (Exposición, punto 7 párrafo 2).

Es éste, en resumen, el modelo educativo que ha sido satanizado por las derechas de todos los partidos políticos oficializados.

Ni desastre, ni fraude académico, ni pantano

La primera manifestación de la agresión fue un acuerdo de la Comisión de educación de la ALDF que posibilita la reelección de la rectora y la autoriza para contratar personal de confianza. Esta descarada violación a la autonomía despertó un gran descontento entre los uacemitas, que se movilizaron para echar abajo esa maniobra.

Luego se levantó un coro de intelectuales orgánicos del poder, que aprovecharon la coyuntura para volver a externar sus odios contra todo lo que no se alinee con el neoliberalismo. Se valieron de las declaraciones de la rectora, que pusieron por el suelo a la UACM. No se tuvo el cuidado de encubrir las condenas en medio de algunas alabanzas, como hicieron Jesús Reyes Heroles cuando convocó a la "Revolución Educativa" mandatada por el Banco Mundial, y Jorge Carpizo en su célebre documento "Fortalezas y Debilidades de la UNAM".

La perfección sólo existe en la mente de las personas, de modo que sería absurdo pedírsela a la UACM. Pero es una creación valiosa que debe ser fortalecida con trabajo de sus integrantes y con respaldo externo de parte de quienes coinciden con sus objetivos liberadores.

29/abril/11.

sábado 29 de enero de 2011

Invitacion

martes 25 de enero de 2011


WIKILEAKS: LO REVELADO Y LO ESPERADO

José Enrique González Ruiz

Yo diría que el norte es el poder/

y que el sur todo aquello que pelea contra lo injusto…

que el norte es la prisa/ y el sur la paciencia.

"El Sur también existe". Benedetti y Serrat.

Lo que nos confirmó Wikileaks

Constreñido al ámbito de nuestro país, Wikiliks puso al descubierto que el gobierno de Felipe Calderón es un instrumento –sin voluntad propia- de las autoridades norteamericanas. La carta fuerte del ocupante de Los Pinos es la guerra contra el crimen organizado y ocupa la mayor parte de su discurso político. Es el tema al que le ha dedicado la mayor parte de su tiempo, mucho más que el que fue el centro de su campaña: el empleo. Pues bien, según la embajada norteamericana, los principales "logros" en esa materia se deben a informaciones proporcionadas por agentes de aquel país que operan en el nuestro.

Se supone que quien toma las decisiones en esa guerra es el titular del Ejecutivo mexicano, quien es al propio tiempo el comandante supremo de las fuerzas armadas (de aire, mar y tierra). Es igualmente jefe de la Policía Federal y, cuando colaboran con ésta, de todas las del país. Legalmente entonces, es el responsable de las consecuencias del combate a la delincuencia organizada.

Se diría también que siendo socios privilegiados por virtud del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), de la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos tiene un alto nivel de confianza en el tomador de decisiones en México, o sea Calderón.

Wikileaks nos muestra que nada de lo anterior es cierto: ni es Calderón quien decide en esa guerra (al menos en lo fundamental), ni sus socios confían en él. Porque dio a conocer que el Departamento norteamericano de Estado, manejado por la señora Clinton, mandó a su embajada hacer un estudio acerca de los niveles de estrés de aquel personaje. En otros términos, quería saber cómo anda de sus facultades mentales.

Por la misma fuente, sabemos que sabemos que a los estadounidenses no les agrada la conducta del Ejército –al que consideran poco dado a compartir información, más de débil y miedoso- y sí la de la Marina. Las posibles interpretaciones no son muchas: a) los marinos son más obedientes a las órdenes de los norteamericanos; o b) les interesa "amarrar navajas" entre los soldados y los hombre de mar.

Cualquiera que sea la hipótesis válida, está claro que los representantes imperiales desprecian a quienes llaman "sus homólogos" en esa lucha antidelincuencial.

