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Excelentes articulos de la revista Forum... Recuerdo que en uno de tantos encarcelamientos que padecí en Colima en 1994...entre mis pertenencias , me encontraron un ejemplar de esta revista (Forum) y decian los de la procuraduria de Colima, que era una revista subversiva.... como siempre procuro ser cortes, cuando alguien me regala un voilante, lo recibo y lo guardo para analizarlo en alguna oportunidad, asi que tambien me encontraron un volante DE ANTORCHA CAMPESINA, LA CUAL TAMBIEN DECIAN QUE ERA UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA... Pero lo interesante de esta revista es que aborda un tema muy sensible, el del engaño del mentado Seguro Ppular donde si usted se toma la molerstia de hacer encuestas sobre el servicio, sabrá que si usted necesita una dialisis, se la cobran , si bien le va en mas de 4000 pesos, si no los tiene, le dejan morir a su paciente y eso a mi no me lo contaron.. Lo se por experiencia. En cuanto a los demas servicios: ISSTE, SEGURO SOCIAL, etc. va usted a atenderse de algo y resulta que lo hacen perdeer a veces todo el dia o le dan una cita, que para cuando se le cumple ya usted se petatió, por lo tanto , no queda de otra que atenderse donde se pueda y hasta donde se pueda por su propia cuenta, ya sea con el "simi" o cuaquier laboratorio o medicina alternativa... Me comentaba hace unos dias una maestra de Cd. Juarez, que con el frio, sus hijos se le pusieron mal y que los llevó a consulta, pero que le dijeron que no tenian medicinas, y eso se repite no asolo en el ISSTE, sino tambien el el seguro social y con mucha mas razón en el SEGURO POPULAR DE MARRAS.... una especie de limpieza social donde no hace falta matar a los pobres, solo dejarlos morir..En Caborca Sonora y en muchos otros municipios y estados del país, se busca dar la impresión de ser muy exitosos para intentar hacer creer que no exixten los pobres, expulsando a disparos de balas de goma y amenazas para desplazarlos... Nada me extrañaria, por lo tanto que algun dia , las autoridades de Monterrey inicien un operativo contra la "lujosa zona residencial" de ARROYO DEL OBISPO Y DE VARIAS OTRAS, DONDE SE PUEDE VER Y CORROBORAR , LA GRAN MISERIA Y MARGINACIÓN EN ESA CIUDAD , DONDE DICEN QUE NO EXISTE LA POBREZA.
Chin...ahora si que se sintió el frio mas duro... me tendré que lanzar de inmediato a Sullivan por una buena cobija......con intestinos....
Forum en Línea 230
Del 16 al 30 de noviembre de 2011
Sólo en el papel, cobertura universal del SP
* La afiliación no garantiza nada: Fundar * Chiapas, Michoacán y Guerrero hicieron mal uso de recursos destinados a la salud
Guillermo Montalvo Fuentes / Notiese
Aunque según datos del Ejecutivo federal 52 millones de mexicanos están afiliados actualmente al Seguro Popular, lo que representa 43 por ciento de la cobertura universal de salud en el país, 29 por ciento de los gastos que hacen las familias, destinados al cuidado de su salud, está relacionado con la compra de medicamentos, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010. Para especialistas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lo anterior revela que la afiliación por sí misma no garantiza el acceso a los servicios de salud.
"Se habla de un aumento en la afiliación de personas que no tenían seguridad social, pero no de cómo se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud y medicamentos de quienes ya están afiliados. En este sentido, tenemos dos realidades: por un lado la afiliación, la cobertura universal en el registro, y por otro, los hechos, que nos dan cuenta de algunos problemas de opacidad, falta de rendición de cuentas, falta de infraestructura sanitaria y mal ejercicio de los recursos", coincidieron Briseida Lavielle, Gina Chacón y Mariana Pérez, investigadoras del área de presupuestos en Fundar.
