domingo, 7 de septiembre de 2014

[Diariodeurgencia] ARGENTINA: Nuevas condenas al accionar del Secretario de Seguridad Sergio Berni / Total impunidad para los asesinos del maestro // BRASIL: Otro complicado respaldo para la candidata Marina Silva // Movimientos y elecciones en Brasil (por Raúl Zibechi) // MÉXICO REFORMA ENERGÉTICA Y BUITRES // COLOMBIA Mensaje de las FARC-EP Instalación de la sub comisión de género


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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA


Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo

7 septiembre  2014

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ARGENTINA

CRISTINA DESPIDIO AL CORONEL GALEANO Y OBLIGO A BERNI A RECTIFICARSE

La libertad del palo

7 de diciembre 2014

Cristina despidió al coronel Galeano y le hizo asumir la decisión a Berni, quien luego de días defendiendo a su amigo, entregó su cabeza para salvar la propia. Pero Galeano sólo cumplió sus directivas. A un año de las PASO, la violencia institucional unifica a distintas fuerzas, sobre la idea de que esas prácticas aberrantes tienen rédito electoral. La Metropolitana y la Federal compiten por el mismo trofeo en las villas de Lugano. El pionero Massa corre el riesgo de parecer tibio y tolerante.

Por Horacio Verbitsky
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Represión de la Metropolitana en Lugano.

La presidente CFK despidió al Coordinador de las fuerzas de seguridad Roberto Angel Galeano y le hizo asumir la decisión al Secretario de Seguridad Sergio Berni, como precio para conservarle el cargo, aunque fue él quien impartió las órdenes ejecutadas por el coronel carapintada. A Berni no le preocupa la exactitud de lo que afirma. El jueves un comunicado del Ministerio de Seguridad pretendió que el jefe del destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, Juan Alberto López Torales, había actuado de acuerdo con la ley y seguido los procedimientos establecidos para liberar la ruta. El mismo día, Berni dijo que el automovilista Christian Romero no fue acusado de atropellar a López Torales, sino por violar las leyes de tránsito. Pero la imputación de la Gendarmería contra Romero en la causa judicial es por acelerar, atropellar y lesionar al gigante saltarín. También pretendió que Galeano era su asesor y que no tenía autoridad sobre la Gendarmería, cuando todos saben que no es así: Berni quiso nombrarlo como Subsecretario de Seguridad pero Nilda Garré, que como ministra de Defensa lo había pasado a retiro por su participación en el alzamiento carapintada, dijo que sería una incongruencia y Cristina rehusó firmar el decreto. Pero Garré dejó Seguridad en junio de 2013, y en septiembre Berni contrató a Galeano como coordinador de las fuerzas de seguridad. No como asesor. Ese es el contrato que ayer Cristina ordenó rescindir. El comunicado, que contradice todo lo que Berni venía diciendo, ni siquiera fue incluido en la página electrónica del Ministerio y la presidencia se encargó de que llegara a los medios, comenzando por la agencia oficial Télam, pese a que atribuye la decisión a Berni. Dice que "Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los 'Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas', documento elaborado con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación de las fuerzas federales" y que su conducta "contradice los lineamientos ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la seguridad pública". A tan alto precio personal, Berni conservó su cargo y el del gendarme que siguió sus directivas. Pero el problema va mucho más allá del ahora despedido comando militar. El comunicado ratificó las "directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad física de las personas en manifestaciones públicas" por lo cual un funcionario del ministerio "debe estar a cargo de los procedimientos que requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz". Sin embargo, y por detrás de la polémica que entretiene a los gobiernos porteño y nacional, las respectivas policías practican una violencia institucional exacerbada como forma de control del territorio, ya sea ante protestas sociales o hechos sindicados como delictivos. Esto va asociado a la participación de sectores de las propias fuerzas en los delitos que deben combatir y al castigo concentrado en militantes sociales o vecinos humildes. La manipulación informativa presenta esos hechos como episodios de una batalla épica con lo que en forma genérica se denomina el narcotráfico, de lo cual luego no se encuentra huella en los expedientes judiciales, por inexistencia de delito. Un periodismo sin más fuente que los funcionarios interesados contribuye a crear un clima que a su vez justifica nuevas actuaciones similares. Lo más preocupante es la idea, basada en encuestas de opinión, de que esas prácticas aberrantes cuentan con amplia aceptación social y construyen una candidatura. Hay tanta competencia que el pionero Sergio Massa corre el riesgo de parecer tibio y tolerante.

EL TODOPODEROSO SECRETARIO BERNI

Se hace y no se dice

Todas estas fuerzas ejercen lo que el ex presidente Carlos Menem llamó en 1997 "la libertad del palo". Menem atribuyó la expresión al libro El hombre de bien, publicado por Benjamin Franklin hace dos siglos y medio. Hoy nadie pronunciaría palabras tan brutales, pero su puesta en escena es cotidiana en las principales jurisdicciones del país, la Nación, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La enumeración no es exhaustiva y sólo puede sorprender en el gobierno nacional, que durante años aplicó una política de restricción y control del uso de la fuerza e incluso despidió a ministros y policías que se oponían y elaboró protocolos estrictos para su aplicación. En teoría siguen vigentes pero en la vida real valen menos que el papel en que fueron impresos. Esta regresión es impugnada con claridad por el dirigente de La Cámpora Andrés Larroque, cuya militancia comenzó a fines del siglo pasado en la Villa 20 de Lugano, escenario de los peores actos de violencia institucional. Según la información que difundieron la Policía Metropolitana y el gobierno local, en la madrugada del sábado 30 de agosto sus efectivos fueron tiroteados por cien narcotraficantes que intentaban retomar el desalojado asentamiento Papa Francisco, lindero con la Villa 20, y detuvieron a treinta personas. Según esta novela desafiaron al Estado durante una hora con armas, bombas molotov y piedras en una batalla a matar o morir por el control del espacio público. Sergio Berni conoce el paño e ironizó: "¿Cuántos narcotraficantes hubo detenidos? ¿Dónde está la droga? Entraron dos mil policías y no hay un solo narcotraficante". Tampoco hubo policías heridos de bala. Los vecinos dicen que quienes dispararon no pasaban de diez personas y los detenidos de tres. Cuando los metropolitanos respondieron, César Fabián García salió de su casilla con los brazos en alto pidiendo que no dispararan sobre su vivienda lindera al predio, porque allí estaban su mujer y sus seis hijos. La policía lo hizo echar al piso, manos en la nuca, le pegó un culatazo de escopeta en la cabeza y le pateó el torso. García es hijo de la mujer de Diosnel Pérez, uno de los militantes sociales que intervino en 2010 para superar la crisis por la ocupación del Parque Indoamericano. Cuatro días después, que pueden significar la pérdida del trabajo, el juez Javier Ríos dejó en libertad a los tres porque no había ningún elemento para atribuirles el intento de homicidio, el disparo de armas de fuego y la resistencia y atentado a la autoridad que intentaron cargarles. También ordenó investigar cómo actuó la Metropolitana. Berni maneja la realidad virtual con la misma intensidad que su colega porteño Guillermo Montenegro: su oficina de prensa difundió un par de videos, atribuidos a los asustados padres de alumnos de una escuela de Lugano. Berni les promete todo tipo de protección y uno de los asistentes le pregunta por qué tienen que creer que así será.

–Porque yo siempre cumplo mi palabra –dice el héroe.