El Plan Mérida como trasfondo

No es nueva la soberbia imperial, ni tampoco es exclusiva del imperio del Norte. Las naciones que se han autoproclamado hegemónicas, o las religiones que dicen ser las únicas que llevan a la divinidad, lo han hecho a partir de algún rasgo supremacista. Es éste el origen de todas las discriminaciones, sean de carácter étnico, político, económico, cultural o religioso.

Es bien conocido que los estados Unidos hablan de que un Destino Manifiesto les autoriza a meter soldados en cualquier parte del mundo, dirigir cualquier aventura bélica contra cualquier objetivo que ellos señalen como enemigo, deponer gobernantes y asesinarlos y hacerse dueño de recursos naturales y de territorios ajenos. Eso sí, siempre intentan justificar sus acciones con medidas de apariencia legal, como la firma de "Cartas de Intención" con las que los gobernantes aprietan la soga que les oprime el cuello.

En el sistema capitalista, quien tiene dinero es un "ganador" (we are the champions; no time for lossers) y puede comprar la fuerza de trabajo de otros, bajo la consideración de que "el que paga, manda". Obviamente, esto se aplica a las relaciones internacionales, en las que intervienen unos países que prestan (o que incluso "donan"), y otros que reciben. A esta lógica corresponde la Iniciativa Mérida (similar al Plan Colombia), conforme al cual los norteamericanos completaron el vínculo militar que faltaba después de ya que tenían el económico y el político.

De esa forma, si el gobierno mexicano recibe "ayuda para acabar con la delincuencia organizada", tiene que pagar con sumisión y respeto a quienes se la proporcionan. "Nada es gratuito en esta vida", dicen los ideólogos del capitalismo. Aquí encuentra su mayor caldo de cultivo la soberbia imperial, que en eras de cuidar sus dólares, se atribuye el "derecho" a entrometerse en vidas ajenas y a intervenir en decisiones soberanas de los países a los que "ayuda".

Los helicópteros, radios, los aparatos de intercepción de llamadas telefónicas o de correos cibernéticos, así como la asistencia técnica que incluye la Iniciativa Mérida, dan lugar a cesión de soberanía, como ratificó Wikileaks. Los gobiernos dependientes, aceptan con docilidad el papel subordinado que les asigna la globalización imperial.

Lo que esperamos de Wikileaks

Los 17 cables que hasta hoy se conocen, en los que la embajada norteamericana informó a su gobierno acerca de algunos actos de Calderón, aunque son importante, aún no hablan de temas de fondo. Si bien es importante saber que el ocupante de Los Pinos admite que se equivocó en la medición de los alcances de la guerra que desató contra los delincuentes de alta peligrosidad, queremos que se nos informe de temas como los siguientes:

1.- Cuál fue la intervención del gobierno norteamericano en el fraude electoral del 2006, que tiene a calderón en la presidencia de la república. Eso podría explicar su actitud entreguista y vendepatria en cuestiones tan importantes como el petróleo.

2.- Quienes desde el poder tienden mantos protectores de las mafias de delincuentes organizados y cuál su relación con los círculos estadounidenses de poder. Mucho se habla de que Los Zetas no sólo fueron preparados en la escuela norteamericana de terrorismo, sino que aún hoy son auspiciados por el Imperio para detener la migración centroamericana.

3.- Qué empresas norteamericanas surten de armas a los cárteles de nuestro país.

4.- Cuáles instituciones bancarias de más allá del Río Bravo lavan el dinero de las mafias que operan en México.

5.- Qué alcances reales tienen la ASPAN y la Iniciativa Mérida en cuanto a los compromisos del gobierno mexicano. Sobre todo, en materia de contrainsurgencia.