Explicaron que uno de los problemas de acceso más frecuente es el desabasto de fármacos en clínicas y hospitales, lo que afecta la economía de las familias. Por tal motivo subrayaron que la cobertura universal no se logrará hasta que se reduzca la proporción de financiamiento que ponen las personas de su bolsillo para acceder al sistema de salud y a los medicamentos.
"La cobertura universal demanda una serie de aspectos que en México no se están cumpliendo; no sólo hablamos de calidad en los servicios y accesibilidad, sino también de ver los recursos reflejados en la mejora de las condiciones de salud y de vida de la población afiliada".
A pesar de que existen lineamientos específicos en relación a la compra de fármacos, los estados no los cumplen, pues aunque tienen la obligación de gastar hasta 30 por ciento de las asignaciones en la compra de medicamentos genéricos, y con los precios de referencia que establece la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al Informe de la Cuenta Pública de 2009, demostró que no sucede así.
Para las investigadoras de Fundar esta situación es compleja, debido a que una vez que el dinero va de la Federación a los estados, no hay manera de obligarlos a que den una rendición de cuentas de regreso.
"Con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación de 2009, los estados más opacos que, si bien no desviaron, sí por lo menos hicieron mal uso de los recursos, fueron Chiapas, Michoacán y Guerrero. El caso de éste último es el más alarmante, pues estamos hablando de 27 millones de pesos como saldo total de irregularidades en compra de medicamentos, un gasto que no es menor si se consideran las carencias que tiene el estado".
Lavielle, Chacón y Pérez mencionaron que los estados sí compran los medicamentos, pero el problema está en el uso de los recursos, pues los adquieren a sobreprecios, lo cual impacta en el abasto de fármacos en clínicas y centros de salud.
Aunque reconocieron que es responsabilidad de los diputados "ser creativos" y encontrar lineamientos específicos que ayuden a llevar un mejor control del gasto y más transparencia, pues son ellos, los legisladores, quienes discuten el Presupuesto de Egresos de la Federación y pueden poner "candados", no sólo al Seguro Popular, sino a todos los programas públicos, las investigadoras sugirieron como posibles soluciones la intervención, además de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, instancia que tiene las atribuciones para vigilar y controlar el gasto.
Avanza 5% inclusión de la diversidad sexual
Leonardo Bastida Aguilar / Notiese
notiese@notiese.org
A pesar de los avances en materia legislativa como el reconocimiento constitucional de la preferencia sexual de las personas como un motivo para no ser discriminado o la aprobación del matrimonio universal en el Distrito Federal, sólo hay un avance de 5 por ciento en materia de inclusión social para la comunidad de la diversidad sexual, explicó Luis Perelman, expresidente de la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología (Femess).
Al presentar los resultados del VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 20 al 22 de octubre –y en el que Marcela Martínez Roaro se convirtió en la nueva presidenta de la Femess–, el experto en salud sexual mencionó el 8 de noviembre que para lograr una mayor inserción social sin discriminación por parte de los integrantes de este sector de la sociedad es necesario impulsar la educación integral en sexualidad, como la promovida en la Declaratoria Ministerial Prevenir con Educación, firmada por México en agosto de 2008, pero que a tres años de su firma, no se ha implementado.
Ante el cuestionamiento de qué hacer ante la falta de interés por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para implementar la Declaratoria Ministerial, Perelman consideró que al protegerse constitucionalmente el derecho a la no discriminación por motivos de preferencia sexual, se puede exigir a las autoridades correspondientes que se hable del tema a las y los estudiantes a fin de evitar la réplica de conductas discriminatorias contra este sector de la población.
Añadió que esta actitud la han asumido organismos públicos como las comisiones estatales de derechos humanos, el Conapred y otras dependencias gubernamentales mediante la producción de sus propios textos sobre el tema o la realización de talleres para niños y jóvenes, por lo que, a futuro, mediante diversos mecanismos, se logrará la impartición de educación integral en sexualidad en las escuelas de educación básica del país.
