Especial Paro Agrario en Colombia: Gobierno Nacional se niega a negociar con Cumbre Agraria en territorio ancestral del pueblo negro / 18 mil indígenas movilizados en el Cauca
Resumen Latinoamericano / Colombia Informa / 9 jun. CI.- La Cumbre Agraria exigió al Gobierno la instalación de la Mesa Única Nacional en la vereda de Quinamayó, en Santander de Quilichao, un territorio de vital importancia para los pueblos afrodescendientes del suroccidente colombiano. Sin embargo, el Gobierno se negó a negociar en esta zona del país lo que fue calificado por las comunidades negras como un acto racista y discriminatorio.
¿Por qué Quinamayó?
Según José Santos, vocero de la Cumbre Agraria y representante del Proceso de Comunidades Negras -PCN-, esta plataforma definió proponerle al Gobierno iniciar la instalación de la Mesa Única Nacional en Quinamayo. Santos reiteró que a partir de ese hecho se crearían dos subcomisiones: una trabajaría en La María y la otra en la ciudad de Cali.
Para Santos, las comunidades negras fueron ofendidas por el Gobierno con su negativa a negociar en Quinamayo, sitio tradicional para los pueblos afrodescendientes del norte del Cauca: "Nosotros los negros estamos muy ofendidos con el Gobierno nacional porque cuando dice que no va a Quinamayó es una clara muestra de racismo y discriminación".
El Gobierno nacional, sin embargo, exigió el desbloqueo de vías y planteó continuar las negociaciones en Cali o Bogotá. El hecho, comprendido como racista y discriminatorio por parte de las comunidades negras, desconoce que este territorio es ancestral para los pueblos afrodescendientes del suroccidente colombiano.
Francia Márquez, inetgrante del PCN, aseguró que la actitud del Gobierno es inaceptable: "Los ministros han ido a La María y se han sentado con comunidades indígenas. Hoy, cuando es el pueblo negro el que le está diciendo que venga y se siente acá como Cumbre Agraria, junto a indígenas y campesinos, no lo hace. Esto demuestra cómo el gobierno nos mide, cómo nos ve y, efectivamente, es una muestra del racismo estructural".
Según el PCN, el gobierno exige a las comunidades que deben desbloquear la vía de la Panamericana. José Santos explicó que las comunidades no solo están en esta carretera, también se encuentran en otras vías del suroccidente colombiano, en Arauca, en el Sur del Cesar, en los Santanderes y en todo el territorio nacional.
Desconfianza de los afros
Hay una enorme desconfianza de las comunidades con el Gobierno, debido a sus reiterados incumplimientos. Por lo tanto, plantean negociar y simultáneamente mantener la movilización social, facilitando de forma controlada el tráfico en las vías.
Francia Márquez señaló: "Nosotros no creemos en el Gobierno e insistimos en que se instale la mesa para poder avanzar". La desconfianza no es gratuita. Según Márquez, hace un mes durante otra protesta, desbloquearon la vía porque les prometieron iniciar el proceso de diálogo. Después de hacerlo, hubo agresiones de la Policía contra las comunidades negras y después el Gobierno no cumplió los acuerdos. En estos momentos, las comunidades exigen que el gobierno se presente y empiece a cumplir.
La lideresa recordó que el Gobierno les incumplió a las mujeres negras en 2014. En ese momento, las mujeres se movilizaron desde el norte del Cauca exigiendo parar la minería, la contaminación de los territorios ancestrales del norte del Cauca, brindar garantías de protección colectiva frente a las amenazas recibidas.
Les prometieron cumplir con medidas dictadas por la corte constitucional en materias de los derechos de las comunidades negras, como el auto 005 y el 092 para las mujeres. Además, la realización de un estudio sobre los efectos de la minería en los territorios. Según Márquez, el Gobierno no cumplió a pesar de que las comunidades realizaron seguimiento a estos acuerdos durante un año. "Parece que el Gobierno empeñó la palabra y botó el recibo", enfatizó la lideresa de las comunidades afro.