El problema no se reduce a la policía. Hace cuatro años el Ministerio de Desarrollo de la Nación montó en el Parque Indoamericano un vallado humano que permitía entrar y salir a quienes habían sido censados y recibido pulseras identificatorias, lo cual contribuyó a sosegar los ánimos. Ahora, la Secretaría de Habitat e Inclusión de Desarrollo Social de la Ciudad y el programas Buenos Aires Presente (BAP) son asistentes de la policía. Según trabajadores de asistencia directa consultados para esta nota, los sin techo se instalaron en casa de familiares, en hoteles pagados con un subsidio de la Ciudad o en paradores o refugios. Pero un cuarto grupo quedó en dos acampes en la calle, bajo horribles condiciones meteorológicas: un predio amplio, de libre acceso, y otro vallado. En un hábeas corpus, la Procuraduría contra la violencia institucional (Procuvin) y la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) denunciaron los abusos de la Policía Metropolitana contra los 23 jóvenes y adultos y los dos niños recluidos en ese corralito: controla la comida que ingresa, los pañales de los bebés, bloquea la circulación de las personas, practica requisas violentas. Los trabajadores sociales, cuya situación laboral es precaria, rechazan los métodos que les marca el gobierno de la Ciudad: amenazar a las familias con la intervención de un juzgado de menores que les quite los hijos por tenerlos a la intemperie y prometerles adelantos o extensión de subsidios de 12 a 20 cuotas, cuando la ley y el decreto de austeridad firmado por Maurizio Macrì no lo permiten. Según los trabajadores, el trasfondo económico-social de la ocupación es de explotación laboral y especulación inmobiliaria. En el asentamiento funcionaban dos galpones, uno textil y uno en el que las mujeres del acampe pelaban papas para una firma industrial, a cambio de 75 pesos por día, que se aplicaban al pago en cuotas de los lotes asignados por los gestores de estos galpones, vinculados con la política y el mercado de drogas. La gestión de ese "sistema de enganche" implica el disciplinamiento territorial por parte de estos pesados.

Gas y balas

En la misma semana, una quincena de miembros del Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal irrumpieron en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación instaló en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, también en Lugano. El incidente comenzó con una discusión de uno de los tríos en que se desplazan los federales, con un hijo y un sobrino adolescentes de Alejandro Pitu Salvatierra, el otro referente social que negoció una salida pacífica al conflicto del Indoamericano. El empleado administrativo del CAJ hizo entrar a los jóvenes al local para protegerlos. Diez minutos después, quince policías llegaron lanzando gas pimienta. Salvatierra forcejeó con uno que intentó detener a su hijo y también él fue arrestado. Los acusaron de resistencia y atentado a la autoridad. A partir de allí las versiones difieren: los vecinos dicen que los policías lanzaron los gases dentro del Centro, afectando a los empleados y a la gente que esperaba para realizar algún trámite ante esa justicia de proximidad y que también rompieron el lugar, mientras los federales replican que los gases fueron utilizados afuera pero que una parte se filtró hacia el interior. Ante un pedido de explicaciones del Secretario de Justicia Julián Álvarez, Berni respondió que los federales habían sido provocados. Al cierre de esta edición el CAJ seguía cerrado y la policía se jactaba de su control. Más allá de los detalles, que cada uno describe a su manera en un universo donde no hay ángeles, lo sucedido muestra el abandono de la política de prevención comunitaria, que privilegia el diálogo y la negociación con las organizaciones y los líderes sociales y el regreso a la de fuerza y ocupación territorial. Algo congruente ocurrió en el Barrio Norte de la Ciudad. A las seis de la tarde del jueves 28, una tormenta de balas se desató sobre los transeúntes, que se arrojaron al suelo desesperados. Un testigo, que protegió con su cuerpo a una hija en edad escolar, cuenta que venía por Arenales y al cruzar Aráoz en dirección a Coronel Díaz "empezaron a llegar patrulleros y autos de civil desde todas las direcciones. Conté veinticinco". Eran de las comisarías 19ª, 23ª y 53ª, de civil y de la Metropolitana. El hombre atinó a filmar con su teléfono el descenso de un policía armado de un patrullero que corre arma en mano por la calle. La persecución de un Volkswagen Bora negro había comenzado en Santa Fe y Agüero, donde tres hombres asaltaron un negocio de telefonía celular. El primer tiroteo se produjo en Santa Fe y Gallo, el segundo en Scalabrini Ortiz y Juncal, donde uno de los ladrones descendió del auto y fue detenido, y el tercero en Beruti y Scalabrini Ortiz. El muy bien aleccionado comisario Jorge Baldo, quien sucedió como director de Comunicaciones al actual jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, explicó que el enfrentamiento fue "controlado" y se hizo "un uso racional de la fuerza, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría de Seguridad Operativa a cargo del doctor Sergio Berni, cuidando la integridad física de los ciudadanos y del personal policial". Cuando los periodistas le insistieron sobre el riesgo de abrir fuego en esa zona y a esa hora, Baldo se apartó del aprendido discurso institucional y en un acto de sinceridad respondió que no hubo heridos, "gracias a Dios".

fuente: Página 12

Polleras

Por Horacio Verbitsky
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Un médico que quiere ser militar. A la izquierda su jefe de prensa, Diego Llumá.

Con gorra de alguna de las fuerzas de seguridad y atuendo deportivo que puede confundirse con el uniforme de fajina del militar que le gustaría ser, el médico Sergio Berni, quien también dice ser abogado, se multiplica, a cualquier hora del día o de la noche. No teme a nada ni nadie, y menos que nada al ridículo. No está en discusión su entrega a la tarea, sino su legalidad, su eficacia y su compatibilidad con el proyecto político que integra. Su principal recurso discursivo es la descalificación del antagonista. Si Aldo Rico decía que los soldados no dudan, porque la duda es la jactancia de los intelectuales, Berni sostiene que no filosofa sobre seguridad porque está todos los días en la trinchera. Así explicó su inasistencia al Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular en el Salón Azul del Congreso, del que sí participaron los diputados nacionales Andrés Larroque, Horacio Pietragalla, Remo Carlotto y Jorge Rivas; los precandidatos presidenciales Agustín Rossi, Julián Domínguez y Jorge Taiana; el Secretario de Justicia, Julián Alvarez; los titulares de la Anses y de la Sedronar, Diego Bossio y Juan Carlos Molina; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; organizaciones sociales y de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la violencia institucional. Hace dos semanas, Berni interrumpió con virulencia a la periodista Cynthia García, un femenino que cuestionaba la represión a los trabajadores de Lear: le dijo que la Gendarmería actúa "constitucionalmente" porque "las rutas son para circular", ignorando la vasta jurisprudencia sobre la jerarquía de derechos en conflicto, que privilegia la libertad de expresión, como queda claro en los proyectos de regulación que a pedido de CFK se están discutiendo en la Cámara de Diputados. La desafió a que lo acompañara a las cuatro y media de la mañana cuando hubiera un corte y probara a desalojarlo de otro modo. Cuando ella replicó que no era su función, Berni la desdeñó: "Esto no es una cuestión de intelectualidad, esto es sentido común". Esta semana intentó aplicarle el mismo esquema a Marcelo Longobardi, un masculino que desdeña quedar a la izquierda de Berni. El periodista dijo que los alumnos de una escuela de Villa Lugano llevaban dos semanas sin clases porque nadie les garantizaba la seguridad: "Usted dice conocer la villa pero yo sólo lo veo jugando al golf. El que está en el barrio, con los pies en el barro todos los días soy yo", le contestó. El ex columnista de la Escudería Hadad, hoy en el Grupo Clarín, tiene más claro que Berni quiénes dan las órdenes y quiénes las obedecen, y lo puso en su lugar con un desplante al tono: "Yo voy a jugar al golf todo lo que se me canten las pelotas, ¿estamos claros?". Pero además de mostrarle quién la tiene más larga expuso un razonamiento impecable: un ciudadano hace lo que quiere con su tiempo libre pero el trabajo del funcionario es "garantizar que haya clases". Siguiendo el ejemplo de su admirado ex carapintada Rico, Berni arrugó ante Longobardi y luego de la tanda le pidió perdón. Después de dos días defendiendo al coronel Galeano, justificó su despido, decidido por Cristina. Cuando la última semana le preguntaron por mi nota "Muchos Machos Malos", se escondió debajo de las polleras de Francisco: dijo que no discute con alguien que "también ha dicho cosas del Papa". Un hombre de acción. 

Fuente: Página 12

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EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y UN CULEBRÓN INTERMINABLE

48 horas en las idas y vueltas  de "Rambo" Berni

1) Sergio Berni defiende al espía infiltrado y al "gendarme carancho"

4 DE SEPTIEMBRE

ver el video:    http://youtu.be/BxSx5SXHc8w

2) Echaron al militar de civil que estaba en la protesta en la que un gendarme se arrojó sobre un auto

Se trata de Roberto Galeano, el "canoso de barba" que participó en varios operativos de la Gendarmería; dicen que "incumplió con sus responsabilidades"

6 DE SEPTIEMBRE

El secretario de Seguridad, Sergio Berni , echó a Roberto Galeano, el militar de civil que estaba en la protesta de trabajadores de Lear en la que un gendarme se arrojó sobre el auto de un manifestante.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado, "su comportamiento en un operativo de control de cortes de rutas fue incompatible con los principios de profesionalidad necesarios para la supervisión del desempeño de los efectivos policiales".