Por su parte, David Barrios Martínez, presidente de la organización civil Caleidoscopía, señaló que no bastan las declaraciones y pronunciamientos, sino que es necesario traducirlos en políticas públicas, por lo que se debe comenzar por la capacitación al cuerpo docente del país en la materia.
El médico y terapeuta sexual añadió que a pesar de que los sectores conservadores de México se niegan a que se hable de sexualidad en las escuelas, sobre todo de temas como la diversidad sexual, "se deben subir al tren del desarrollo social", porque la diversidad es una realidad de muchos mexicanos, a quienes no se puede excluir".
En tanto, Antón Castellanos, presidente del Comité de Iniciativa Juvenil de la World Association for Sexual Health, comentó que el gobierno mexicano, al mermar el acceso a una educación sexual basada en evidencia científica, pierde oportunidades de desarrollo para el país.
De esta manera, los expertos señalaron que uno de los compromisos adquiridos en el pasado congreso, es exigir a todos aquellos candidatos a puestos de elección popular en el proceso electoral de 2012, la inclusión de la educación integral en sexualidad en sus agendas políticas, y una vez electos, vigilar que cumplan con el compromiso.
Consideraron que para poder lograr este impulso a la Declaratoria Ministerial Prevenir con Educación se deben conjuntar los esfuerzos de académicos, especialistas, y sobre todo, la sociedad civil organizada.
La educación sexual integral. En días previos a la XVII Conferencia Internacional de Sida celebrada en la ciudad de México en agosto de 2008, ministros de 31 países del continente se congregaron en la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el VIH/Sida en Latinoamérica y El Caribe.
En ese entonces las autoridades continentales debatieron acerca de la responsabilidad del Estado en la inclusión de la salud y educación como ejes para la promoción del desarrollo humano. La Declaración Ministerial Prevenir con Educación, resultado de ese encuentro, tiene el fin de garantizar "el acceso a la educación de calidad de toda la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (…) en ambientes libres de violencia, estigma y discriminación".
Según los acuerdos establecidos por medio de la Declaración Ministerial, en el año 2015, la brecha de escuelas oficiales que no imparten educación sexual debe disminuir en 75 por ciento. A su vez, al menos 50 por ciento de los jóvenes de América Latina que no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva deberán acceder a ellos.
La Declaratoria Ministerial plantea también dos metas específicas para fines de 2010: Modificaciones en los planes de estudio de cada nación para incluir temas de educación integral en sexualidad; y capacitación del personal docente en la materia desde su formación académica, ninguna fue lograda por México.
Entre los temas que aborda la educación integral en sexualidad están el derecho al placer, a la sexualidad y al respeto a la orientación y diversidad sexual.
Traición del PRD en el Senado: Uranga
* Vía rápida aprobó reformas sobre seguridad social para parejas del mismo sexo * Modifica minuta y deja fuera a sociedades de convivencia y pactos de solidaridad * Aceptar modificaciones generaría ciudadanos de primera y segunda clase
Gerardo Suárez y Guillermo Montalvo Fuentes / Notiese
notiese@notiese.org
Con 82 votos a favor y cero en contra, el Senado de la República aprobó una minuta, que de ser ratificada por la Cámara de Diputados, permitiría modificar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para garantizar la afiliación de cónyuges de parejas del mismo sexo que estén casadas.
En la sesión del 3 de noviembre, la Cámara de Senadores aceptó en lo general la iniciativa, pero la devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados para su corroboración y vuelta al Senado. Uno de los cambios consistió en eliminar el término "unión civil", de la propuesta inicial.
Respecto a la acción del Senado, una de las impulsoras de la iniciativa original, Enoé Uranga Muñoz, señaló que las modificaciones senatoriales sólo prevén la afiliación para matrimonios y excluirían al resto de las uniones civiles y los hogares alternativos.
