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Mexicali, 29 de abril.- El representante de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad, Miguel Ángel García Leyva, denunció penalmente el robo de expedientes de casos documentados y datos de defensores de derechos humanos durante un vuelo de Monterrey a esta ciudad fronteriza.
Las pertenencias sustraídas de la maleta que documentó ante la línea Volaris son dos teléfonos celulares donde se encuentran, entre otros, una memoria con fotografías y archivos; un manual de autoproteccion con directorio telefónico con los números celulares y correos de organismos, además de una carpeta con fotografías de desaparecidos y formatos de casos documentados.
"Ante la situación de alto riesgo que sufrimos los defensores y defensoras de derechos humanos en México por la alta vulnerabilidad que padecemos ante cualquier acontecimiento que atente contra nuestra seguridad personal hace que activemos un SOS y alerta preventiva al ver amenazadas nuestras garantías", dijo García Leyva.
El incidente se produjo el 26 de abril a su regreso del Sexto Encuentro de Organismos Defensores de Derechos Humanos en el que participó con Martha Solorzano y Julio Mata. Dijo que en el módulo de la aerolínea revisaron, inspeccionaron y documentaron el equipaje del vuelo 181.
Dijo que al recoger su maleta se dio cuenta de que faltaban sus pertenencias por lo que intentó poner una queja ante personal de la aerolínea Volaris pero tuvo que hacerlo vía telefónica.
"No se trató de un simple robo por las circunstancias en que se dio y ante el contexto de amenazas, hostigamiento, represión, criminalización, me preocupa la seguridad, no solo mía, lo es también en contra de mi familia y representantes sociales", dijo.
Por ello presentó una denuncia de hechos por robo en la Mesa V de la Sección de Averiguaciones Previas del Ministerio Publico de la Federación en Mexicali.
García Leyva es Beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores Periodistas de la Secretaria de Gobernación por lo que solicitó nuevas medidas para garantizar su actividad de defensoria de derechos y la lucha contra la impunidad.
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