¿Cómo están los ánimos de las comunidades negras?
José Santos explicó que las comunidades están animadas, en el paro, aguantando y resistiendo. Durante la movilización y en pleno bloqueo de vías, siguen practicando deportes como el fútbol, realizando actividades culturales o bailando currulao.
Una fuente consultada del PCN explicó que durante el día pueden estar sobre la vía más de 200 personas, además de quienes se encuentran alrededor. En las noches, vuelven a sus territorios pero mantienen vigilancia continua sobre la carretera.
Según explica un manifestante de Santander de Quilichao, las comunidades se encuentran bien a pesar de las agresiones del Esmad: continúan en pie de lucha. Allí se encuentran mujeres, jóvenes, adultos mayores, entre otras personas que permanentemente analizan lo que está pasando. Incluso han cuestionado las prácticas racistas que sufren las comunidades afrodescendientes en el país.
Francia Márquez explicó que al comienzo del Paro hubo varios atropellos por parte de la Fuerza Pública, siendo el primer día el más grave. Aclaró que siguen exigiendo al Gobierno la instalación de la mesa y el cumplimiento de los acuerdos.
Las comunidades negras han ocupado las vías y se encuentran en la movilización por medio del uso de la música. Están armados de tambores y de baile e insisten en mantenerse en el Paro Nacional por el cumplimiento de lo acordado con el Gobierno.
Finalmente, José Santos invitó a todas las personas de las ciudades a que se sumen a negociar juntos y les solicitó que no vean la jornada de la Minga Étnica, Campesina y Popular como un obstáculo, sino como una forma de luchar para que todas las personas cuenten con mejores alimentos: "Lo que está en juego es la seguridad y la autonomía alimentaria de este país".
Minga Nacional se mantiene y se abre corredor humanitario en la Panamericana
Foto: Cumbre Agraria
9 Jun 2016 Contagio Radio
Las comunidades negras, campesinas, afrocolombianas e indígenas de todo el país continúan en Minga pese a que exista un pre-acuerdo entre el gobierno y el Concejo Regional Indígena del Cauca. Cerca de 18 mil indígenas caucanos siguen en movilización, pues lo que se busca es que se el gobierno atienda las reclamaciones a nivel nacional.
"La gente ha aguantado tanto, que un día más sin suministros se puede aguantar, la gente está cansada de aguantar las políticas regresivas del gobierno, están mamados de que su territorio sea destruido", expresa José Santos, vocero de la Cumbre Agraria y líder del Proceso de Comunidades Negras, quien añade que las organizaciones que hacen parte de la Cumbre "están más unidas que nunca".
Desde la Minga Nacional se denuncia desinformación en torno a la continuidad del paro, mientras que gobierno se prepara una arremetida de la fuerza pública contra los manifestantes en todo el territorio nacional.
Así sucedió ayer en la noche cuando nuevamente el ESMAD llegó al campamento de la Minga en Bruselas, Huila; o como sucedió en Quinamayó, Cauca donde ayer llegaron cerca de 8 camiones con personal militar para desplazarse la vía Panamericana, pese a que la Cumbre anunció este jueves que se abrirá un corredor humanitario sobre la Vía Panamericana.
El vocero del Proceso de Comunidades Negras, denuncia que el gobierno mantiene actitudes racistas y discriminatorias contra la población negra que participa del paro, pues no existe voluntad política de parte del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para entablar conversaciones en territorio de comunidades negras, como Quinamayó y en cambio responde con represión.
Santos asegura que la Cumbre Agraria no tiene comunicación directa con el gobierno, lo que señala como una "incapacidad de interlocución del Ministro Cristo con las comunidades", por lo que menciona que "el presidente Juan Manuel Santos debería hacer el relevo del Ministro".
"La gente está dispuesta a seguir, la gente se cansa y aburre cuando el gobierno no escucha, cuando tenemos un gobierno intransigente como lo ha demostrado el ministro Cristo", concluye el líder de comunidades negras.