"Lamentablemente hoy en el Senado determinaron regresar el Dictamen a la Cámara de Diputados, mermando seriamente la propuesta original y reduciendo el proyecto a la seguridad social sólo para el matrimonio, con lo que pretenden excluir de este derecho, que tanto la Constitución y los tratados internacionales mandatan garantizar, al resto de las uniones civiles y de los hogares alternativos".
La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática aseguró que "aún no hay nada legislado a nivel federal" sobre este tema. Por ello, afirmó que "va de nuevo" la iniciativa original, al referir que "pondrá todo su empeño" para que la Cámara de Diputados envíe nuevamente la propuesta inicial al Senado.
Por su parte, la senadora panista Minerva Hernández, señaló a los medios de comunicación, que el término "unión civil" fue eliminado porque al no encontrarse en los códigos civiles de los demás estados, resulta improcedente reconocer dicha figura jurídica en las leyes del IMSS e ISSSTE.
Sin embargo, Uranga Muñoz desdeñó la forma en que la Cámara de Senadores emitió su dictamen, pues con tal de "deshacerse del tema", dijo, los legisladores "no sólo no debatieron nuestro derecho a la salud y a la seguridad social en el pleno, sino que ni siquiera se reunieron en comisiones para su análisis y votación, es decir, fue una aprobación fast track y fuera de toda forma".
Aprobada el 9 de marzo del año pasado en la Cámara de Diputados con 232 votos a favor, 58 en contra y 27 abstenciones, la minuta se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado, donde el 3 de noviembre se modificó luego de un año de ser discutida en este órgano legislativo.
Entre los cambios propuestos por el Senado, también se prevé ampliar el tiempo de dos a cinco años para reconocer concubinatos, en caso de que el cónyuge solicite una pensión por el fallecimiento de su pareja, para concordar con lo establecido en el Código Civil Federal.
En el texto se especificó que los arreglos a las leyes del ISSSTE e IMSS en ningún momento implican que el Estado reconozca los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino únicamente reconocen los derechos de acceder a los servicios y prestaciones de éstos en su calidad de derechohabientes.
Integrantes de la oficina de Comunicación Social de la diputada Uranga Muñoz, señalaron a esta agencia que, contrario a las notas publicadas en algunos diarios en las que se asevera que los senadores incluyeron en el dictamen las figuras jurídicas de Sociedades de Convivencia y Pactos Civiles de Solidaridad, al revisar el documento se percataron de que dichas figuras jurídicas sí fueron excluidas.
En este contexto, el académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Héctor Salinas Hernández, calificó la acción del Senado como "un nuevo intento de 'normalizar' la disidencia sexual", pues "si no estás casado no puedes ejercer la seguridad social para tu pareja".
Salinas Hernández, quien ha cotizado en el ISSSTE durante 16 años, pudo afiliar a su pareja Francisco Ortega Vázquez apenas en septiembre pasado, por medio de un proceso de amparo que demoró más de un año. Salinas, junto con Javier Marmolejo y Lolkin Castañeda, forma parte de los pocos casos en que una pareja del mismo sexo ha beneficiado a su cónyuge, todos por amparo.
Al preguntarle sobre la posible repercusión negativa en las finanzas de los institutos al afiliar a los cónyuges de personas no heterosexuales, el catedrático recordó que las personas de la diversidad sexual aportan a su institución de salud los mismos montos que alguien heterosexual pero no reciben los mismos beneficios.
"Un heterosexual con la misma cuota puede garantizar la seguridad de su esposa y de sus hijos del matrimonio, e incluso garantizar la seguridad de su concubina y de los hijos fuera del matrimonio, y a ellos jamás les han dicho que eso genera un impacto económico insostenible, en cambio a nosotros, que cotizamos lo mismo y recibimos la mitad de los derechos, ahora nos dicen que es un impacto terrible que no lo van a poder solucionar. Ése es un falso debate".