Coincidimos con el caricaturista El Fisgón, quien dice que "Estados Unidos se comporta como un imperio cruel, hipócrita y guerrero, oportunista que saque y que no es el defensor de la libertad, la democracia y la justicia que dice ser." También nos parece certera su afirmación de que Calderón actúa con irresponsabilidad y no cuida los intereses de México y de los mexicanos, debido a que permite que "Washington esté metido en decisiones clave de la política interna" ("Las Filtraciones y el Naufragio de Calderón", página 3).

Ante la versión de que Wikileaks puede ser una creación de los propios norteamericanos para debilitar y someter aún más a sus socios menores, revelaciones como las que esperamos serían un mentís. Y consolidarían la idea de que estamos ante un fenómeno inédito que desnuda la índole imperial y supremacista de la clase gobernante en Norteamérica.


EL PAPEL DE GABINO CUÉ EN EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR

José Enrique González Ruiz

Una gota, con ser poca,

con muchas se hace aguacero.

Canto de Daniel Viglietti.

Ulises Ruiz Ortiz se burló de la justicia

El pueblo oaxaqueño apostó que el tirano caería y sería juzgado por sus delitos. La gran movilización que sacudió al país en el 2006 parecía suficiente para lograrlo; y los crímenes imputados a Ulises Ruiz Ortiz lo ameritaban. Pero vino el apoyo del gobierno federal y el sátrapa se fortaleció y pudo concluir su período en la gubernatura.

Las acusaciones que pesan sobre Ruiz son muchas: crear escuadrones de la muerte, que asolaron las barricadas que el pueblo levantó; ordenar el asesinato de al menos 23 personas, entre las cuales se cuenta al camarógrafo estadounidense Brad Will; fabricar delitos a los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para encarcelarlos; y participar en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Cargado de soberbia, cuando estaba concluyendo su sexenio Ruiz Ortiz amenazó con volver. Con esa misma actitud rechazó la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se refirió a la obligación del gobierno de presentar a los dos desaparecidos o a informar acerca de su paradero. Simple y llanamente se desafanó del asunto diciendo que nada tenía qué ver con él. Valido de su poderío local y de sus alianzas con el gobierno federal, se burló de quienes pedían su enjuiciamiento.

El cambio con Gabino Cué

Se supone que la llegada de un gobernante propuesto con partidos de oposición presagia cambios en la manera de ejercer el poder. Y como Gabino Cué no fue propuesto por el PRI, que es el organismo al que pertenece Ulises Ruiz, se piensa que ejercerá de manera distinta la gubernatura. Aunque hay experiencias que no abonan esa tesis, vale la pena creer en ella.

Para comenzar, el nuevo gobernador tendrá que buscar que se haga justicia, para no convertirse en cómplice del que se fue. No son poca cosa los crímenes que se atribuyen a Ulises como para que Gabino se sienta cómodo con que lo relacionen con ellos. Algunos son incluso de lesa humanidad y pueden dar lugar a intervención de instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tema de Brad Will será importante, por sus vinculaciones con el exterior. Aun cuando la vida de un ser humano tiene exactamente el mismo valor que las de cualquier otro, en este caso se agrega el ingrediente externo. No tiene sustento la absurda tesis que elaboró el gobierno de Ruiz Ortiz, según la cual fueron personas cercanas a la APPO quienes cometieron ese homicidio. La indagación llevará seguramente a quienes armaron, financiaron, dirigieron y protegieron a los asesinos y éstos estaban en Palacio de Gobierno o en alguna otra oficina pública. Por eso la investigación de este asunto será fundamental.

Los desaparecidos del EPR

No toda la responsabilidad en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez corresponde al gobierno oaxaqueño, pero sí una parte importante. Si bien el tema es nacional, a Oaxaca le toca una porción de la responsabilidad, porque según la CNDH, los eperristas fueron vistos en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Gabino Cué debe, cuando menos, aceptar la Recomendación 7/2009 de la CNDH y abrirse a la realización de trámites ministeriales en colaboración con la Procuraduría General de la República. Ya la CNDH ha dado pautas que pueden conducir a la verdad y a la justicia.