18 mil comuneros indígenas de la ACIN se mantienen en minga en el Cauca
Foto: Camilo Ara
Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 9 junio 2016.-Por lo menos 18 mil indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, continuarán en Minga con el bloqueo de la vía Panamericana, pese al pre-acuerdo firmado entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, según afirma la líder Celia Umanza. Las comunidades se mantendrán en la vía que comunica La María con Caldono y El Pital con La Agustina, los campesinos y afrodescendientes estarán en el siguiente tramo de la vía.
Andrés Almendra, consejero del CRIC, asegura que el pre-acuerdo hecho con el Gobierno para el desbloqueo de la Panamericana se dio porque se acordó la discusión del tema mineroenérgetico en una comisión que sesionará en La María; sin embargo, sí no se llegan a avances puntuales las comunidades retomaran el bloqueo, teniendo en cuenta que llevan por lo menos 17 años esperando que el Estado les cumpla.
Pese a la determinación del CRIC, los 13 procesos que integran la Cumbre Agraria "están más unidos que nunca", así lo asegura José Santos, miembro del 'Congreso de los Pueblos' y del 'Proceso de Comunidades Negras', quien agrega que se trata de una negociación a nivel nacional con procedimientos que ya habían sido acordados con el Gobierno, pero que son desconocidos para "romper la unidad del movimiento social".
La Cumbre Agraria según la Mesa Única Nacional y el procedimiento que estableció con el Gobierno, "sigue firme en esta gran Minga y en las carreteras", con el respaldo de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que continúan movilizándose en las diferentes regiones del país a la espera de que se instale la mesa de negociación para establecer un cordón humanitario en las vías que permanecen bloqueadas.
"Hasta que haya mesa de interlocución, desbloqueamos la vía"
Foto: Archivo
7 Junio 2016
La Minga Nacional ya va en su noveno día, por un lado, las comunidades aseguran que desbloquearán la vía Panamericana hasta que se instale la mesa de interlocución entre el Gobierno y los voceros de la Cumbre Agraria, y por el otro, el Gobierno afirma que esta interlocución no se dará hasta que no sea desbloqueada la vía. Los campesinos insisten en su exigencia, porque temen que, como en el ocasiones pasadas, el desbloqueo de la vía sea aprovechado para redoblar la fuerza pública y agredir a los manifestantes.
Robert Daza, vocero del Coordinador Nacional Agrario e integrante del Congreso de los Pueblos, asevera que el desarrollo de esta Minga ha sido dinámico y complejo; de una parte, algunas comunidades han decido dejar las vías por uno o dos días para luego volver, por otra, el Gobierno nacional no ha querido tratar con la seriedad que se requiere las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria.
Pese a que se instaló una comisión de derechos humanos para atender las agresiones que se han presentado en el marco de la Minga, desde el Ministerio de Defensa se insiste en que esta movilización está infiltrada por el ELN, acusación que es rechazada por las comunidades rechazan, argumentando que son autónomas y se están manifestando por las afectaciones que les han representado las actuales políticas públicas.
Mientras se instala la mesa de interlocución en La María, Piendamó, los campesinos reiteran la exigencia de que el Ejército Nacional se retire de los puntos de concentración y que el ESMAD no intervenga en la movilización. Así mismo hacen el llamado para que los 15 menores que fueron detenidos en Berlín, Norte de Santander, sean puestos en libertad.
Más de 100 personas agredidas por la Policía en el Huila
08 jun. CI- Cerca a la media noche del pasado 7 de junio, más de 100 personas concentradas en el sitio conocido como Bruselas, municipio de Pitalito en el departamento del Huila, fueron atacadas por miembros de la Policía. Con armas de fuego, obligaron a las personas a huir de los campamentos realizados en el marco del Paro Nacional.
El centenar de personas fue afectado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- de la Policía y, según informó una fuente cercana al Congreso de los Pueblos vinculada al Paro Nacional, el grupo de manifestantes desarrollaba una actividad informativa para los habitantes de la zona a propósito de las causas del Paro Nacional.