La medida del Senado "generaría ciudadanos de primera y de segunda", añadió Salinas Hernández, porque las parejas de otros estados se verían obligadas a venir al Distrito Federal a casarse, donde el matrimonio universal sí es reconocido, y luego regresar a su ciudad "para pedir que les den el derecho a la protección de la seguridad social".
El docente supuso que habrá una discusión prolongada en la Cámara de Diputados para que la minuta original vuelva a ser aprobada, por lo que pidió a las organizaciones civiles y al colectivo de la diversidad sexual, que antes de tomar la acción del Senado como un triunfo, se continúe con el uso de los amparos para acceder a los derechos que como beneficiario de un instituto de seguridad social, cualquier persona tiene.
"Para los 'minimalistas' que creen que habría que conformarnos con las migajas que el Senado da, les recuerdo que producto de los amparos estamos a punto de lograr lo mismo vía la jurisprudencia. Lo que resulta inaceptable es que las alianzas PRD-PAN lleguen a tal pragmatismo que por la comodidad de la derecha, la autodenominada izquierda renuncie a cumplir los compromisos que tiene firmados con nosotros; y que el PRI pueda decir que no le exijamos a ellos ir a apoyarnos cuando el PRD nos ha traicionado", concluyó Uranga Muñoz.
Al Estado no le importan las mujeres
* Lo demuestran la impunidad y falta de justicia: fiscal Castresana
Anayeli García Martínez / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
El fiscal especial Anticorrupción de España, Carlos Castresana, advierte que desde 2003, cuando la ONU emitió diversas recomendaciones para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la situación no ha cambiado y el problema persiste.
En entrevista, el abogado penalista sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo: "Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando".
Castresana, quien en 2003 fue parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados, lamenta que la impunidad prevalezca.
De visita en México para participar en un seminario sobre justicia y género, el experto asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.
Hace ocho años el gobierno federal solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.
En ese entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana, entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.
Tras la investigación los expertos realizaron un informe que –a decir del especialista en derechos humanos– reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. "Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal", critica.
Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque "si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal", apunta el fiscal español.
Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez.
El fiscal anticorrupción recuerda: "En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 sólo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)".
Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.
En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la Corte Interamericana por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.
"Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados", abunda Castresana.
De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.
El fiscal advierte: "Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente".
"Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero", abunda.
El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.
"Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de derechos humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los derechos humanos importen".
Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: "No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas".
Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros países.
"El problema no es sólo de México, es epidémico, es en toda la región, en toda América Latina, y desde luego en ese corredor que va desde Colombia hasta Estados Unidos".
Concluye: "El problema es transnacional y en ese sentido hay que leer la sentencia (de la Corte Interamericana). La sentencia impone obligaciones concretas a México porque en este caso el debate era de una situación que se había producido en México, pero las políticas criminales que hay que implementar son para toda la región".
Intercambian oaxaqueñas por ganado
* Indígenas las obligan a casarse si tienen relaciones sexuales
Citlalli López / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
Oaxaca. En San Jorge Nuchita, municipio de la mixteca oaxaqueña, a las mujeres se les intercambia por ganado y se les obliga a casarse con los varones de la comunidad que "ofrezcan más" por ellas.
Nuchita es tan sólo una de tantas localidades indígenas en el estado en el que es común esa práctica de violencia contra las mujeres, denunció la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel López Sánchez.
"Todos estos fenómenos siguen siendo vigentes; en algunas regiones es todavía común que si una jovencita tiene relaciones sexuales con un hombre y éste no quiere casarse, se pone precio al hecho de haber tenido relaciones sexuales consentidas o no consentidas", abundó la funcionaria.
Advirtió que incluso muchas de las violaciones sexuales terminan en matrimonio, y el delito nunca se castiga.
Además, explicó López Sánchez, a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales se les obliga a casarse en contra de su voluntad como en una especie de sanción, ya que si no contraen matrimonio son estigmatizadas y vistas como personas sin valor.
