Saludos desde tierras tapatias!
Andrés Contreras
"el juglar de loscaminos"
cel 55 19 31 82 71
La Montaña
DE SANTA ANNA A PEÑA NIETO
Oscar Loza Ochoa
Una eterna historia de pérdidas:
del territorio primero y del patrimonio nacional ahora.
En 1847 se abrió un círculo trágico para México que ahora intenta cerrarse. El despojo es el elemento central de ayer y hoy. Con la guerra no declarada e injusta de aquél año, Estados Unidos termina despojando a nuestro país de más de mitad de su extensión territorial, como todos los sabemos. Con la contrarreforma constitucional que el Presidente Peña Nieto lleva a cabo, el patrimonio energético, minero, hídrico, eólico, forestal y cultural se está hipotecando a título de despojo.
Las infamias no paran allí: a pesar de que en este país sólo el 13 por ciento de los trabajadores está sindicalizado y menos del 50 por ciento inscrito en el IMSS o ISSSTE, les asestaron nuevos golpes, pues sus derechos laborales a la pensión, a la estabilidad laboral y a un ingreso decoroso, se han esfumado como la niebla después del amanecer.
¿Y dónde han quedado los derechos humanos en este sexenio? En buena medida son parte del despojo que estamos sufriendo históricamente. No por cotidiana la violación de los derechos elementales debe verse como la normalidad en México, pues es tan gigante la deuda en esta materia que asfixia la vida pública desde cualquier arista. Y cuando hablamos de violaciones a derechos humanos y saldos que arroja la violencia mencionamos las imprecisas cifras con que contamos a falta de datos fieles, para darnos una idea de la magnitud que tienen estos problemas.
México no ha sido un país de estadísticas y en esta materia le conviene al Estado que no haya precisiones, pues las respuestas también buscan el sesgo interesado de los grupos en el poder. Pero los números rescatados por organismos de la sociedad civil, por investigadores y por los medios de comunicación, han obligado a la autoridad al registro (no pocas veces manipulado) de los delitos y los saldos que arroja la creciente violencia. Y desde luego a confrontar números de manera pública.
Y en este quehacer, las contradicciones y ambigüedades no le han faltado al Estado, pues habiendo afirmado que la herencia recibida de Felipe Calderón llegaba a los 27 mil desaparecidos, luego se retractó y fijó la cifra en 22 mil. Sin tomar en cuenta los números que aporta el gobierno de Peña Nieto y sin entrar en la disputa de las cifras anteriores, el saldo de más de 20 mil desaparecidos en un sexenio manifiesta, por sí solo, que no es explicable en un país sin guerra civil.
Otras cifras son terribles también, ¿cuántas fueron las muertes violentas en el sexenio anterior y cuántas van en el presente? ¿Qué número de viudas y huérfanos hereda esa violencia hasta hoy? ¿Cuántas personas incapacitadas de manera temporal o permanente deja esa imparable violencia? Al menos en términos de la economía nacional, organismos especializados nos dicen que afecta negativamente en un 12 por ciento al PIB.
En ese marco, el prestigio del Estado ha sufrido un serio quebranto y dos fenómenos sociales empiezan a tomar cuerpo en serio en este país: los reclamos y exigencias de sectores sociales que antes fueron pasivos, acompañados de la movilización social y las presiones internacionales para que el Estado mexicano responda en materia de derechos humanos.
Las tropelías de Antonio López de Santa Anna dejaron en su tiempo un país mutilado y que no pudo cobrarle facturas hasta 1855 con la Revolución de Ayutla. La contrarreforma constitucional de Peña Nieto y las crecientes violaciones de derechos, han creado una crisis humanitaria que ya deja muchos millones de agraviados. Las movilizaciones que se han generado después del caso de los 43 de Ayotzinapa y las presiones internacionales han llevado al Estado a la atención tardía y parcial de los reclamos. El Senado convocó a familiares con desaparecidos, con el fin de escuchar propuestas de reformas a la Ley sobre desapariciones forzadas. Ojalá que den un paso firme en este renglón.
En los últimos meses las reuniones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han sido frecuentes, pero se ha privilegiado el trabajo de escritorio. Los problemas mayores no se están atendiendo y eso crea inconformidad y desesperación. No hay búsqueda planeada y efectiva de cuerpos en los lugares señalados como posibles receptores de fosas clandestinas, ni la investigación que exige el fenómeno de las desapariciones para esclarecerlas y que los responsables (sin importar rango ni poder) comparezcan ante los tribunales por ese delito de lesa humanidad. Tampoco hay protección para las familias que por su cuenta desarrollan el trabajo de búsqueda. Ya hemos sufrido grandes pérdidas por ello, recordemos el caso de la compañera Sandra Luz Hernández. No debemos seguirlo permitiendo.
El Estado queda emplazado a cumplir las tareas constitucionales, los compromisos internacionales y ante el movimiento de derechos humanos. De no hacerlo, la sociedad está en todo su derecho de cobrar factura como lo hizo el movimiento de Ayutla en 1855. Vale.
Twitter @Oscar_loza
From: oscarloza.ochoa@hotmail.com
Subject: La montaña
Date: Thu, 10 Sep 2015 09:31:50 -0700
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