La Montaña
LOS RECURSOS DEL MIEDO
Oscar Loza Ochoa
La hipocresía de la política puede desbordar los pozos más profundos.
Leonardo Padura
Cuando hay información sobre violaciones graves a los derechos humanos, callar resulta aún más grave. Y si por los miedos, víctimas y testigos dejan en rumor lo que debería ser denuncia abierta, no disminuye la gravedad mencionada. ¿Por qué decimos esto? Porque en las últimas semanas ha corrido información abierta y soterrada acerca del mal comportamiento de fuerzas policiales y armadas a la hora de realizar investigaciones y detenciones. Y la mayor parte de los ciudadanos hacemos como que ni nos enteramos.
Los detenidos en relación al caso Adrián López (director de Noroeste) han desmentido a la autoridad sobre el lugar de la detención. Señalan que los tres fueron sacados violentamente de sus casas y sin la orden de autoridad competente para catear hogares. La autoridad informó que circulaban por la calle a la hora de ser detenidos. Basta revisar cualquier número de averiguaciones previas para ver que en un gran porcentaje de ellas así quedan asentadas las detenciones, "resolviendo" de esa manera el ilegal proceder de la autoridad. Si se violenta la ley al actuar y se falta a la verdad al elaborar las acusaciones formales contra los detenidos, ¿qué confianza pueden inspirar la Procuraduría y nuestras policías?
No menos grave es lo que se dice en voz baja en las sindicaturas de El dorado, Quilá y San Lorenzo. Allá se comenta que después de la aprehensión de Joaquín Loera Guzmán "el Chapo" fueron detenidos varios vecinos de manera similar a los implicados en el caso Adrián López, por fuerzas armadas federales (sin hacer consenso sin son del ejército o de la marina) y mal tratados durante y después de las detenciones. Pero esas afirmaciones hasta hoy no han despertado el interés de las autoridades de los tres poderes, por las consecuencias que ello tiene en los terrenos de la procuración y administración de la justicia.
Las detenciones arbitrarias se multiplican en los últimos años y alcanzan el nivel de escándalo. Y el asunto es más grave porque ante las protestas la autoridad sólo niega los hechos y hace concha para continuar con las mismas prácticas que violentan nuestro marco legal y los tratados y convenciones suscritos y ratificados por México. Esto es preocupación del Grupo de trabajo de la ONU para desapariciones forzadas y de la Oficina del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, misma que ha quedado plasmada en amplios y críticos documentos. Todo lo mencionado está alimentando el autoritarismo, que seguro de que la mayoría de las víctimas calla así termine muy mal su salud y seguridad jurídica, y, aún más, que la falta de organización y contundencia de quienes denuncian ahora no trascenderán lo suficiente como para pararlos en seco.
Ante el abrumador crecimiento de la inseguridad la sociedad exige acción de la autoridad, pero ha descuidado otra exigencia no menos importante: el de actuar respetando plenamente los derechos humanos. Preocupa y mucho que con frecuencia se informe de enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, con saldos de uno, dos o varios muertos. Y no son pocas las observaciones que podemos mencionar en este campo. Cuidar la vida de los policías y soldados y respetar la de los presuntos delincuentes pareciera no ser un principio prioritario, después de los hechos donde hay pérdida de vidas las periciales se centran en la identificación plena del occiso y hasta hoy no sabemos de diligencias del ministerio público que permita dejar muy claro que quienes murieron fue en las circunstancias presumidas públicamente y no en otras. Presumir que eran delincuentes no puede eximir a la autoridad de la obligación de realizar esas pruebas y menos justificar que por ello hayan muerto.
De parte de la sociedad, con todo y lo desesperados que estemos porque la delincuencia ha empezado a invadir espacios de convivencia familiar como restaurantes y centros de recreo, nada justifica el silencio ante los atropellos de la autoridad o aún más el aplauso de medidas autoritarias. Nuestros gobernantes presumen que con esas medidas detendrán las expresiones mayores del delito, aunque la historia de al menos tres décadas demuestra que las cosas han empeorado con esas políticas. Y no faltarán los ciudadanos hartos de la situación que vivimos, que si bien no lo creen al menos se conforman porque se esté haciendo algo, así no resuelva nada.
El anhelo social siempre ha sido vivir en paz y con tranquilidad social y eso se logra sólo creando las condiciones económicas, políticas y sociales en las que cada individuo y cada grupo social encuentren salidas a sus aspiraciones de estudio, empleo, de oportunidades sociales, de democracia y ejercicio pleno de la libertad. La filosofía de que permitamos restringir derechos porque es la única forma de que la autoridad rinda resultados, es la convocatoria a dejar abiertas las puertas al autoritarismo, que ni rendirá las cuentas prometidas y sí afectará gravemente las libertades ciudadanas. Esa filosofía es promovida por la autoridad y algunos grupos privilegiados. Son los recursos del miedo que tanto disminuyen la dignidad de cada ciudadano. No podemos darle el visto bueno. Vale.
Twitter @Oscar_Loza
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