Al mejor postor. La directora del IMO lamentó que en el estado las mujeres sean intercambiadas por ganado, recursos o algún otro bien, sin que esto sea sancionado.
"Son aspectos culturales que no son necesariamente condición de un pueblo indígena en específico; es resultado de esta violencia estructural en contra de las mujeres derivada de una cultura patriarcal que atraviesa por comunidades indígenas y no indígenas, rurales y urbanas", aclaró.
Anabel López criticó que en comunidades indígenas se obligue a las jóvenes a casarse con la persona que pueda pagar lo que los padres establezcan. "Ésta es una de las formas más graves en la que se manifiesta la violencia: la obligatoriedad que recae en las mujeres jóvenes para casarse", subrayó.
"En un lugar donde ellas no tienen información, en un lugar donde no saben que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, estas circunstancias pueden ser más recurrentes", agregó.
Lo que hay que hacer, dijo la funcionaria, es dar educación sexual y que las personas adultas "se quiten el chip de que las relaciones sexuales implican forzosamente el matrimonio".
Atentado a sus derechos. López Sánchez observó que la venta de mujeres con fines de casamiento es una práctica que no ha sido erradicada de los usos y costumbres de los pueblos indígenas de Oaxaca, y vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Afirmó que es un hecho que en algunas comunidades indígenas los padres continúan vendiendo a sus hijas menores de edad, con un acuerdo de matrimonio involuntario para las mujeres.
La directora del IMO precisó que hay que diferenciar esa práctica de violencia con tradiciones de las comunidades indígenas y no indígenas como la dote, saludamiento o presentes, que se traducen en una especie de regalos que la familia del novio da a los parientes de la novia en el ritual de casamiento.
"Ésta es una tradición o costumbre que no necesariamente implica que se obligue a las mujeres a casarse", acotó.
Atenco: Admite CIDH caso de tortura sexual
* Al banquillo Enrique Peña Nieto por ordenar represión
Anayeli García Martínez / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
Después de tres años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.
En un comunicado, la CIDH informó que admitió el caso, con lo que se abre la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida por policías federales y estatales contra estas mujeres.
Al concluir su 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al 4 de noviembre de este año, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad "512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México".
Las denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el estado de México, luego de ser detenidas por "participar" en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, quien en una aparente represión pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
En ese momento más de 3 mil policías dejaron un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado aunque todavía se espera la notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño –quien acompaña a las víctimas– explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –quien también litiga el caso– explicó que la admisibilidad es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la CIDH y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010 cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, a la vez que criticaron el actuar de la Fevimtra, adscrita a la PGR, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
Finalmente, a cinco años de los hechos y a tres de que se presentó la petición ante la CIDH, es probable que se reconozca que las 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y que el Estado mexicano y las autoridades mexiquenses, incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos.
Madres localizan a 60 desaparecidos
* Encuentran a uno más en el recorrido por Chiapas * Nueve centroamericanos presos en Tenosique, Tabasco * El delito: denunciar amenazas de secuestro
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
En los 11 años que se ha realizado la Caravana de madres de migrantes, se ha logrado localizar a 60 personas desaparecidas gracias a las propias investigaciones que ellas han realizado, señaló a Cimacnoticias Marta Sánchez Soler, coordinadora de la caravana.
La también integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano dijo que probablemente el número de personas localizadas es mayor, ya que "no siempre ha sido posible continuar el seguimiento de la investigación iniciada por las madres, algunas de ellas continúan en contacto directamente con las organizaciones o personas que les dieron alguna pista y no nos informan si encontraron o no a su familiar".
Luego de que el día 13 concluyera en Tapachula, Chiapas, la caravana Sigo tus huellas con la esperanza de encontrarte, conformada por 33 madres centroamericanas –que durante las últimas dos semanas recorrieron el país en busca de sus familiares desaparecidos en México– una de estas mujeres encontró a su hijo.
