UN TEMA MUY LACERANTE EN ESTOS AÑOS RECIENTES Y NO TAN RECIENTES.
REPORTANDOME Y REENVIANDO DESDE LA HEROICA PUEBLA. SALUDOS Y QUE ESTE DIA SEA MUY FRUCTIFERO MAESTRO. BUENOS DIAS!!
La Montaña
GUERRA SUCIA A JUICIO
Oscar Loza Ochoa
Yo hablo como Dios es servido y no me meto en más dibujos.
Teresa de Sancho Panza
No creo en garbanzos de a libra en materia de procuración de justicia. Pero quién quita y con la ayuda del santo de los ateos encontremos alguno donde menos lo esperamos. Como rayo en cielo sereno nos llega la noticia de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ordenó a la PGR reabrir el expediente integrado por la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, aquella dependencia que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.
Con la resolución 209/2014, el Poder Judicial de la Federación le da la razón a la demanda de justicia interpuesta por Martha Camacho, que fuera víctima de desaparición forzada en la década de los setenta del siglo pasado, testigo de la muerte y desaparición del cuerpo de su esposo, el activista José Manuel Alapizco, y madre en situación de cautiverio. La PGR había declarado el no ejercicio de la acción penal en noviembre de 2012. Si la suerte (llamada justicia) acompaña a Martha y a su hijo Benny, se estaría abriendo una posibilidad real de llevar a juicio a los responsables de la llamada guerra sucia. Estaremos muy pendientes.
En el marco de la noticia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesiona esta semana en nuestro País y realiza trabajos en Guerrero, Tabasco, DF, Nuevo León y Coahuila. Tres temas centran su atención: desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. En la reunión de Saltillo estuvieron presentes Alma Rosa Rojo, Rosy Neriz, Mirna Nereida y Martha Camacho. Allí expusieron la situación que viven las familias con desaparecidos y la actitud de la autoridad local y federal ante su problemática. Reproducimos el documento leído:
No hay resultados. En esta breve frase encerramos la realidad y tragedia que vivimos miles de familias que buscamos nuestros desaparecidos. ¿Qué podemos decir los familiares que llevamos un año, cinco años, diez años y algunos cuarenta, en ésta inacabable búsqueda.
Las cuentas definitivamente no salen a nuestro favor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informaba en una reunión con familiares los días 28, 29 y 30 de agosto, que el gobierno había esclarecido 84 casos y enseguida señaló que la cifra reclamada es de al menos 27 mil desaparecidos a lo largo y ancho de este sufrido país. El porcentaje de casos aclarados es para ponerse a llorar: apenas el 0.00036 por ciento.
Es cierto que el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se ha convertido en un parteaguas en el tema de las desapariciones forzadas. Y que movilizó a sectores sociales muy numerosos en México y a innumerables ciudadanos solidarios en los cinco continentes del planeta. También sabemos que esa indignación social y reclamos sin precedente han llevado al Estado mexicano a establecer algunos compromisos ante la sociedad mexicana y ante la comunidad internacional. Entre esos compromisos destacan legislar de manera integral en materia de desapariciones forzadas y en la protección de activistas de derechos humanos, además de establecer mecanismos para atender realmente esta obligación.
No dejamos de reconocer que hay pasos concretos en la legislación y en el establecimiento de oficinas del mecanismo de protección a activistas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero aun contando con ello y con una burocracia para la atención de familiares y víctimas, hay un trecho enorme entre lo hecho hasta hoy y la localización de nuestros desaparecidos, que a final de cuentas es lo que nos ha llevado a tocar todas las puertas y rincones donde hay autoridad y lo que nos moviliza en la calle.
"En el estado de Sinaloa, la situación que vivimos no es diferente a la que sufren familiares con desaparecidos en otras entidades del país. Tenemos 42 casos pendientes de la guerra sucia de los años setenta del siglo pasado, 87 casos documentados más entre el año de 1994 y 2003 y más 350 a partir de 2006 a la fecha. A fuerza de reclamar por años en la calle y en reuniones con funcionarios hay una Ley sobre desapariciones forzadas que no incluyó todo lo demandado, hay una fiscalía especial con dos oficinas (Culiacán y Los Mochis), y tres perros especializados en la búsqueda de personas.
Las incongruencias es el marco en que se mueve la autoridad y el equipo disponible: no hay un plan elaborado para atender el problema de conjunto, los perros y todo el equipo es subutilizado y no hay un grupo de investigadores especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. Y la madre de todas las ausencias: no hay en Sinaloa un laboratorio de genética forense, a pesar de nuestras exigencias y retrasos en el trabajo de la autoridad, y de las promesas de que en este año estaría funcionando.
El Grupo de Rastreadoras de El Fuerte y Voces Unidas de Culiacán, se han lanzado a la búsqueda de sus familiares en terrenos donde hay indicios o se presume que hay fosas clandestinas y en la zona urbana, cuando se nos señala la presencia de personas que dan el perfil de alguno de los desaparecidos. La autoridad va a la zaga en ello. Y hace acompañamiento a solicitud nuestra, cuando consideramos que hay alto riesgo en la labor de búsqueda. No está demás mencionar que hay lugares pendientes de búsqueda, señalados una y mil veces a la autoridad. Por los riesgos que entraña los familiares no deben presentarse solos. La autoridad, por su parte, debe asumir la tarea que le corresponde.
Ciudadanos y ciudadanas consejeros, maestro Emilio Álvarez, les hacemos un dramático llamado para que la CIDH esté muy pendiente de lo que pasa en México en materia de desaparición forzada de personas y que su relator sea nuestra sombra en la inacabable búsqueda de nuestros desaparecidos. Esperamos que su Consejo esté atento a la legislación pendiente en la materia y del cumplimiento de las medidas cautelares y recomendaciones emitidas por esa noble Institución.
Twitter @Oscar_Loza
PROFR. OSCAR LOZA OCHOA
Responsable de Relación con Instituciones de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
Andrade # 475 Nte. Desp. Núm. 8, Planta Alta
Centro Histórico, CP 80000
Culiacán Rosales, Sinaloa Tel. 6672-09-01-46 y (667) 712-56-80
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