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 Crece la tensión interna en la Gendarmería y afecta a Berni

Inquietud en un sector del Gobierno por el papel de la fuerza en el control de los conflictos. CFK lo respalda a pesar de las críticas.

Apoyo. La Presidenta defiende las políticas de su secretario. | Foto: Cedoc

A los 52 años, el secretario de Seguridad y hombre de confianza de Cristina Kirchner a la hora de aplicar la "mano dura" del oficialismo, Sergio Berni, quedó en el centro de la polémica por el video que muestra a un gendarme arrojándose sobre un auto para simular ser atropellado por manifestantes. El episodio, ocurrido el 30 de julio, saltó a la luz esta semana. Ayer, sin desparpajo, Berni defendió al oficial Juan Alberto López Torales y afirmó que actuó conforme a la ley.

Sin embargo, en la Casa Rosada se encendieron las sirenas: ¿el funcionario tiene bajo control a la fuerza? ¿Puede afrontar las internas? Algunos uniformados están agotados de tener que estar en los focos de conflicto cuando deberían estar en las fronteras. El secretario de Seguridad los utiliza tanto para recuperar el "orden público" –un pedido que le hizo Cristina– como para desalojar un asentamiento infiltrado por narcos. Por eso se cree que el video que muestra al gendarme "carancho" fue filtrado por un hombre de la Gendarmería (ver página 8). Entre los integrantes también hay malestar por los salarios. Si bien en junio se dispuso por decreto un aumento de 28%, los gendarmes no estarían del todo conformes.

Otra queja de algunos gendarmes es que Berni los utiliza para hacer su "show" personal: les detalla hasta cómo se tienen que parar y les adelanta a los canales de televisión cuándo aparecerá colgado de un helicóptero para supervisar los operativos. Es por eso que su figura creció en conocimiento y hasta hubo quienes lo entusiasmaron para que fuera candidato a gobernador o a jefe de Gobierno porteño.

En el Gobierno están contentos con lo que mide en las encuestas. Creen que dice y hace lo que le gusta oír y ver a gran parte de la clase media. Tiene el respaldo total de Cristina Kirchner, acceso directo a Olivos, y más poder que la ministra, María Cecilia Rodríguez. Sus asesores dicen que no tendrá ningún problema por este incidente. Lo mismo aseguran sus detractores. Pero tiene internas con el ala progresista del Poder Ejecutivo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –histórico aliado del kirchnerismo– difundió un comunicado que se titula "Las prácticas policiales violentas son contradictorias con la ampliación de derechos" en el que se cuestiona el accionar de Berni y la Gendarmería. "En los últimos meses hubo regresiones graves en materia del Gobierno de las fuerzas de seguridad a nivel federal", dice el informe. Su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, advirtió en el diario Página/12 que el que estuvo a cargo del operativo que terminó con el gendarme "carancho" fue Roberto Galeano, un ex espía simpatizante de los carapintadas pasado a retiro por Nilda Garré y recuperado por Berni.

"Es mi amigo", reconoció el funcionario ayer en televisión. Berni frenó la ley antipiquetes que promovía el kirchnerismo en el Congreso y eso disgustó a los diputados oficialistas.

El secretario sostiene que no se puede regular algo que está prohibido por el Código Penal. Y su palabra, por ahora, pesó más.

 

"Se respetaron los protocolos"

El polémico operativo que se realizó el 30 de julio en la Panamericana cuando un gendarme se arrojó sobre un automóvil y simuló ser atropellado para detener al conductor, fue respaldado en el Ministerio de Seguridad que comanda María Cecilia Rodríguez. También justifican el extraño rol del coronel retirado Roberto Galeano. "Se respetaron los protocolos de actuación que están elaborados para este tipo de casos. El comandante de Gendarmería se tiró sobre el auto por una orden superior. Fue una estrategia para frenar a un auto que iba a ocasionar disturbios", explicó a PERFIL un funcionario cercano a Rodríguez. Respecto a Galeano aseguró que "es un funcionario de este ministerio que cumplía el rol de negociador y veedor, tal como se establece en un protocolo para el uso del poder del Estado para desarticular las manifestaciones públicas, que fue firmado por todas las provincias". Más allá de los testimonios, que ilustran la visión oficial, dentro del Ministerio de Seguridad hubo cuestionamientos por el "desastroso" operativo y las repercusiones. De todas maneras, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, no impondrá sanciones y "va a defender la propia tropa, no va a entregar a nadie a la picadora de carne", aseguró un íntimo del teniente coronel médico.

El líder de La Cámpora respaldó a Sergio Berni: "Nadie puede discutir su compromiso"

El diputado nacional Andrés "El Cuervo" Larroque elogió la tarea del secretario de Seguridad, que fue cuestionado por algunos sectores del kirchnerismo; duras críticas a la Policía Metropolitana

El líder de la agrupación kirchnerista La Cámpora, Andrés "El Cuervo" Larroque , salió a bancar al polémico secretario de Seguridad, Sergio Berni , quien fue cuestionado por algunos sectores que apoyan al oficialismo por la represión a la protesta social.

"Son temas complejos. Sergio es un funcionario muy comprometido, que puede tener aciertos y errores, o con quien podemos coincidir o no, como puede ocurrir con cualquier otro caso. Pero nadie puede discutir su compromiso", aseguró Larroque, durante una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

El diputado nacional del Frente para la Victoria cuestionó, además, a los dirigentes de la izquierda que apoyan los cortes en la Panamericana de los trabajadores despidos de la autopartista Lear.

"¿Es lógico que el centro de estudiantes de Filosofía y Letras corte la Panamericana? Yo lo digo, y fui protagonista, en otro tiempo de la Argentina, con muchos compañeros y vecinos y vecinas que no tenían trabajo ni para comer, de lo que eran los piquetes. Ahora, un contexto era aquel y otro es éste. Recordemos que este gobierno les sacó las armas a las fuerzas en los conflictos en la calle con el protocolo de intervención ante protestas. Además, muchos no alientan la solución de los problemas, sino que buscan -porque los sectores de esta izquierda tienen una lógica mediática que se acerca a la derecha- aparecer en las pantallas porque terminan siendo adictos a los medios", apuntó Larroque.

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JORGE CEBALLOS RECLAMA LA RENUNCIA DE BERNI:

Sergio Berni ha terminado de desbarrancarse en la banquina de la derecha represora. La detención de militantes, menores y niños y alojarlos en Campo de Mayo, justo el día del "Desaparecido",  sus declaraciones xenofóbicas, la designación de personal exonerado del ejército en su cartera de seguridad operando como agentes de civil en los conflictos  y el grotesco de la Gendarmería con su jefe simulando un atropello para justificar la represión son una larga zaga del Rambo Cristinista.

"Debo decir con franqueza que no me asombra nada, lo conozco desde que compartimos la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ya por entonces hacía trascender sus alardes de su participación en el golpe de los carapintadas y me consta su autoritarismo ante los empleados del Ministerio, particularmente con las mujeres. Un personaje al que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debe pedirle la renuncia pero también al que nunca tendría que haber designado", expresó Jorge Ceballos, precandidato a gobernador de Libres del Sur en el Frente Amplio UNEN.


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OPINIÓN de un trabajador sobre el caso Berni

"NO SOPORTAMOS MÁS LA MENTIRA"

Por Carlos Tello
(de la Fábrica de los Laboratorios Roux-Ocefa. Villa Luro.)


