Saludos desde el centro historico de la cd. de México!!
La Montaña
SEGURIDAD CIUDADANA
Oscar Loza Ochoa
La traición de los gobernantes los ha condenado a la esperanza.
Saadallah Wannous
El pasado día 15 presenté ante el II Foro sobre la Reforma del Estado la ponencia: hacia un concepto de seguridad ciudadana, la comparto con ustedes.
La primera limitante que encontramos al hablar de seguridad es el concepto que se aplica como marco de la misma. Seguridad Pública se le denomina por nuestras autoridades. Es un concepto que corresponde a la vieja doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y que le fue impuesta a los países de América Latina en los años sesenta. Ese viejo concepto de seguridad pública implica poner el interés del Estado por encima de cualquier otro, incluido el de la sociedad. En los años en que surge la doctrina el enemigo que podía poner en peligro la seguridad del Estado (nacional, se decía) era el comunismo. Y contra los comunistas se creó una estructura policial y política, para tener el control de la vida pública por el Estado.
Cayó el muro de Berlín en 1989 y luego en 1991 todo el bloque socialista. El enemigo que inspiró la vieja doctrina de seguridad ya no existía como el gran monstruo del mal. Después de ello, entre la realidad y la imaginación crearon otros enemigos: para algunas regiones el crimen organizado y para otras el terrorismo. Cambió el enemigo y el campo de batalla, pero la esencia de la doctrina no cambió radicalmente. Ahora tenemos otros demonios que ponen en "peligro" al Estado, pues son fuerzas que se ubican más allá de las fronteras nacionales. Es parte de la realidad, sin serlo toda ni la verdad completa. Véase como lo importante es la salud del Estado no el de la sociedad a la que se debe.
Frente a esa jerga sobre seguridad, existe otra doctrina que ha ido ganando terreno en el mundo de la academia, de los organismos internacionales que trabajan la materia de los derechos humanos y entre los ciudadanos de a pie: el concepto de seguridad ciudadana. Sus orígenes se remontan a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la experiencia social ha actualizado el concepto como el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. El reto es salvar el ejercicio pleno de los derechos de cada persona frente a las políticas públicas en materia de seguridad.
Pero el Estado mexicano (incluidas sus entidades federativas) subsidiario de las políticas de seguridad emanadas de Washington, ha cerrado los ojos ante el demoledor fracaso de la vieja e ineficaz política de la llamada seguridad pública. Bajo la mirada del Plan Mérida y el escrutinio de las agencias policiales norteamericanas, México y Sinaloa siguen incrementando las penas a los delitos, reducen las garantías procesales y criminalizan la conducta de menores de edad. La OEA ha llamado la atención señalando que este tipo de políticas pueden derivar en movimientos paramilitares (milicias de autodefensa) como ya lo ha sufrido Colombia y empezamos a sufrirlo nosotros en Michoacán y otros diez estados de la República. Todo cuando el Estado no es capaz de reaccionar eficazmente ante el flagelo de la violencia y el delito.
Los lamentables saldos que arrojan la administración de Felipe Calderón y lo que va de la presente de Peña Nieto en materia de seguridad ciudadana debe ponernos a reflexionar: 70 mil muertos, 20 mil desaparecidos y 200 mil desplazados por la violencia con Calderón; más de 15 mil muertos en el arranque de la presente administración, sin tener cifras preliminares de desaparecidos y desplazados por la violencia cuestionan de por sí, si las políticas de seguridad aplicadas son las correctas. Más grave aún es el problema si partimos de que los objetivos que llevaron a la aplicación de esa política de seguridad eran bajar significativamente el tráfico de drogas, reducir el consumo de las mismas y abatir la impunidad que sigue en el fatídico 95% de los delitos denunciados. Si el costo social son las cifras mencionadas y a pesar de ello tampoco conseguimos abatir ni el tráfico de estupefacientes ni su consumo, ni la existencia de numerosas zonas en el país donde la autoridad son grupos delincuenciales, ¿no es eso el fracaso más rotundo de la llamada seguridad pública?
Colocar en el mismo plano democracia y seguridad le da el verdadero sentido a la seguridad ciudadana, pues el Estado tiene que poner por delante el respeto a las libertades de cada persona y armonizar las actuaciones punitivas con aquellas. Con perspectivas de derechos humanos, hablar de seguridad no se limita a la lucha contra la delincuencia, es tratar aspectos preventivos y los renglones económicos, políticos y sociales, sin los cuales no hay estabilidad ni seguridad.
La inseguridad ciudadana es por ello una negación flagrante del desarrollo humano. Además del impacto inmediato, los delitos afectan otras variables o procesos económicos, sociales y políticos que a su vez facilitan el desarrollo humano. Imposible ignorar que el 62% de la población mexicana vive en situación de pobreza y que un millón 10 mil sinaloenses (el 36.6%) según el Coneval sufren del mismo problema. Entre ellos hay muchos desempleados, trabajadores con empleos indecentes y sin seguridad social, grupos de desplazados de la violencia y pepenadores de los rellenos sanitarios, entre otros. ¿De cuál seguridad ciudadana estamos hablando al referirnos a ellos? Los hijos y las esposas de esos sinaloenses no tienen seguro comer al día siguiente, ni ir a la escuela, ni al médico y su vivienda no cumple regularmente las normas mínimas recomendadas para que viva una familia. Mientras eso pasa los presupuestos de seguridad se incrementan por encima de los porcentajes en que crece la economía y se avanza hacia un Estado policiaco y prácticas policiales que dificultan identificar a quien abusa de la función: patrullas sin placas o placas pintadas de blanco, agentes enmascarados y sin gafete, cinismo en las declaraciones de jefes, sin que desaparezcan amenazas y aplicación sistemática de la tortura.
Concluimos que, es inaplazable abandonar la vieja concepción que nos impusieron los gringos, llamada seguridad pública, porque sólo ha visto al ciudadano como sospechoso de cometer delitos y prioriza la salud del Estado no la del ciudadano.
Y que debe legislarse para que la concepción de la seguridad ciudadana bañe nuestro marco legal en el terreno de la seguridad, entendida esta como la garantía a vivir en un mundo sin violencia y que comienza por la obligación del Estado de crear las condiciones en que las necesidades elementales de alimento, techo, salud y educación estén resueltas y que el ejercicio de las libertades y derechos sea una realidad.
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Subject: La montaña
Date: Wed, 19 Mar 2014 22:28:39 -0700
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