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Miguel Plata, ex comisariado ejidal de El Ranchito asegura que tras la detención de tres de sus compañeros y tomando en consideración la postura del alcalde, Aarón Irizar, a favor de la empresa en la que se involucra a una hija del ex gobernador Juan Millán Lizárraga, los vecinos aledaños al área donde se construye el nueavo relleno sanitario han optado por replegarse. "Sabemos que esto nos va a perjudicar pero no tenemos ningún apoyo de la autoridad, al contrario, nos han detenido a tres compañeros y a otros más ya nos llegaron citatorios", asegura desconsolado el ex comisariado ejidal. Miguel Ángel García Leyva, secretario del Frente Contra la Impunidad, advierte que los representantes de la mencionada empresa no cesan en su afán de edificar el relleno a pesar de que la operación de compra venta de los terrenos aún no está definida, ya que no ha sido aprobada por el ciento por ciento de la Asamblea Ejidal, como se establece en la última reforma al artículo 27 constitucional, que posibilita a los ejidatarios a vender sus derechos. "Los atropellos y abusos que se están cometiendo con esta gente son una vil infamia", argumenta García Leyva, quien acusa la existencia de actos de confabulación del gobierno estatal y municipal para proteger a la empresa Altya, basándose en una ley de ecología totalmente obsoleta. "Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a los ejidatarios y a sus familias, además de sus representados, porque no es posible que por oscuras maniobras y engaños orquestados por las propias autoridades de gobierno y del municipio, se pisotee la dignidad de quienes por muchos años adquirieron sus derechos para vivir decorosamente", afirmó García Leyva. "Estamos viviendo un panorama de angustia y desesperación porque, si el proyecto del nuevo relleno se cristaliza, vamos a tener aquí con nosotros un grave foco de contaminación que lo mismo amenaza al medio ambiente que al canal con el cual regamos nuestras tierras", precisa el actual comisariado ejidal de El Ranchito, Teodoro Rubio Monárrez. Concesión "amañada" Lucila Ayala de Moreschi, regidora del cabildo del ayuntamiento durante el trienio de Jesús Enrique Hernández Chávez, en cuya fase final se autorizó la controvertida concesión a la empresa Altya para el manejo y disposición final de la basura, recuerda que ella y varios de sus compañeros en ningún momento estuvieron de acuerdo en que se aprobara dicha concesión. El argumento, dice, fue que el relleno sanitario ubicado en la comunidad "La Pitayita", cerca de la Loma de Rodriguera, en una superficie de 100 hectáreas, aún tiene capacidad para recibir basura en un área de 70 hectáreas. Ayala de Moreschi manifiesta que Hernández Chávez convocó en forma amañada a una sesión de cabildo para exponerle al cuerpo de regidores sobre las ventajas que ofrecía Altya, no sólo en el aspecto económico, sino también en el renglón laboral a favor de los trabajadores de aseo y limpia del ayuntamiento, con la promesa de que éstos se convertirían en socios, con las utilidades que se generarían mediante la comercialización de los deshechos reciclables. La exposición de "El Chuquiqui", no convenció a la mayoría del cuerpo de regidores de aquel tiempo puesto que no existían bases concretas en el marco legal y además todo estaba disfrazado de falsedades para favorecer a la empresa propiedad de una hija del ex gobernador Millán Lizárraga. García Leyva y el ex comisario, Miguel Plata, coinciden en señalar que entre quienes maniobraron para adquirir los terrenos ejidales mediante engaños, están Ramón Montoya y Alfredo Saldaña, representante del ejido Los Huisaches. El secretario del Frente Contra la Impunidad añade que Ramón Montoya, quien fue enviado por Guillermo Güereña para realizar la operación de compraventa de las 40 hectáreas donde se pretende ubicar el nuevo relleno, les dijo a los ejidatarios que ahí se iba a construir un complejo industrial y un centro habitacional, lo cual resultó un engaño. Esto trajo como consecuencia el boqueo a la maquinaria de dicha empresa por parte de los ejidatarios, quienes posteriormente fueron denunciados por los representantes de la misma bajo el argumento de que le estaban impidiendo el derecho de paso hacia los terrenos adquiridos mediante engaños y sin la aprobación de la Asamblea General del Ejido. Con base en supuestas actas levantadas por el Notario Público, Francisco Javier Gaxiola, tres de los ejidatarios que se mantenían en plantón a un lado de los terrenos fueron detenidos por la Policía Ministerial. Al ser consultado por Contralínea Sinaloa respecto a la autorización para el nuevo relleno sanitario, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Salvador Flores Acosta, expresó que para ellos no hay ningún problema porque, incluso, existe un convenio mediante el cual los trabajadores de aseo y limpia se convertirán en socios de la empresa Altya para efecto de la comercialización de los desechos reciclables. Mientras que Flores Acosta dice esto, el secretario del Frente Contra la Impunidad lo desmiente al asegurar que sólo se trata de una falsa maniobra para justificar la acción unilateral del alcalde a favor de la empresa Altya. Pepenadores desamparados Como parte de las acciones encaminadas a la activación del nuevo relleno sanitario, el actual ayuntamiento de Culiacán le negó la renovación del permiso a 100 miembros de la Sociedad Cooperativa de Pepenadores del Relleno Sanitario la "Pitayita", que realizan labores de recolección de basura reciclable en el viejo relleno sanitario. Los integrantes de la sociedad cooperativa, que cuentan con dicho permiso desde la gestión del ex alcalde Gustavo Guerrero Ramos, se plantaron frente al Palacio Municipal para exigir la renovación del mismo. Pese a todas las adversidades, el Frente Contra la Impunidad promoverá la anulación de la operación de compra venta del terreno de 40 hectáreas, donde se pretende edificar el nuevo relleno bajo el argumento que no se contó con la aprobación de la Asamblea Ejidal. Publicado: Julio de 2006 / No. 13 | 
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