-¿Vieron el gendarme que se tiró encima de un auto como para que parezca que lo atropellaron? ¡Qué hijo de puta!
Esa fue la frase repetida en el comedor de la fábrica decenas de veces. ¿Por qué tanta repercusión por uno más de estos abusos de autoridad? Todos los días los vemos en las calles, en nuestros barrios, como la policía, los gendarmes, la prefectura, cualquier que porte un arma legal, nos trata de perejiles.
Cientos son los pibes asesinados por el gatillo fácil, otros miles los que vieron a la policía destrozar sus casas en allanamientos injustificados, ni hablar de los palos cuando salimos a protestar.
Pero en la fábrica el gendarme que se tiró arriba de un parabrisas para detener una protesta parece que fue la gota que rebalsó el vaso. Mientras circulaba un celular con las imágenes los más viejos decían "parece la época de los milicos" y los no tan viejos "me hace acordar a lo que pasó en el puente pueyrredon cuando mataron a esos dos pibes".
Lo que pasa es que los trabajadores estamos empezando a sentir algo que hacía mucha falta, la empatía con el otro. Cuando vemos en la tele que los que salen a cortar calles y manifestar lo hacen por lo mismo que nos pasa a nosotros todos los días ¿Cómo no ponernos en su lugar?
Y lo que no estamos dispuestos a soportar más es la mentira. La mentira es lo que más nos duele, porque las promesas incumplidas son lo que más nos lastima. Y ese agente del Estado quiso mentirnos, quiso hacernos creer que esos manifestantes son salvajes dispuestos a pasar por arriba a alguien. Y cuando vemos eso tenemos que pararnos de un lado o de otro, y la decisión empieza a ser cada vez más fácil.
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Parapoliciales

Por Horacio Verbitsky
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Extraditado Von Kyaw.

Daniel Scioli no está dispuesto a cederle la derecha a nadie. El decreto de emergencia que firmó en abril (que le permite hacer compras por unos 600 millones de pesos sin licitaciones, concursos de precios ni control) también incorporó como auxiliares a 40.000 agentes de seguridad privada. Deben estar inscriptos ante una oficina que desde un cargo de asesor maneja el ex Personal Civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983, Carlos Hugo Sottini. En esas agencias se desempeñaron actores de la represión estatal de aquel periodo, como el comisario bonaerense Alberto Pulvermacher, detenido hace dos semanas por su actuación en un centro clandestino de detención de La Plata; el capitán del Ejército Ricardo L. Von Kyaw, con baja deshonrosa en 1978, detenido a fines de junio en Panamá con un documento apócrifo, extraditado a la Argentina y procesado en la causa de La Cacha; el capitán del Ejército Roberto Armando Balmaceda, también detenido en la causa La Cacha; el oficial inspector de la Policía Federal Francisco Rodolfo Mario González Arrascaeta, quien participó en los preparativos de la masacre de Ezeiza en 1973. Esto es posible porque el gobierno incumple la ley 12.297, cuyo artículo 8º, inciso 2 excluye de la seguridad privada a quienes se beneficiaron con las leyes de impunidad o los indultos. Por lo menos 63 agencias fueron habilitadas, salvando el requisito legal. Los exceptuados son:

- Félix Roberto Aladro, del Grupo Custodia (San Pedro),

- Subcomisario federal Juan Carlos Gunsett, de Geo Sig (Moreno),

- Marcos Gastón Carradori, Pablo Funaro, Humberto Daniel Camozzi, Marcelo Alejandro Avalos, Roberto Mario Polari, Mariano Alfredo Puentes y Ramón Nazareno Rodríguez, del Centro de Capacitación Goya, (La Plata),

- Subprefecto penitenciario federal Tito Mártires Quiña, de Ezeiza Security,

- Walter Omar González, de la Compañía de Servicio Satelital (Mercedes),

- Miguel Angel Ferreyra, de Nescarmi (Lomas de Mirador).

- Benito Leonel Torres, de Piscis (Pilar),

- Roberto Oscar Marún, de Power Man (Moreno),

- Alberto Juan Hubert, de Cruz de Malta, (San Isidro),

- Sixto Ramón Barreto, de Tech Security (Vicente López),

- Juan Manuel García, de Star Glocks, (Vicente López),

- Comandante de Gendarmería Juan José Aymerich, de Gadol Beraka, (Tres de Febrero),

- Rubén Jorge Moraña, de Block Security (Remedios de Escalada),

- Rita Rafaela Ruarte, de Jenizaros Seguridad (Bahía Blanca),

- Nicolás Daniel Pretil, de Prosegur Vigilancia Activa (Pilar), Es una agencia de alarmas monitoreadas. Los dueños de casas usurpadas se quejan porque estas agencias no piden título de propiedad ni contrato de alquiler, sólo una factura de teléfono celular.

- Comisario bonaerense Oscar Hugo Salinas, de Ersaer (Quilmes),

- José Luis Llopis, Temple, (San Martín),

- Juan Cristóbal Marín, de GC (Morón),

- Guillermo Alberto Constantino, de Monitoreo Digital (Olavarría).

- Esteban Alberto Orduna, de G4S (Beccar).

- Comisario de Santa Fe Abel Oscar Sosa, de Limpieza y Lingotazo (San Nicolás).

- Luis Alberto Battaglini, de Sinergia Limitada (San Isidro),

- Gastón Leandro Ibáñez Levalle, de Ranger Vip (San Miguel),

- Jorge Luis Andes, de Biguá (Olavarría),

- Oficial de la Policía Federal Sergio Daniel Herrera, de Las Marías (Avellaneda),

- Penitenciario federal Julio César Santander, de Seguridad Integral (La Matanza)

- Juan José Bello, de C&K (San Martín),

- Capitán de Navío Raúl Miguel Rizzo, de Segurmax (Bahía Blanca),

- Suboficial de la Fuerza Aérea Oscar Luis Yannacone, de Impacto Protections (Campana),

- Daniel Ernesto De Maio, de Segutrans (San Martín) y de Octopus (San Isidro),

- Teniente coronel Victorio Rafael Listorti, de Mulis (Martínez), participante en el alzamiento carapintada de Aldo Rico,

- Jorge Cesar Bernabitti, de Batersegu (Tigre),

- Cesar Augusto Labombarda, de Protección Inteligente (Monte Grande),

- Eduardo Mario Rodríguez, de Exclusive Security (Lomas de Zamora),

- Rodolfo Esteban Sarubbi, de CAS (Tolosa),

- Carlos Andrés Pereira Rodríguez, de Urónico (Martínez),

- Diego Jorge Sroichevich, de Los Cabos (La Plata),

- Juan Manuel Fernández, de Fer-Seguridad (Mar del Plata),

- María Eugenia Villela, de Unión de Seguridad Norte (Pilar),

- Fernando Ernesto De La Cruz, de Grupo M4 Sherman (San Nicolás),

- Carlos Rubén Bruno, de Alta Vanguardia (La Matanza),

- Comisario bonaerense Hugo Santiago Bardone, de Máximo Control (La Plata). Bardone fue declarado prescindible en 1998, cuando como jefe de Inteligencia de Quilmes pidió a los colegios primarios de la zona "los antecedentes ideológicos de los alumnos",

- Mayor del Ejército Dardo Washington Herrera, de Seguritas Countries (Munro),

- Comisario federal Rodolfo Paulino Garrido, de S.G.D. (Gral. Pueyrredón),

- Ricardo José Aspe Scetti, de Uniform Security (Malvinas Argentinas),

- Sargento de la Policía Federal Raúl Alberto Escalada, de CJT (Lomas de Zamora),

- Lorena Paola Chiaparro, de CONSISA (Vicente López),

- Graciela Noemí Vallacco, de Nech Seguridad (Necochea),

- Fernando Jorge Muzio, de Brinks (Bahía Blanca),

- Eduardo Osvaldo Rodríguez, Extreme Security (Luján),

- Guillermo Luís Marcilese, de Wary (La Plata),

- Oficial de la policía bonaerense Roque Alberto Luján, de Lusegur (Berazategui),

- Carlos Darío Barbeito, de Anticipar (Morón),

- Gabriel Adrián García, de ARG Security (Lanús),

- Héctor Andrés Villegas, de Nivel 3 (Morón),

- Romina Edith Villalba, de Rodas (Isidro Casanova),

- Carlos Miguel Desimone, de Sentinel (La Plata),

- Julio Edgardo Rojas, de Seguridad a su Alcance (Ensenada),

- Marcos Luciano Korsunsky, de Skal Protect (San Fernando),

- Carlos Oscar Calcagno, de Force One (Olivos),

- Néstor Eugenio Ausades, de LD Protection,

- Oficial del Ejército Marcelo Miguel Sánchez Sorondo, de Quillotasegutex (Florida).