Esperamos que la alternancia de partidos en el gobierno produzca frutos en este tema. Sería muy lamentable que fuesen instancias internacionales las que empujaran hacia la justicia.


EL SECUESTRO DE DIEGO Y LA TREGUA DEL EPR

José Enrique González Ruiz

Ya no existen los héroes,/ ya no los hacen como antes.

Son monigotes inflados/ por campañas de publicidad.

Canto de "El Tri".

Si fue cierta, la liberación fue ridículamente teatral

No es sencillo desautorizar a un personaje que sale de un secuestro de siete meses y se planta frente a la prensa para decirle que perdona sus captores porque "es hombre de fé". Y no resulta fácil, debido a que existe la posibilidad de que sea verdad que lo tuvieron más de siete meses privado de la libertad y amenazado. En ese caso, merecería que nos congratuláramos que terminó su cautiverio. Pero, ¿qué necesidad había de armar una función teatral como la que vimos por televisión unos días antes de la navidad del 2010?

Fue ridículo que Joaquín López Dóriga, quien se precia de ser la quinta esencia del periodismo, se pusiera de tapete para que Diego Fernández de Cevallos se hiciera pasar como caballero que volvía de una gran batalla con un ramo de rosas rojas para su amada. Igual que en los tiempos de la Mesa Redonda del rey Arturo y sus cortesanos, montaba Diego no un brioso caballo, sino un costoso automóvil, asegurando que acababa de ser liberado de una prolongada detención. Parloteó a su tradicional estilo y desparramó soberbia por todo el espacio televisivo. Su larguísima barba, perfectamente peinada, le daba un toque apropiado con las fechas navideñas.

No sólo dijo que perdonaba a quienes sostiene que lo retuvieron, sino también presumió de los debates ideológicos que sostuvo –así lo afirmó- con el jefe de aquellos. Por supuesto que las discusiones se dieron en un plano de respeto, pero de enérgica defensa de sus respectivas posiciones, aseveró el influyente litigante.

Por más que celebramos que esté en libertad, no podemos dejar de expresar nuestro desagrado por las mentiras que nos recetó el acaudalado panista. Y tampoco debemos dejar de señalar que el presunto secuestrado dejó al gobierno una banderilla en los lomos: tiene que resolver el caso, porque es de interés nacional. Ni más ni menos.

La posible participación del México rebelde

Sorpresivamente, el 20 de diciembre del 2010, el grupo que dice haber tenido en su poder al dueño de ranchos y edificios produjo una serie de tres documentos (Epílogo de una desaparición) en los que da una justificación política al evento.

Con una cita de Bertolt Bretch y una referencia a Franz Fanon (observación de Luis Hernández navarro), sostiene el grupo que en México convivimos Ellos y Nosotros. Los primeros ejercen una aplastante violencia institucional y los segundos también podemos echar mano de ese medio de lucha para quitarnos de encima la opresión, afirma. Porque "la violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria", afirma.

Identificándose como Red por la Transformación Global, caracteriza al gobierno como "mafioso", pues protege solamente a los que acumulan riqueza y somete a la sociedad. Asegura que esa situación sólo persistirá "en la medida en que Nosotros la hagamos aceptable".

Pasan revista los que antes fueron los misteriosos desaparecedores (designación que adoptaron a partir de que el gobierno quiso tipificar como "desaparición" a la de Diego, y de que Calderón la calificó de "misteriosa") a los efectos más visibles de la aplicación del neoliberalismo en México. Y destacan entre esos a la violencia que padecemos. Atribuyen responsabilidad de ello a varios personajes, entre ellos Fernández de Cevallos, que han aplicado las directrices emanadas de Norteamérica.

Al neolatifundista y abanderado del PAN, lo consideran como "uno de los políticos que más se ha caracterizado por el abuso del poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación", así como "uno de los principales encubridores de los responsables de la guerra sucia".