Las personas, pacíficamente reunidas, fueron obligadas a huir en medio de la oscuridad por el que consideraron "terror generado por la Fuerza Pública en la comunidad". La Policía disparó al aire hasta pasada la media noche. Ante las agresiones, el Comité de Integración por los Derechos Humanos de la Minga Nacional se comunicó con delegados de la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas, la Gobernación del Huila y el Comandante de la Policía. Sin embargo, los disparos continuaron.
Así mismo, miembros de la Policía destruyeron los sitios de descanso de las comunidades, afectando a familias provenientes de Pitalito, Palestina, Oporapa, Yaguara y La Argentina, entre las que se encontraban mujeres, adultos mayores y niños. no hubo personas asesinadas.
Debido a la confusión y el clima de miedo, solo hasta la mañana del miércoles fue posible el ingreso de organismos humanitarios que lograron verificar el estado de los manifestantes. Durante todo el día los esfuerzos se centraron en ubicar a los manifestantes que huyeron de los disparos de la Policía.
Delegados del Congreso de los Pueblos en el Huila aclararon que, durante los hechos, no hubo ninguna quema de buses como inicialmente fue informado y que la única actividad que realizaban las comunidades era la entrega de volantes informativos, una labor pedagógica sobre los objetivos del Paro Nacional.
Finalmente, los huilenses insistieron en la necesidad de continuar los procesos de diálogo y negociación entre las comunidades y el Gobierno Nacional, además del cumplimiento a los acuerdos pactados, pues en el comunicado público hecho desde las comunidades resaltaron: "[…] En la semana anterior se habían generado reuniones con las entidades gubernamentales con el fin de que se brindaran las garantías para la movilización que se realiza en el departamento por parte de campesinos, pescadores artesanales y habitantes de los asentamientos que se recogen en las banderas de Congreso de los Pueblos".
Por agresiones del ESMAD al Paro Nacional 33 eurodiputados envían carta al presidente Santos
Foto: contagioradio
9 Jun 2016
Un grupo de 33 eurodiputados escribieron una carta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que manifiestan su preocupación por la actuación del ESMAD en contra de los manifestantes en el marco del Paro Nacional (Minga) entre las que se encuentran los asesinatos de 3 indígenas y las amenazas de los paramilitares a participantes del paro en el departamento de Antioquia.
En la misiva los diputados señalan que hay varias acusaciones contra integrantes de la Fuerza Pública "en particular, nos preocupa especialmente el comportamiento del ESMAD que ha sido acusado de atacar verbal y físicamente a los manifestantes y de realizar detenciones arbitrarias" además reafirman que el Paro Nacional ha sido pacífico y obedece a incumplimientos del gobierno.
"Estas violaciones han ocurrido en el contexto de un paro pacífico que están llevando a cabo junto a movimientos sociales para solicitar el cumplimiento de acuerdos gubernamentales previos, que datan del año 2013, sobre reformas a nivel agrario" señala el comunicado y agrega que es fundamental que se le dé un tratamiento respetuoso y pacífico a las protestas sociales en medio de un proceso de paz con las FARC y con el ELN "Es fundamental que su gobierno garantice el derecho a la protesta social pacífica".
Por último instaron al gobierno a garantizar que el ESMAD, paramilitares u otro actor no viole los Derechos Humanos, que se investiguen las agresiones contra los manifestantes, tanto los asesinatos como las agresiones, que se atienda a los heridos, que se libere a los detenidos o se les garanticen sus derechos y por último que se establezcan todas las acciones necesarias para que el diálogo sea productivo y se establezcan los acuerdos de manera pronta y por la vía pacífica del diálogo.
Amenazas contra la familia de vocero de Marcha Patriótica en Cauca / Jueves 9 de junio de 2016 |
Intimidaciones y amenazas vía redes sociales ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de la familia de Jonathan Enrique Centeno Muñoz, vocero de la Junta Patriótica Departamental y del Consejo Patriótico Departamental del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Cauca; integrante de la Dirección Regional del Partido Comunista Colombiano; del Consejo y el Comité Patriótico Nacional; de la comisión Nacional de Política Electoral e integrante de la Junta Patriótica Nacional del Partido político Unión Patriótica.