Doce fueron habilitadas por el ex ministro Carlos Stornelli, 38 por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal y las últimas trece por el actual ministro Osvaldo Granados. Es decir, constituye una política de Estado. Las habilitaciones provisorias no tienen plazo y se prolongan en forma indefinida. Según una denuncia presentada ante la fiscalía de Delitos Complejos Nº 8, a cargo de Jorge Martín Paolini, se consiguen pagando coimas de 250.000 pesos.

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ARGENTINA

EL REALIZADOR BERNI Y LA XENOFOBIA

Inmigración y delito

Foto: Archivo La Nación


(APL)El realizador cinematográfico – bastante berreta por cierto -, Sergio Berni, especializado en escenas donde gendarmes vuelan en palomita hacia vehículos conducidos por militantes de izquierda, también se destacó en xenofobia. "Este fin de semana hemos detenido a más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir", proclamó el director urbi et orbi recientemente. Ahora bien, veamos los hechos y las cifras sobre inmigración y delito, que publicó La Nación, valorados por la periodista Sol Amaya: "Las estadísticas muestran que la cantidad de ciudadanos de otros países que se encuentran detenidos en la Argentina, ya sea procesados o con una sentencia firme, representa un pequeño porcentaje de la población carcelaria total", afirma en la nota.


Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), publicado en 2012 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en base a lo informado por los servicios penitenciarios provinciales y el federal, sólo el 5,7% de los presos en la Argentina son extranjeros (son 3534).
Las cifras varían si se analizan por separado los distintos sistemas penitenciarios. En las cárceles provinciales, que alojan a alrededor de 51.000 presos (el 84% de los detenidos en todo el país), los extranjeros representan apenas el 2,8% (son 1432).
En cambio en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, en las que está alojada el 16% de la población carcelaria del país (9807), los extranjeros representan el 21% sobre el total de presos federales (son 2102).
Los extranjeros presos son, mayoritariamente, paraguayos, bolivianos y peruanos. Pero esto a su vez coincide con las principales nacionalidades que iniciaron radicación en la Argentina entre 2004 y 2013, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre las tres representan el 80% de las radicaciones iniciadas en ese período.
En su momento fueron los colombianos el blanco de acusaciones sobre hechos delictivos. En todo el país hay sólo 140 colombianos presos, según las últimas estadísticas publicadas. Las cifras sí dan cuenta de un aumento en los últimos cinco años: pasaron de 43 detenidos en 2008 a 140 en 2012. Sin embargo, también crecieron las radicaciones solicitadas por personas de esta nacionalidad. En 2008 se iniciaron 5442 radicaciones de colombianos, mientras que en 2013 fueron 16.795, según Migraciones.
La cantidad de presos de nacionalidad nigeriana es la que más aumentó en los últimos cinco años. Si bien siguen representando un pequeño porcentaje dentro de la población carcelaria pasaron de 6 a 21.
"Las estadísticas del sistema penal en realidad no miden la criminalidad, sino el resultado de los procesos de criminalización, es decir, de la actuación de las instituciones penales", explicó a LANACION Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). "Si la policía trabaja con el estereotipo de que determinados colectivos están más involucrados en actividades delictivas, se intensifica el control sobre esos grupos, lo que probablemente derive en más detenciones y en el inicio de más procesos penales", indicó. "Por ello resulta muy problemático ese tipo de asociaciones entre colectivos migrantes y delincuencia", añadió Monclús Masó.
Si la policía trabaja con el estereotipo de que determinados colectivos están más involucrados en actividades delictivas, se intensifica el control sobre esos grupos
Por su parte, Gonzalo Lantarón, coordinador del Programa de Ciudadanía del Instituto Argentino de Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp), también cuestionó la estigmatización de los extranjeros. "El porcentaje de extranjeros en el territorio nacional mantiene su nivel histórico del 5%. Lo que es importante destacar como fenómeno social es que en los últimos años ha habido una profunda transformación en el horizonte laboral de los argentinos que los obliga a competir con los puestos de trabajo que antes ocupaba la mano de obra extranjera residente en el país", sostuvo.
"Los números muestran claramente que el inmigrante no es el culpable de la crisis sino su víctima más vulnerable", añadió Lantarón.


Delitos cometidos
Según estadísticas elaboradas por la Procuración Penitenciaria, del total de extranjeros detenidos en el sistema Federal un 49% lo está por infracción a la ley 23.737 (Estupefacientes), el 16% por delitos contra la propiedad y el 8% por delitos económicos.


El 83 por ciento de los detenidos extranjeros en el SPF son hombres. Entre las mujeres, que representan el 17 por ciento de la población carcelaria extranjera, el 95 por ciento está presa por delitos relacionados al tráfico de drogas, según el informe.
Del total de extranjeros detenidos en el SPF, un 49% lo está por infracción a la ley 23.737
"Hay que distinguir dos colectivos de extranjeros dentro de la población carcelaria. Por un lado, los que ya vivían en el país antes de ser detenidos. Por otro lado, los extranjeros en tránsito", sostiene Monclús Masó.


"En el SPF la mitad de los detenidos estaban en tránsito y en su mayoría cayeron presos por delitos de droga. Es decir, entran al país como turistas y son detenidos en la frontera", aclaró.
Un informe publicado por LA NACION habla del perfil de las llamadas "mulas". Dicho artículo cita una investigación realizada por Alejandro Corda, integrante de Intercambios AC, una ONGcon trayectoria en el tema de las políticas de drogas, que traza el perfil de las personas detenidas por tráfico de drogas en Argentina: en su mayoría son mujeres, jefas de hogar, de áreas humildes y extranjeras.


La expulsión y la ley de Migraciones
Otro de los reclamos que estuvieron en agenda en los últimos días tiene que ver con que las personas con antecedentes penales no puedan ingresar al país o sean deportadas. En rigor, esas disposiciones ya están contempladas en la ley 25871 (Política Migratoria).
En su artículo 29, inciso C, la normativa establece que "serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".


Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 2004 y 2014 hubo 3993 disposiciones de expulsión en base al mencionado artículo de la ley.
"Esa deportación que reclaman algunos funcionarios argumentando la inseguridad, ya existe. La expulsión es una cuestión administrativa, es una sanción ante una irregularidad migratoria", sostuvo Monclús Masó. "Lo que no se puede pretender es que sean deportados apenas son detenidos por la policía. Tiene que haber un proceso administrativo y judicial", añadió.
Moclús Masó relató además que en una encuesta realizada por la PPN a un grupo de extranjeros detenidos en el SPF, el 65 por ciento sostuvo que querría ser expulsado del país. "De todos modos esto no tiene que ver con una decisión voluntaria, sino una orden de Migraciones", insistió.
Por su parte, Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con LA NACION, dijo: "Para la ley argentina, ser extranjero o no tener papeles no es un tema criminal. La idea de ilegalidad por una situación migratoria se eliminó en 2004".

Para la ley argentina, ser extranjero o no tener papeles no es un tema criminal
"No hay ninguna relación entre delito y migración", explicó Morales. "A nosotros nos preocupa mucho el impacto que puedan tener las declaraciones de funcionarios que hacen este vínculo. Entre otras cosas, puede provocar una especie de selectividad de las agencias policiales a la hora de las detenciones", sostuvo el especialista del Cels.
"Expulsar inmediatamente después de la detención es imposible. Eso va en contra de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. Hay una presunción de inocencia, tiene que haber un proceso previo", insistió Morales.
"Para hablar seriamente de un tema tan complejo y delicado tendríamos que contar con los números oficiales de detenciones hechas por la policía y analizar los casos", añadió.