Después de siete años de "no tener noticia" acerca de cómo y dónde se encontraba su hijo, la hondureña Olivia Orellana halló a Osman Lizandro Mejía Orellana en el Centro de Readaptación Social (Cereso), ubicado en el municipio chiapaneco de Motozintla, informó en comunicado de prensa el Movimiento Migrante Mesoamericano.
A unas horas de que culminara el recorrido que las centroamericanas iniciaron el pasado 30 de octubre, la caravana visitó el Cereso y los guardias identificaron la fotografía de Osman Lizandro, quien fue recluido en Motozintla, en 2004, acusado de intento de homicidio.
La caravana –integrada por originarias de Honduras, Nicaragua y El Salvador– cerró con la demanda a las autoridades mexicanas para que colaboren en la búsqueda de sus hijas e hijos.
Mercedes Moreno es migrante. Vio por última vez a su hijo José Leonidas Moreno en 1989. "Yo ya vivía en Los Ángeles, California, fui a verlo a mi país, y dos años después él salió de El Salvador para alcanzarme en Estados Unidos", relató a Cimacnoticias.
Sin embargo, José Leonidas nunca llegó a su destino. "El coyote le dijo a mi familia en El Salvador que dejó a mi hijo en un hotel en la ciudad de México, para hacer la conexión con otro coyote y que cuando regresó él ya no estaba con el grupo de migrantes".
Desde entonces, Mercedes sufre la incertidumbre de desconocer dónde y cómo está su hijo, ya que confía en que esté vivo. Con esa fe, pide al gobierno mexicano que aclaren las desapariciones de las personas migrantes en el país.
También demanda que frenen el "trato inhumano" que reciben las y los centroamericanos a manos del crimen organizado en complicidad con las policías y autoridades migratorias, ésta es una de las principales peticiones que realizó la caravana en una declaración final de su recorrido por Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas.
Durante su paso por la ruta del Golfo, camino obligado para el tránsito de migrantes rumbo al vecino país del norte, las centroamericanas denunciaron el aumento de la violencia contra quienes cruzan el país, y la criminalización de las personas que sobreviven a estos delitos.
En la declaración final, sostienen que las violaciones de derechos humanos han empeorado "desde que las rutas migrantes están bajo el control de los grupos del crimen organizado, a quienes de facto se les ha cedido la gestión de la política migratoria México-Estados Unidos, cobran 'derecho de piso' y deciden quien entra o no entra a Estados Unidos", a través de extorsiones y secuestros.
Añaden que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la delincuencia organizada obtiene en promedio 2 mil 500 dólares por la liberación de cada migrante, monto que les representa un ingreso de 25 millones de dólares en seis meses.
Cabe recordar que según datos de la CNDH de septiembre de 2009 a febrero de 2010 se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país; esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.
La caravana Sigo tus huellas con la esperanza de encontrarte, lamentó que las y los migrantes sobrevivientes de secuestro que denuncian este delito, son criminalizadas. Por ejemplo, en el reclusorio de Tenosique, Tabasco, se entrevistaron con nueve centroamericanos cumpliendo sentencias hasta de 45 años por secuestro.
Los "supuestos culpables" no contaron con asesoría de abogados, sus consulados no fueron notificados, tampoco les permitieron comunicarse con sus familias, y fueron coaccionados para firmar declaraciones que para ellos, eran incomprensibles.
Familias destrozadas e infancia en el limbo
Lydia Cacho / CIMAC
Twitter: @lydiacachosi www.lydiacacho.net/
Isis tiene tres años y Jaime cinco; los dos son hijos de madres mexicanas pero nacieron en Estados Unidos. Desde hace tres años, a pesar de tener plena nacionalidad y derechos constitucionales, están perdidos en el limbo de servicios sociales, mientras sus madres desesperadas desde México intentan recuperarlos con pocos pronósticos de éxito.
En los primeros seis meses del 2011, el gobierno federal norteamericano deportó a más de 46 mil madres y padres de niñas y niños ciudadanos de EU.