Por lo anterior, desde su punto de vista, "tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado, constituye…un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones, una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los 'descalzonados' como él nos denomina…"

Cuando la autenticidad de los documentos fue puesta en duda, apareció el 29 de diciembre del año anterior, una nueva publicación en la que el grupo dice: "somos reales…nos hemos preparado por mucho tiempo…no somos unos improvisados. Ninguna fuerza extraña nos dirige…" Asegura que el detenido recibió un trato humanitario, porque "contrario a Ellos, los poderosos, el pueblo tiene principios y sabe conducirse con honor".

Algunos atribuyeron el secuestro al EPR

Tirando con escopeta, se acusó a varios agrupamientos rebeldes de ser los responsables del plagio al próspero litigante contra el Estado mexicano. Lo mismo se responsabilizó a la Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo que al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También se dijo que pudo haber sido el Ejército Popular Revolucionario.

Esto último causó inquietud entre miembros de la Comisión de Mediación para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (COMED), porque la existencia de ésta tiene relación directa con la tregua que el EPR tiene comprometida.

Ya Antonio Ortega Sánchez, identificado con las fuerzas más obscuras del panorama político mexicano y latinoamericano, había visto en su oráculo (las computadoras de Raúl Reyes, comandante de las FARC asesinado en Sucumbíos, Ecuador) que el EPR cometió el secuestro. Ostentándose como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el también aspirante a consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo en conferencia de prensa que el trueque era Diego a cambio de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, más una "indemnización millonaria".

Y aunque el personaje es bastante siniestro, no puede olvidarse que junto con Guillermo Velasco Arzac es autor de la denuncia contra Lucía Morett Álvarez, por la cual la Procuraduría General de la República le mantiene abierta una averiguación por "terrorismo internacional". Tampoco hay que dejar de lado que estuvo en Cancún en una de las visitas del genocida expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, ofreciéndole o refrendándole sus servicios.

Para la COMED, cuya autoridad no es más que ética y cuyo compromiso es cívico con un problema como la desaparición forzada de dos personas, es esencial la tregua del EPR. El día que ésta termine, dejará de existir. Por eso analizó las imputaciones y llegó a la convicción de que no tienen el menor sustento.

Eso implica que la tarea continúa y que hay que realizarla sin desánimo y con firmeza de principios.

4/enero/2011.

viernes 26 de noviembre de 2010


UNA INICIATIVA AMAÑADA
José Enrique González Ruiz
«En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas que suprime toda participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo político».

Documento de Puebla de 1979, III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, «Reflexión sobre la violencia política», N° 547.
Una sentencia de la CIDH
El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH en lo sucesivo) dictó sentencia en el expediente formado con motivo de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, 33 años antes, o sea el 25 de agosto de 1974. Aunque lenta, la justicia se hizo presente. Y dado que fueron ineficaces los mecanismos nacionales de procuración y administración de esa justicia, tuvo que ser un organismo internacional quien produjera esa importante resolución.
Las maniobras leguleyas que intentaron en el juicio los representantes del Estado Mexicano no tuvieron éxito. Los jueces de la CIDH desecharon sus excepciones, entre las que destacaron dos: la irretroactividad de la aplicación del tratado que contiene la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la aplicación del fuero militar en este caso (pues aseguró que en los tribunales militares del país está pendiente una investigación sobre el caso Radilla, y que se había detenido como presunto responsable al general Francisco Quiroz Hermosillo).
A diferencia de décadas anteriores, cuando el Estado mexicano era visto en el exterior como modelo de democracia y de respeto a los Derechos Humanos (recuérdese la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que presentó como proyecto Luis Echeverría en la ONU), hoy está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad. Los políticos norteamericanos dan al mexicano un trato de gobierno bananero, acusándolo de representar un "Estado fallido". La secretaria estadounidense de Estado, Hilary Clinton, se permite la libertad de hablar de aquí opera una narcoinsurgencia, como parte de la estrategia de deslegitimación contenida en la Iniciativa Mérida.
En el juicio ante la CIDH, el gobierno de México se negó a entregar copia de la averiguación previa que sigue en el caso Radilla, argumentando que se obstruiría la procuración de justicia. A los funcionarios mexicanos se les hacen pocos 33 años para terminar una indagación.
No obstante lo anterior, la CIDH concluyó de forma terminante lo siguiente:

150. El Tribunal estima suficientemente acreditado que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares del Ejército en un retén militar ubicado a la entrada de la Colonia Cuauhtémoc, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente trasladado al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez. Allí habría permanecido detenido de forma clandestina por varias semanas, donde fue visto por última vez, con los ojos vendados y signos de maltrato físico. Transcurridos más de 35 años desde su detención, los familiares del señor Radilla Pacheco desconocen su paradero, a pesar de las gestiones realizadas. El Estado continúa negando el paradero de la víctima, en tanto hasta la fecha no ha dado una respuesta determinante sobre su destino.
152. Así, la desaparición del señor Radilla Pacheco no sólo es, a todas luces, contraria al derecho a la libertad personal, sino, además, se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas (supra párrs. 132 a 137), lo cual permite concluir que aquélla lo colocó en una grave situación de riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida.
Las condenas específicas
Para vergüenza de quienes habitamos este país, el Estado mexicano fue condenado por la CIDH por un crimen de lesa humanidad: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco.
De forma unánime, los integrantes del Tribunal Internacional decidieron:
7. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.
8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 329 a 334 de la presente Sentencia.
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de la presente Sentencia.
10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.
11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.
12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 345 a 348 de la presente Sentencia.
13. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente este Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la notificación de este Fallo, en los términos de los párrafos 349 a 350 del mismo.
14. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 351 a 354 de la presente Sentencia.
15. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente Sentencia.
16. El Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a 105 las víctimas declaras en el presente Fallo que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 357 a 358 del mismo.
17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo.
18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
Nos causa enorme pena que la representación formal de nuestra nación haya recibido semejante descalificación. Y esperamos ver los términos del informe que rendirán al cumplirse el año de dictada la sentencia.
La Iniciativa de reforma de la justicia militar
Metido en su estrategia de "guerra" contra las bandas criminales que proliferan por el territorio nacional, el huésped de Los Pinos se propuso lavar un poco la imagen del ejército. Porque la intrusión de éste en tareas policíacas, trajo graves violaciones a los derechos de las personas: asesinatos a mansalva, falsificación de escenarios de hechos de violencia, utilización de fuerza brutal contra población civil y, sobre todo, impunidad. La siembra de terror como método privilegiado de gobierno.
En un primer momento, se trató de que la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación desconociera la obligatoriedad de la sentencia de la CIDH. Pero fue tan burdo eso, que luego se cambió de táctica. El 18 de octubre del 2010, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar disposiciones del Código de Justica Militar, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el propósito de "impulsar reformas en materia de procuración de justicia militar acordes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ", así como "el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Para ello, Calderón propuso "excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación". Con ello, aseguró, el Estado mexicano estaría armonizando su legislación con las convenciones Americana de Derechos Humanos y Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. También se cumpliría la sentencia de la CIDH en el caso Radilla.
El texto que propone Calderón para el artículo 57 fracción II inciso a) es el siguiente:
Los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Violación y Tortura, previstos en los artículos 215-A, 265 y 266 del Código Penal federal, así como 3 y 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, cometidos en agravio de personas civiles, serán competencia de los Tribunales del Fuero Federal.
Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito, se desprenda la comisión de algunos de los contemplados en el párrafo anterior inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al Ministerio Público de la federación. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado este Código y con posterioridad el Código federal de procedimientos Penales.
También sugiere el titular del Ejecutivo Federal que los militares que sean juzgados en tribunales civiles permanezcan en prisiones castrenses, "a fin de salvaguardar su integridad física y evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada".
La iniciática calderoniana está envenenada y no constituye una armonización de la ley mexicana con la internacional, ni el acatamiento de la sentencia de la CIDH. Veamos por qué.
1.- Excluir tres ilícitos de la jurisdicción militar (desaparición forzada, tortura y violación), implica dejar en ella otros que constituyen graves violaciones a derechos humanos, como la ejecución extrajudicial y el genocidio. Esto sigue violando el artículo 13 de la Constitución, que mantiene el fuero de guerra, pero estrictamente limitado a los actos relacionados con la disciplina militar y sólo para personal castrense y no civil ("paisano", llama la Carta Magna a quien no pertenece a las fuerzas armadas).
2.- Por añadidura, el segundo párrafo propuesto anula al primero, pues deja al Ministerio Público Militar la tipificación del delito, con lo cual las desapariciones forzadas se podrán caracterizar como "privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro" (tal como hoy lo hace la Procuraduría general de la República en el caso de dos militantes del Ejército Popular revolucionario). De esa forma, se burlaría el presunto "avance" de la propuesta de Calderón.
3.- En el caso de que el fiscal militar admitiera que se trata de alguno de los tres delitos excluidos de la jurisdicción castrense, podría realizar diligencias y hacer acopio de probanzas, de forma tal que dejaría atado de manos al Ministerio Público de la Federación que conociera del asunto. Las actuaciones de aquél serían válidas según la iniciativa.
4.- Si se regulara la justicia militar de la forma que propone Calderón, se le extendería a cuestiones que no tienen relación con la disciplina de las armas y se nos incluiría a los civiles en temas de guerra. Cierto es que así se hace ya en la práctica, pero eso no le quita el carácter anticonstitucional, ni evita que los tribunales internacionales (como la CIDH) condenen al Estado por violador.
5.- Sentaría un pésimo precedente un acatamiento torcido y falso de las determinaciones jurisdiccionales de la CIDH.