Ser extranjero en prisión 


El colectivo de extranjeros en las cárceles es considerado por los organismos de Derechos Humanos como uno de los grupos más vulnerables. Un informe de la PPN sobre este colectivo en el año 2013 señala que los extranjeros "se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por estar alejados de su núcleo familiar y afectivo, lo que conlleva que no reciban visitas de familiares y amigos". Una investigación sobre mujeres en las cárceles federales argentinas en la que participó la Procuración determinó que el 59% de las extranjeras presas en el SPF nunca recibió visitas de familiares o allegados."A ello se suman las serias dificultades para comunicarse telefónicamente con sus países de origen, debido a la falta de recursos económicos para adquirir tarjetas telefónicas. Ello provoca un gran aislamiento de estas personas y la ruptura de sus vínculos familiares, que se suma al general aislamiento que conlleva la pena carcelaria, lo que afecta negativamente a su futura reinserción social", sostiene el informe.

fuente: Agencia APL

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ARGENTINA

Fuentealba: sobreseyeron a todos los imputados

Total impunidad para los asesinos del maestro

Los quince imputados en la causa Fuentealba II, en la que se investigan las responsabilidades políticas y policiales por el crimen del docente Carlos Fuentealba durante una protesta gremial en 2007, fueron sobreseídos ayer por la jueza de Garantías de Neuquén, Ana Malvido. La magistrada hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal y a las defensas de los imputados, mientras que la querella en representación de Sandra Rodríguez, la viuda del docente, reclamó la continuidad de la investigación. Con esta resolución, fueron sobreseídos Raúl Pascuarelli, ex secretario de Seguridad de Neuquén; el ex jefe de la policía Carlos Salazar; el ex subjefe de esa fuerza Moisés Soto, y otros 12 agentes policiales. La viudad de Fuentealba afirmó que "la impunidad no va a durar por siempre". En tanto, el titular de la Asociación Trabajadores de la Educación (ATEN), Daniel Huth, anticipó que se convocó a una reunión multisectorial el martes para coordinar una marcha "contra la impunidad". Por el crimen fue condenado a prisión perpetua el policía Darío Poblete.

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CONVOCATORIA PARA ESTE LUNES:

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BRASIL

Otro complicado respaldo para la candidata Marina Silva

El centroderechista Aecio Neves admite que sus votantes migran a la rival de RousseffLos militares retirados, opuestos a que se investigue a la dictadura, le declararon su apoyo a la líder ecologista.

En la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales brasileñas, la figura de la ecologista Marina Silva sigue sacudiendo la escena. Al caudal de adhesiones que recibió de los sectores descontentos con las acciones del gobierno, se sumó ayer el respaldo del club que reúne a los militares retirados. En paralelo, el candidato a la presidencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el centroderechista Aécio Neves, admitió que está perdiendo votos a manos de Silva.

En un comunicado que sorprendió, el Club Militar –que reivindica el golpe de 1964 que instaló una dictadura hasta 1985– afirmó que Silva, representante del Partido Socialista Brasileño (PSB), es "un hilo de esperanza" para cambiar la línea del gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), que busca la reelección. Si bien califican a la dirigente ambientalista como poseedora de una "figura mesiánica" que camina hacia una "nueva política misteriosa", los militares retirados la eligieron como opción ante lo que consideran un gobierno dominado por la corrupción.

"Los cambios pueden ser para mejor o para peor, desde que interrumpan la condenada 'corruptocracia' instalada en el poder por el 'lulopetismo', en referencia al ex presidente Lula da Silva. Como esto está, no puede seguir. Hay expectativas de que nuevos rumbos y nuevos gobernantes traigan mejores días y mayor esperanza a los electores desilusionados", sostienen los militares.

El comunicado está firmado por el general retirado Clovis Purper Bandeira, editor de opinión del Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres fuerzas. El grupo es habitualmente crítico de la presidenta Rousseff, quien en su juventud participó de movimientos de la resistencia armada a la dictadura militar.

En tanto, el candidato a la presidencia del PSDB, Aécio Neves, admitió en una entrevista las dificultades de su campaña para avanzar a una segunda vuelta, en un escenario cada vez más disputado entre Rousseff y Silva. Neves está en un distante tercer lugar para las elecciones de 5 de octubre, con 15%, ante 37% de la mandataria y un 33% de Marina, según datos del último sondeo de Ibope. En tanto, la consultora Datafolha adjudicó al candidato del PSDB un 14%, ante 35% de Dilma y 34% de Marina.

"Yo tengo que confiar. Pero no estoy diciendo que voy a ganar todas las elecciones. Las elecciones se pierden. Ya perdí elecciones, incluso, y creo que se aprende mucho. Ahora, lo que no se puede perder es la capacidad de defender aquello en lo que se cree", dijo Neves.

El escenario electoral está desafiando a Neves y a la campaña del PSDB, que ha enfatizado en la capacidad técnica de sus equipos económicos. Sin embargo, sus electores son los más proclives a cambiar el voto, según Datafolha. El sondeo del instituto indicó que 74% de los electores de Dilma están totalmente decididos, mientras que en el caso de Marina el porcentaje de fidelidad es de 70%. En relación a Aécio la tasa es de 66%. Según reportó ayer el diario Folha de São Paulo, los electores más ricos y escolarizados son los que están cambiando su voto a Marina, abandonando al candidato de la socialdemocracia. Más que una ola o una tormenta fugaz, la consolidación de la popularidad de Silva obligó a Rousseff a intensificar su campaña. El meteórico ascenso y delantera que parece asegurar la candidata del partido socialista dejó perplejos a muchos que subestimaban su potencial.

Según los analistas, el "efecto Marina", que surgió tras el accidente aéreo en el que murió el candidato del socialismo Eduardo Campos el 13 de agosto, es resultado de una mezcla del encanto de Silva y el rechazo a la administración de Rousseff. Silva, hija de cancheros pobres de la selva amazónica, es evangelista. Y desató críticas la semana pasada al rechazar el casamiento entre homosexuales, en una polémica marcha atrás, pues días antes su campaña se había mostrado favorable a esas bodas.

Pero Silva logró atraer a grupos descontentos con la contracción de la economía y las carencias en servicios de salud y educación que pensaban votar en blanco. La líder ecologista asegura que disminuirá el gasto público, ampliará el presupuesto de los hospitales y mantendrá la autonomía al Banco Central. Rousseff la criticó por estas promesas, argumentando que su contendiente no define qué recursos utilizará para llevarlas a cabo.

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BRASIL

El PT brasileño refuerza la maquinaria para asegurar victoria de Rousseff



El Partido de los Trabajadores (PT) decidió reforzar el equipo de campaña de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con varios ministros con el propósito de asegurar su triunfo en los comicios de octubre próximo.

Se trata de una nueva estrategia del PT en medio de un intenso escenario electoral, polarizado por la disputa entre Rousseff, quien busca su reelección, y la candidata de los socialistas del PSB, la exsenadora Marina Silva.

Se prevé que a partir de la semana próxima los ministros de Relaciones Institucionales, Ricardo Berzoini, y de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, así como el secretario General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, se incorporen al grupo de apoyo de la mandataria para garantizar su ascenso en la intención del voto

Los titulares dejarán sus cargos de manera temporal, tomarán vacaciones o pedirán licencia para respaldar la contienda electoral de la jefa de Estado, quien en la última encuesta de esta semana aparece con un 37 por ciento en la preferencia del electorado.

Berzoini, Rossetto y Carvalho deberán utilizar su influencia en diversos sectores económicos y sociales para promover el voto a favor de la dignataria, cuando restan apenas 30 días para los comicios.

Según voceros del gobierno, Carvalho se encargará del dialogo con los movimientos sociales y asociaciones juveniles.

Para PT, el ascenso de Silva, excompañera de fórmula del fallecido Eduardo Campos en un accidente aéreo el 13 último, quien acumula el 33 por ciento en la intención del voto y se ubica en el segundo lugar, generó preocupación en la cúpula del Partido.

Varios pronósticos y pesquisas señalan que Rousseff y la pretendiente del PSB se enfrentarán en una segunda vuelta comicial.

En el balotaje la exsenadora contaría asimismo con el respaldo de la derecha conservadora que apoya al candidato de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, pues está interesada de sacar del poder PT.

En este contexto, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se reunirá este viernes en Sao Paulo con líderes y representantes del PT en este territorio con el propósito de activar las acciones en busca de lograr más adeptos y votos para la jefa de Estado y el pretendiente a gobernador de ese estado, Alexandre Padilha.
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BRASIL

Movimientos y elecciones en Brasil

Por Raúl Zibechi
La Jornada


La polarización que dominó Brasil durante dos décadas, entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso y el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, quedó hecha añicos con las manifestaciones de junio de 2013. La disputa entre tucanos y petistas dividió al país entre quienes defendían el modelo neoliberal y las privatizaciones y los que proponían cambios de fondo para salir de ese modelo.
Como toda contradicción aguda, fue un principio de orden capaz de alinear a las más diversas fuerzas políticas y sociales detrás de cada una de las propuestas representadas por esas siglas y esos dirigentes. Mientras la década de 1990 fue un periodo de hegemonía del partido de Cardoso, la primera década del nuevo siglo estuvo dominada por los orientados por Lula. Cada una de ellas hizo alianzas amplias para asegurar la gobernabilidad y enfrentó demandas de los diversos grupos de presión.

