Denuncian agresiones de guardias privados contra migrantes
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16 DE DICIEMBRE DE 2015
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| Vázquez Morales, Solalinde, Gutiérrez, Martínez y Ríos y Verdugo en conferencia de prensa. Foto: Benjamin Flores |
México, DF (apro).- Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron hoy las agresiones, hostigamientos, amenazas e, incluso, asesinatos que perpetran con impunidad las empresas privadas contratadas para vigilar las vías del tren e impedir que los indocumentados en tránsito por México se suban sobre los vagones rumbo a la frontera norte.
Las organizaciones señalaron en particular a los agentes del Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca –perteneciente a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem)–, quienes patrullan en las vías del tren que corren entre el Estado de México hasta Celaya, en Guanajuato.
"¿Por qué los Cusaem están en todos lados? Detienen, torturan, criminalizan y castigan a los migrantes", denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca.
Según las organizaciones –de esencia religiosa–, a veces los Cusaem disparan contra los migrantes para alejarlos del tren. Los activistas aseveraron que, de acuerdo con los testimonios que recabaron de víctimas de agresiones, agentes de los Cusaem asesinaron a tres migrantes, en Celaya, Guanajuato y en Querétaro.
"Son ejecuciones extrajudiciales", aseveró la hermana Leticia Gutiérrez, directora de la sección mexicana de la organización Scalabrinianos Misión para Migrantes y Refugiados, al precisar que los Cusaem actúan "como autoridades".
Dependientes del gobierno del Estado de México y regidos por un régimen jurídico poco claro –pues proporcionan servicios de guardia privada con un carácter público–, los Cusaem obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal desde que inició la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Los Cusaem brindan sus servicios de guardia privada a la empresa Ferromex, que opera las vías de ferrocarril desde Veracruz hasta los estados fronterizos, pasando por el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, entre otros.
Integrantes de la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, denunciaron que en varias ocasiones desde el pasado mes de diciembre personal de los Cusaem les encañonó y amenazó, por lo que se incorporaron al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"Los Cusaem no saben de derechos humanos, son ignorantes", lamentó Martín Martínez Ríos, el director de la estancia, al explicar que, de acuerdo con los testimonios de los migrantes, los guardias privados patrullan por las vías del tren vestidos de negro, con capuchas y armamento pesado.
Solalinde precisó que el grupo de seguridad opera tanto en la ruta de los migrantes como en ciertos centros de detención migratoria, entre ellos el de Las Agujas, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, lo que confirmó el joven Elvis Garay, de origen nicaragüense, quien estuvo recluido ahí durante más de un mes, en noviembre de 2013.
Desde la implementación del Programa Frontera Sur, en julio de 2014, subirse a "La Bestia" se convirtió en una tarea prácticamente imposible en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pues se incrementaron tanto los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) como la presencia de guardias de seguridad privada en las vías.
Además, de los agentes de las Cusaem, las organizaciones aseveraron que guardias de seguridad de la empresa Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex) dispararon contra cuatro migrantes en las afueras de Celaya, el pasado 29 de septiembre, lo que fue denunciado ante la Procuraduría de Guanajuato.
"La CNDH nos dijo que no puede emitir recomendación porque no sabe de qué cuerpo de seguridad dependen los Cusaem", afirmó Gutiérrez, al lamentar que si bien las autoridades lograron invisibilizar la migración, ésta "no ha disminuido, ni la violencia tampoco". En 2015, su organización atendió a 310 migrantes víctimas de secuestro, violación, trata de personas o casos de migrantes asesinados.
Heyman Vázquez Morales, director de la Casa del Migrante de Huixtla, en Chiapas, subrayó por su parte que el gobierno demostró una "nula preocupación" ante el incremento de la delincuencia común y de los asesinatos que afectan a los migrantes que transitan por el corredor de la costa chiapaneca.
Aseveró que el pasado 3 de octubre pobladores del ejido Piñuelas de Escuintla, en Chiapas, le comentaron acerca de una fosa clandestina en la que estarían enterrados "muchos migrantes". El sacerdote avisó al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes de Chiapas, pero deploró que no actuaron al respecto.
También estimó que la forma en la que el INM criminaliza a los migrantes alimenta la xenofobia contra ellos, pues precisó que "al perseguirles como delincuentes, la gente piensa que son delincuentes".
Y Solalinde se preguntó, en voz alta, sobre el discurso que sostendrán las autoridades mexicanas ante el Papa Francisco durante su próxima visita a México. "Se le tiene que decir la verdad, hacerle llegar todos estos testimonios horribles".
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