Calderón no engañó a nadie
Las reacciones a la propuesta de Felipe Calderón le fueron desfavorables:
Amnistía Internacional, en comunicado de 19 de noviembre del 2010, calificó la iniciativa como "insuficiente", porque sólo excluye tres ilícitos de la jurisdicción militar, pero "no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan". Afirmó que cualquier reforma al sistema de justicia militar debe tener tres características.
a) El alcance de esa jurisdicción castrense debe ser restrictivo y excepcional.
b) En el fuero militar sólo debe juzgarse a soldados en activo, y por delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos del propio orden militar.
c) Las violaciones a derechos humanos corresponden siempre a la justicia ordinaria.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) mencionó como "muy reducido el catálogo de exclusiones y llamó al Estado mexicano a cumplir la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de marzo del 2010, para "modificar su Código de Justicia Militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso, la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares deben tener acceso a recursos eficaces".
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", afirmó enfáticamente:
"las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (que determinaron que) "el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancias, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles".
También la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reprobó a Calderón, al sostener que la mayoría de las violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército "no han sido castigadas porque los casos siempre son tratados en las cortes militares".
Las tareas del movimiento de Derechos Humanos .
Aparte de desenmascarar las maniobras calderonistas, los defensores y defensoras de Derechos Humanos tenemos que avanzar en el efectivo cumplimiento de las sentencias de la CIDH. Para ello, se tiene que mantener la presión sobre los funcionarios (mal llamados servidores públicos) para que sujeten su actuar a los mandatos populares.
Los neoliberales que malgobiernan no han podido acabar con las conquistas sociales de las y los mexicanos. Por eso es fundamental la lucha por los Derechos Humanos.

26/noviembre/10.
Andrés Contreras " el juglar de los caminos"

 

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Subject: Artículo
Date: Mon, 29 Aug 2011 00:19:49 -0500