Con las grandes movilizaciones de junio de 2013, este escenario cambió radicalmente. Era la primera vez que el gobierno del PT enfrentaba demandas nacidas de la sociedad, ya que hasta ese momento las disputas principales habían provenido, en lo fundamental, de diversos sectores empresariales y profesionales, y sólo secundariamente de los movimientos. Los millones de personas movilizadas en 353 ciudades exigieron la anulación del aumento del transporte, demanda que obtuvieron, cosechando un histórico triunfo.

Junio fue mucho más que eso. Fue un grito contra la desigualdad, focalizada en un primer momento en el transporte, y contra la criminalización de la protesta y de los movimientos, ya que la protesta se masificó por la  desmedida represión policial. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Con los tres gobiernos del PT la pobreza disminuyó considerablemente, pero la desigualdad apenas se movió, ya que no hubo cambios estructurales, no se hizo la reforma agraria ni se procedió a la reforma urbana como demandan los nuevos movimientos. Sin cambios en la estructura de propiedad y de la renta, los planes sociales no pueden resolver los grandes desafíos que plantean los sectores populares.



La represión sigue siendo otra cuenta pendiente. Como muestra, ahí está la brutal y sofisticada represión que sufrieron los manifestantes el día que se jugaba la final del Mundial de Fútbol, en la plaza Sáenz Peña de Río de Janeiro. Fueron cercados por un abrumador despliegue policial, sin permitirles salir del cerco durante horas, hasta que finalizó el partido. La Policía Militar se mueve en las favelas con total impunidad, utilizando fuego real contra la población. La organización Maes de Maio, formada a raíz del asesinato de 500 personas inocentes en Sao Paulo en mayo de 2006, luego de acciones criminales del narcotráfico, contabiliza 25 masacres entre 1990 y 2013, a razón de una por año.

Junio de 2013 fue una reacción contra las continuidades entre los gobiernos del PSDB y el PT. Los analistas mediáticos y académicos suelen enfatizar los cambios habidos desde 2003 (cuando Lula llegó al gobierno), pero no mencionan las continuidades. El sociólogo Chico de Oliveira fue uno de los primeros en enfatizar que entre ambos partidos no hay tantas diferencias. En junio fue la calle quien se encargó de mostrarlo. Bruno Cava, uno de los más profundos analistas de Brasil, destacó que lo que está fuera del campo de visión de la izquierda sólo conlleva una carga errática y peligrosa, que debe ser controlada (IHUOnline, 5 de julio de 2013). Siento que la polarización de años entre tucanos y petistas empobreció la capacidad de análisis de estos militantes, razona el sociólogo Rudá Ricci en su blog.

En los últimos días hubo varios pronunciamientos de movimientos sobre la cuestión electoral. Lucas Oliveira, del Movimiento Passe Livre (MPL) que jugó un destacado papel en las manifestaciones de junio, señala que ninguno de los tres principales candidatos apoya la tarifa cero (en el transporte) ni tienen propuestas para reducir el precio del billete. El MPL defiende la movilización permanente, no cree en la vía institucional, de arriba abajo. Si creyéramos en ella, estaríamos contribuyendo a construir alguna candidatura. Y no estamos haciendo eso ( Estado de Sao Paulo, 23/8/14).

El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) emitió un contundente comunicado en defensa de vivienda libre y reforma urbana. En nuestra presión sobre el Estado, en sus diversos niveles, no nos guiamos por quién esté en el gobierno. Tenemos rigurosa autonomía en relación a cualquier partido político y esencialmente ante cualquier gobierno (MTST.org, 26/8/14). Los sin techo agregan que sus demandas se construyen con lucha y organización popular y no a través de las instituciones. El texto finaliza: Reafirmamos que nuestro camino no es la participación en las campañas electorales. ¡Nuestro voto es el poder popular!

El 2 de septiembre el Movimiento Sin Tierra (MST) publicó un comunicado en el que demanda reforma agraria a los tres candidatos. Desgraciadamente, cada vez más, el poder del capital secuestra la política y las instituciones públicas, impidiendo las transformaciones políticas y económicas que interesan al pueblo brasileño (MST.org, 2/9/14). Luego de detallar un conjunto de demandas hasta ahora incumplidas, finaliza con su compromiso de luchar de forma permanente, en defensa y construcción de la Reforma Agraria Popular y de una sociedad socialista.

Dos días antes del comunicado, el MST había ocupado la hacienda de un senador y candidato a gobernador de Ceará, miembro del PMDB, aliado del gobierno. Las movilizaciones no se han detenido ni siquiera en la recta final de la campaña electoral. Junio de 2013 fue un parteaguas, profundo, irreversible. Un ¡Ya basta! para el que quiera o pueda escucharlo. El ser de izquierda, en este difícil periodo, sobrevive sólo en los movimientos anticapitalistas.
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MÉXICO

REFORMA ENERGÉTICA Y BUITRES

Por Marina Pérez Damil
(Resumen Latinoamericano)

El lunes 11 de Agosto de éste año se promulgaron en el Senado las leyes secundarias de la Reforma Energética con el fin de revertir la decadencia de la productividad del sector. A partir de la misma se inicia la aceleración del proceso en que los dueños de fondos y empresas extranjeras se colocan como un eslabón fundamental en la explotación de los recursos del Estado.

A pesar de la iniciativa de organizaciones políticas y sociales por frenar el ejercicio de la Reforma Constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y el descenso de la imagen de un gobierno que ha logrado aumentar la deuda pública un 21% en tan solo 1 año y 7 meses, Peña Nieto consiguió la aprobación de la medida.

El 13 de Agosto la Secretaría de Energía (Sener) presentó, en el marco de la "Ronda Cero", los resultados de las asignaciones e las áreas de exploración y campos de producción que corresponden a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto significó para Pemex la asignación del 83 por ciento de las áreas para explotación de reservas probadas y probables, y sólo 21 por ciento de los recursos prospectivos de hidrocarburos.

El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, anunció que Pemex se asociará con empresas privadas en 10 proyectos que le fueron asignados en ésta ronda. El proceso de licitación se dará a través de la "Ronda Uno" que, según el diario mercantilista Forbes, "despierta el interés de los grandes corporativos internacionales para participar".

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, dijo que esperan en los próximos meses lanzar las prebases de licitación de los proyectos de la Ronda Uno, y prevén adjudicar el primer contrato para mayo de 2015. Los campos de extracción, comprenden campos terrestres, aguas someras, aceites pesados y aguas profundas.



Una Reforma hecha a medida.

Según un informe publicado por el ejecutivo los objetivos de la reforma consisten en "mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión y los empleos, reforzar a Pemex y a CFE y la rectoría del Estado como regulador de la industria petrolera". Sin embargo,  la  "rectoría del Estado" es un concepto que ha sido manipulado para transformar las actividades "con exclusividad del sector público" en actividades "abiertas al sector privado".
 
El espíritu de la reforma consiste en colocar al Estado como un garante de la productividad de la industria petrolera, no obstante deja a ésta relegada a un simple rol contratista y de buen "administrador" de las ganancias generadas a partir de la inversión de las empresas privadas. Es decir, en vez de favorecer una economía estatal que invierta en sus propios recursos, se produce una entrega indirecta de los mismos hacia los dueños de empresas asociadas al rubro.
 
Para lograr los resultados el gobierno argumenta que "Pemex de ser más flexible" ya que la falta de producción hace que se tenga que importar el 49% de la gasolina utilizada. Según el informe del ejecutivo "ello implicará un cambio de paradigma, con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, que el remanente de ese pago de derechos se podrá realizar a través de inversiones".
 
La flexibilidad en materia económica implica una reducción de los aranceles a pagar por las compañías, que tendrán de esta forma la posibilidad de incrementar sus ganancias a costa de la recaudación del fisco. A diez años los cálculos oficiales estiman que "de una producción de 2.5 millones de barriles diarios actualmente se incrementará a 3.5 millones en 2025", sin embargo no se calculan las pérdidas que se generarán a causa de la explotación de recursos no renovables como el gas de esquisto o de lutita.
 