Los hechos se presentaron el pasado 7 de junio cuando la usuaria Leila López a través de redes sociales publicó una imagen de la entrevista que le realizaron distintos medios al vocero del Paro Agrario con el siguiente mensaje: "maldito payaso ni siquiera es payanes este hp es costeño … deberíamos ir a la casa de la familia y no dejarles entrar nada hasta que negosien viven en el tercer piso del edificio de la María … ". Adicionalmente afirma: "yo tengo unos amigos de velotas que lo conocen y dicen que si vamos".
Desde las organizaciones que conforman el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Cauca se hace el llamado a las autoridades civiles y policiales para que adelanten las investigaciones que corresponden y se salvaguarde la vida e integridad de Jonathan Centeno y de su núcleo familiar, que en este momento están siendo objeto de intimidades por parte de un grupo de personas que están en contra de la Minga Nacional convocada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Presencia paramilitar y asesinato selectivo de campesinos en El Bagre, Antioquia / 9 de junio de 2016 |
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, organización que agrupa a mineros artesanales, campesinos y comunidades cristianas de la región de Guamocó, en el sur de Bolívar.
Desde 2015 se viene profundizando una crisis humanitaria por las acciones de grupos paramilitares que se encuentran en el territorio del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, los cuales han generado temor y zozobra. Asimismo el último y más preocupante hecho: el desplazamiento invisible producto de esta situación.
Con impotencia se afrontó el asesinato del dirigente William Castillo, el desplazamiento de otros dirigentes y de los pobladores. El gobierno local ha tenido que sacar médicos rurales ante amenazas de paramilitares y recibir llamadas de los campesinos, posteriores a incursiones paramilitares, avisando que buscan pedazos de cuerpos de hombres torturados y asesinados por parte de estos grupos, prácticas que desde los años 80's han tenido y que hoy se repiten.
En mayo del presente año se profundizó la situación con hechos que fueron oportunamente notificados a las autoridades. El 17 de mayo, al sector conocido como La Rebatiña, según información de la comunidad, llegaron aproximadamente 80 paramilitares con una lista afirmando que asesinarían a los que allí aparecían. Las amenazas se ejecutaron y, como lo denuncio Aheramigua, seis miembros de la comunidad fueron asesinados: torturaron y descuartizaron a los campesinos Gregorio Carrazco Sabaleta y Rafael Meza Meza para posteriormente lanzarlos al río, se presume que hicieron lo mismo con las demás víctimas. Integrantes de las familias, salieron desplazadas y atemorizadas, abandonando la vereda sin rumbo conocido. Al ser la comunidad testigo de los hechos y con los datos suministrados por los pobladores, Aheramigua denunció los asesinatos de estas dos personas. Las otras no ha sido posibles identificarlas porque no se han encontrados sus cuerpos y los habitantes de la vereda informan que las familias se desplazaron.
Ese mismo 17 de mayo, cuando regresaba en una moto para la casa de su familia, fue asesinado el joven indígena Jesús Antonio Chima de 21 años en el sector conocido como Villa Echeverri, vereda de Puerto López. Según los testigos, el indígena fue interceptado por hombres armados quienes le propinaron varios disparos dándolo por muerto. Soldados del Batallón Energético y vial N° 5 llegaron y lo encontraron con vida, sin embargo Jesús Antonio falleció cuando se dirigían para el hospital. El joven hacía parte del resguardo indígena Los Almendros en el cual los paramilitares propinaron una golpiza a un miembro de la comunidad días atrás, pero por el temor que sienten no se atreven a denunciar.
Según comenta la comunidad, en lo que va corrido de este año se han presentado más de seis asesinatos en Villa Echeverri; en todo el municipio dicen que los paramilitares tienen la lista de mototaxistas y de personas de las comunidades que van a asesinar. Así mismo avisaron en el pueblo que prohibían las reuniones en el corregimiento Puerto López, y mucho menos si eran de la Asociación Aheramigua, de la cual no querían ver a nadie.