Cada año los servicios de inmigración y aduanas norteamericanos (ICE, por sus siglas en inglés) deportan a miles de personas; mientras tanto sus hijas e hijos pequeños que han nacido allá son arrebatados de las familias por el Estado.
El Centro de Justicia Aplicada (Applied Research Center/ARC), organización civil norteamericana, publicó el estudio Familias destrozadas, que evidencia al sistema inquisitorial de las leyes antiinmigrantes de EU.
ARC y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revelan el impacto de las leyes y políticas de control y verificación migratoria de EU en las mujeres migrantes y sus familias en la región.
Los métodos utilizados por los agentes migratorios de ICE, acompañados de las policías locales de más de 20 estados del país del norte, resultan aterradores. Las mujeres que llaman a la policía para pedir ayuda por violencia doméstica, antes de ser tratadas como víctimas son revisadas como delincuentes e incluso encarceladas.
Delmy Palencia, una líder de derechos civiles en Nuevo Orleáns, fue arrestada injustamente luego de pedir ayuda por violencia doméstica. Fue detenida y separada de su bebé por 45 días.
Aunque los cargos se retiraron, ICE utilizó la Ley Comunidades Seguras para arrestar a Delmy con una orden de retención de inmigración. Fue liberada después de más de dos semanas, sometida a una redada de ICE en la medianoche en su hogar y ahora enfrenta la deportación y la separación de su bebé que nació en EU.
Las leyes antiinmigrantes se fortalecen y potencian con una fuerza inusitada, dicen las y los especialistas del ARC. Este endurecimiento criminaliza de tal forma a las y los trabajadores migrantes que frecuentemente sus niños y niñas pierden la oportunidad de volver a ver a su familia, ya que los jueces cancelan sin miramientos la patria potestad de miles de hombres y mujeres que no han cometido delito alguno.
Las organizaciones especialistas revelan que estas deportaciones destrozan a las familias, y ponen en peligro a niñas y niños que se dejan atrás.
En 2011 EU deportó una cantidad récord de 397 mil personas. De acuerdo con los datos federales en posesión de ARC, el mayor número de deportados son padres y madres.
La idea de la política del desgaste denominada Comunidades Seguras consiste en la persecución sistemática y criminalización de las y los migrantes sin papeles y su encarcelamiento.
Entre las estrategias más utilizadas está la colaboración de las policías locales con agentes migratorios de ICE, quienes utilizan la excusa de denuncias anónimas sobre uso de drogas para hacer redadas y arrestos grupales cuya finalidad es expulsar a las personas adultas y llevar a infantes norteamericanos al limbo judicial, donde pueden permanecer el resto de su infancia hasta llegar a la vida adulta.
La falta de recursos, la lejanía y el idioma pueden hacer casi imposible para miles de familias recuperar a sus pequeños de la burocracia de servicios sociales de EU.
Si cree usted que las deportaciones viciadas y violatorias de los derechos humanos se llevan a cabo sólo en Arizona, o en los estados de la frontera sur con México, vuelva la mirada: ARC.org ha identificado al menos 22 estados donde han surgido estos casos en los últimos dos años.
Según sus datos, en 400 condados y 20 estados, uno de cada cuatro (28.8 por ciento) menores bajo cuidado de crianza temporal con madres y padres detenidos o deportados, son de estados no fronterizos. ARC estima conservadoramente que hay al menos 5 mil 100 niños y niñas que actualmente viven en casas de crianza temporal cuyas familias han sido detenidas o deportadas por ICE.
Las políticas antiinmigrantes de EU no solamente violan los derechos humanos, además implican un costo monumental a la sociedad norteamericana.
Utilizan las prisiones como centro de detención de inmigrantes, ponen en riesgo a las extranjeras víctimas de violencia doméstica, destrozan familias y violan los derechos de la infancia. Washington debe rendir cuentas sobre esta afrenta racista e inaceptable.
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