Mientras el gobierno se ampara en la creación de una Agencia Ncional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la población será la protagonista de prácticas–como el denominado "fracking"- que ponen en riesgo el agua, salud y el bienestar de las y los mexicanos. Pero para los artífices de la Reforma como Juan José Guerra Abud- secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación- "no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente".
 
La afirmación mencionada en el párrafo anterior, que se hizo pública el 20 de Agosto el periódico La Jornada, explica la omisión que ha tenido el Gobierno en relación a la incalculable cantidad de daños ambientales durante el Gobierno de Peña Nieto que se produjeron como consecuencia de la expulsión de productos tóxicos en ríos, la utilización de plaguicidas y las prácticas mineras, entre otras cosas. En ese sentido, el empleo del Fracking-o fractura de roca de lutita- viene a ser un capítulo más de un modelo que prioriza la productividad antes que el desarrollo de la vida humana y de las especies que habitan en el Medio Ambiente.
 
Según la Alianza Mexicana contra el Fracking "la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica representa riesgos graves de contaminación y salud". Por esto mismo, recomienda que "México debe trabajar en el desarrollo de energías renovables con pleno respeto a las comunidades donde se genera y transporta la energía". Esto último no se refleja en el centro de la Reforma, cuyo pilar fundamental es la explotación de energías no renovables.
 
"El fracking consiste en la fractura de roca de lutita en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos, a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad." explican expertos. Esto implica la pérdida irreparable de cantidades descomunales de agua, que según laOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hoy en día constituye un bien escaso para los paises en vías de "desarrollo".
 
Otro aspecto negativo será el avance sobre las tierras, ya que bajo figuras como "servidumbre voluntaria", "ocupación superficial", "ocupación temporal", y arrendamiento los pobladores se verán obligados a ceder sus suelos toda vez que, tal como queda asentado en la Ley de Hidrocarburos aprobada, "las actividades de exploración y extracción establezcan una preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas".

 
¿Quiénes se benefician?

 
Con la reforma del artículo 27 que desde 1960 impedía la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo, y la del artículo 28 que restringía la participación de particulares en la cadena de valor después de la extracción, se abren las puertas para que más capital extranjero ingrese al mercado de valores Mexicano.

Comentaristas internacionales, como el periodista Alfredo Jalife-Rahme, afirman que esta decisión implica que se profundice la dependencia financiera ya que "de un momento a otro cualquier movimiento en bolsa provocará la caída de estas acciones en Wall Street, las cuales serán controladas desde ahí". De esta forma, también afirma que "si no se llevan las políticas que favorezcan a los capitales especulativos estos podrían retirarse del país sin dejar ninguna garantía".

Pero también existen especuladores locales, como el millonario David Martinez Guzmán, que han encontrado en la forma de ensanchar sus fondos a través de los negocios con Pemex. David Martinez Guzmán o -el "Primer adelantado"-fue uno de los primeros de los "Fondos Buitres" interesados en negociar el cobro de sus bonos de deuda con la Argentina. Además, el Robin Hood de las finanzas, consiguió a través de las empresas Seadrill y SeaMex una contratación directa con Petróleos Mexicanos antes que se iniciaran las "Rondas de adjudicación", sin licitación pública.

El informe ejecutivo de la Reforma Energética asegura que "se crearán cerca de medio millón de nuevos empleos en 2018 y 2 millones y medio más para 2025". Pero datos publicados por la CEPAL-Comisión Económica Para America Látina y el Caribe- informaron que "México es el único país en la región donde el salario mínimo está significativamente por debajo de la línea de pobreza".
 
Esto último indica que de todos modos, si no se generan mejores condiciones de trabajo, las ganancias producidas por el impulso de la industria petrolera no irán a parar a los bolsillos de los trabajadores, sino a los fondos de los buitres que vigilan desde lo más alto del sistema.
 

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COLOMBIA

Mensaje de las FARC-EP Instalación de la sub comisión de género



La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 7 de 2014

Mensaje de las FARC-EP

Instalación de la sub comisión de género

A nombre de las FARC-EP, queremos saludar a todos los asistentes a la instalación de la subcomisión de género de la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana, expresando nuestra satisfacción porque las delegaciones de las partes en diálogo se hayan interesado por entregar a un importante número de comisionados, mujeres y hombres, de manera práctica, un mandato que colocará acento de género a todos los acuerdos parciales y los que se han de lograr en el camino de la construcción del acuerdo final de paz para Colombia.

Deseábamos que esta subcomisión de género hubiera tenido una preponderancia mayor que la que hemos podido convenir con el gobierno. Teníamos el deseo de que en el mandato se estableciera de manera expresa el compromiso de asumir las importantes reivindicaciones que durante muchos años han levantado las organizaciones de mujeres y de género de Colombia y el mundo, expresadas sobre todo, a través de instrumentos como la Convención del 18 de diciembre de 1979 de NNUU, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Queríamos, para realzar los derechos de las mujeres y de la población LGTBI, que se hubieran tomado en cuenta todas las resoluciones que sobre mujer y género han surgido como avances para el fortalecimiento de la condición humana, tal como es el caso, por ejemplo, de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la Resolución1325 de las Naciones Unidas sobre el papel de las mujeres en los procesos de paz, e insistimos en acoger la Declaración internacional de los derechos de los campesinos de 2012, pensando en abrir nuevos espacios de reconocimiento y participación para las mujeres del campo. Por ahora, eso no ha sido posible.

Nos corresponderá entonces, tratar de incluir, a partir de este limitado mandato, las mejores iniciativas que permitan posicionar en el acuerdo de paz, no solo sugerencias, sino verdaderas propuestas de cambio que le otorguen plenos derechos a las mujeres y a los sectores LGTBI, por tanto tiempo segregados.

En atención a este propósito, para cuya concreción colocamos plena confianza en quienes nos representan en la comisión de género, adelantamos también el mayor número de iniciativas que en tal sentido se puedan debatir con motivo del desarrollo del punto 5, víctimas. Por ejemplo, en el día de hoy, y en desarrollo de nuestras 10 propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, estamos poniendo en conocimiento público y de los delegados del gobierno, nuestra propuesta  "Reconocimiento pleno y materialización real y efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto, con especial atención a los derechos de las mujeres víctimas."

En esta propuesta estamos reiterando, que se garantice este reconocimiento en consonancia con los estándares internacionales, pero indicamos que se deben suministrar condiciones y recursos para pasar de la retórica a la materialización real y efectiva de esos derechos, observando el enfoque diferencial de los derechos humanos y  la especificidad de las víctimas. Consideramos como necesidad el enfoque de género, entendido éste, el género, como una simbolización cultural de las diferencias sexuales que opera como un dispositivo de poder para interpretar el mundo. Las mujeres y la diversidad LGTBI han sido víctimas de regulaciones, violencias y exclusiones diferenciales a lo largo del conflicto, que merecen una comprensión particular, lo cual impone una política integral y transformadora.

Dentro de este plano, las FARC-EP están sentando su posición, en cuanto a que se debe hacer énfasis en el reconocimiento y materialización de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales, víctimas del conflicto.

Estamos cansados de escuchar y ver argumentos y prácticas cosméticas que asumen los asuntos de género y de víctimas como un simple sainete de apariencias tras el que sigue habitando la discriminación. Y esto no se trata simplemente de repartir curules o cargos de representación de manera "equilibrada" entre hombres, mujeres y población LGTBI, sino de redistribuir de manera justa la riqueza en condiciones de democracia verdadera, de tal forma que acabemos definitivamente con la miseria y la desigualdad que subyacen como causa fundamental del conflicto social y de la guerra.

En consecuencia, como una manera urgente y efectiva de mostrar, que sí se quiere dar una solución cierta a este tipo de problemáticas, hemos dicho que es necesario, crear el Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI), dentro del diseño de un "Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto", enfocado en la justicia social, territorial y de género, que debe tener capítulos regionales, con metas y prioridades, programas y proyectos de reparación integral, todo ello acompañado de sus respectivos planes de inversión.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento expreso a todas las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI de Colombia, para que participen activamente en las tareas de esta sub comisión, enviando sus aportes y sugerencias, y ojalá pudiendo acudir a La Habana a expresar directamente sus puntos de vista ante la sub comisión de género.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


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