Lo anterior concuerda con el desplazamiento de la tesorera de la vereda Las Negritas el 19 de mayo. Como líder comunal, Clara Emelda Serna de 36 años, coordinaba trabajo organizativo con el líder asesinado de Aheramigua William Castillo. En la vereda se venía presentando la llegada de paramilitares quienes se identificaban como miembros del Clan Úsuga, distribuían panfletos y hostigaban a los habitantes. El 19 de mayo llegó a la finca de doña Clara un joven desconocido que le puso un audio desde su celular; en la grabación un hombre, que se identificaba como alias "El Peludo", le enviaba un mensaje desde San José de Uré, Córdoba, dándole el ultimátum para que saliera de la región o la asesinarían. La líder salió con sus tres hijos menores de edad (de 17, 11 y 5 años) hacia las veredas colindantes que pertenecen al municipio Remedios. Su esposo, Dairo de Jesús Aguirre de 48 años, permaneció hasta el 4 de junio cuando decidió abandonar 12 mulas y 14 reses que hacían parte del sustento familiar, para desplazarse reunirse con el resto de su familia.
El 28 de mayo, fecha en la que se terminaba la semana por la paz convocada por diferentes instituciones como la alcaldía municipal y Naciones Unidas, fue asesinado un hombre en el sector conocido como La Gasolineria o La Ye del cual se desconoce el nombre.
El jueves 2 de junio en horas de la tarde, asesinaron en el punto llamado La Bonga al campesino Pedro José Mosquera Rodríguez de 21 años, habitante del barrio Berlín de Puerto López.
El viernes 3 de junio en horas de la mañana, 50 paramilitares aproximadamente, portando armas y vestidos con uniformes de camuflado, llegaron a la vereda Río Bagre, del corregimiento Puerto López, y avisaron que tenían una lista de 70 personas a quienes iban a asesinar. En días anteriores los paramilitares arribaron a la finca del señor Rafael Ángel Marín López, al cual iban a matar. Ante el temor por acciones anteriores, el campesino salió corriendo para proteger su integridad y los paramilitares quemaron su casa y acabaron con sus pertenencias a tiros.
Aheramigua tuvo conocimiento también del asesinato de varios campesinos, de los cuales se está recolectando la información, uno de ellos es el campesino de Andry Javier Urrutia de 29 años de edad. Según los informes con los que se cuenta, el campesino se encontraba en el corregimiento Palisadas, departiendo con su compañera, cuando asesinaron a otro campesino del cual se desconoce su identidad; por temor ante este asesinato Andry Javier salió corriendo de la mano con su compañera y en ese instante le propinaron varios disparos que acabaron con su vida.
Los pobladores de la región tienen miedo por lo que pueda pasar porque han visto presencia paramilitar en las veredas La 90, La Bonga y el Alto del Verrugoso. Temen que desde allí se movilicen y realicen una masacre en el corregimiento o que se presenten enfrentamientos entre las insurgencias y los paramilitares. Esto ha conllevado a un desplazamiento, invisible y sutil, tanto a los municipios aledaños como a las veredas colindantes de Segovia y Zaragoza. Es urgente mitigar esta situación antes de que los territorios queden vacíos y las fincas abandonas; convirtiéndose una vez más en zonas de economía ilegal al servicio de los paramilitares, como sucedió hace más de una década.
Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional que garantice la vida e integridad de las personas de las comunidades de El Bagre y de los miembros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó; y llevar a cabo las medidas pertinentes que brinde garantías y efectividad de los derechos humanos en la región. Se exige también a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades pertinentes que se investiguen los hechos aquí denunciados.
Se solicita asimismo a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento a Aheramigua en el desarrollo de su labor social y política.
Se responsabiliza al Estado colombiano por la garantía y protección de los derechos humanos; a la Gobernación de Antioquia, como ente territorial que debe velar por la protección en el territorio, y a las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia, y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan.
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