"Invertir en política generalmente es buen negocio. Paga
altísimos rendimientos, sólo que crea adicción": Jorge Saldaña.
PARTIDOCRACIA
La partidocracia instaurada en México tras las últimas reformas electorales ha logrado que se canalicen a los partidos políticos extraordinarios recursos presupuestales que podrían ser ocupados en renglones como la alimentación, la salud o la educación de la población.
México es el país de América Latina que más cantidad de recursos destina al financiamiento público de partidos y a la organización de elecciones, sin mencionar el acceso gratuito a los medios de comunicación.
Para el próximo año, el Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de más 15 mil 400 millones de pesos, aún cuando no habrá elecciones federales, sólo locales, recursos que deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión.
A los partidos políticos en el país se le brindan una gran cantidad de beneficios en las leyes electorales y fiscales, pues gozan de exenciones de impuestos, pago de franquicias postales y recursos para las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y los congresos locales.
Del total del presupuesto solicitado por el INE y que habrá de aprobar la Cámara de Diputados, un total de 3 mil 31 millones de pesos son, en forma directa, para los partidos políticos.
Si se toma en consideración que se acortaron los tiempos de campañas, bueno sería que la congruencia entrara en acción y se hiciera lo mismo con los recursos económicos.
En México, los partidos políticos tienen acceso a diferentes tipos de subsidios, de carácter directo, como los fondos públicos desembolsados a las organizaciones y candidatos mediante un procedimiento legal; de carácter indirecto, como acceso a los medios de comunicación de propiedad estatal, e incluso comerciales; o específicos, como fondos proporcionados a organizaciones vinculadas a los partidos o controladas por ellos, entre ellas las fracciones legislativas o sus institutos de investigación.
A pesar de la generosidad de la legislación mexicana existente, no han estado inmunes a la intervención ilegal de donadores privados o de poderes como el narcotráfico, ni esto ha generado igualdad de condiciones en la competencia electoral, pero si han coadyuvado a la generación de franquicias políticas familiares, como ocurre en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no obstante las violaciones a la ley electoral cuanta con la protección de la autoridad federal para mantener su registro.
Esta enorme cantidad de recursos públicos bien pudieran ocuparse en mejorar la infraestructura educativa, toda vez que más de 17 mil planteles no cuentan ni siquiera con agua potable. O podría usarse para disminuir la dependencia alimentaria del país, que se ha ido agudizando desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se encamina a ser una economía que importará todos sus alimentos, como Taiwán o Hong Kong, pero sin la capacidad de crecimiento de esos países ni su ingreso per cápita, ni sus niveles de vida.
El rechazo de la ciudadanía a estos despilfarros que provocan, entre otros, los miles y miles de comerciales llenos de promesas o saturados de éxitos que no se ven o que son tan simples que no abarcan ni un mínimo de la problemática nacional actual, explica en gran parte el abstencionismo creciente.
Cada elección el voto es más caro y sigue igual de inservible al momento de determinar quién es al que quieren como ganador.
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