En este momento reenvio maestro reportandome desde Mexico DF. Buenas noches!!
La Montaña
I JUICIO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA
Oscar Loza Ochoa
Pero justamente porque ellos nos faltan,
tienen ustedes que seguir de pie.
Elena Poniatowska
Tres de los cuatro procesados por el delito de desaparición forzada escucharon la sentencia: 28 años y nueve meses. El Juez II de lo penal de Ahome no levantó la voz, el acto era solemne, pero su eco se escuchó hasta la casa de Luz María Sarabia en El Rosario, la madre que no deja de luchar por la presentación de su hijo desaparecido. Los ahora sentenciados eran policías municipales en Ahome, también el número cuatro que está prófugo.
No podemos denostar el proceso judicial ni sus resultados, pero sí decir que a la investigación y al proceso mismo les faltó algo muy importante: dar con el paradero de Alberto Román Soto Vázquez, del que aún no sabemos dónde se encuentre. La maestra Rosa Elia recibió como consuelo a su dolor la sentencia contra los responsables, pero no tiene a su hijo. Y ante ello, con la valentía y la entereza que la caracterizan, ha reiterado que seguirá en la lucha que inició hace dos años, por su hijo y los hijos de todas sus compañeras de dolor en El Fuerte, en Sinaloa y en todo el País.
El juicio contra los responsables del delito de lesa humanidad, hoy presos en el penal de Felipe Ángeles, hace precedente muy importante en el estado y en México, pues nos prueba a tirios y troyanos que sí se puede llevar a juicio a quienes hasta hoy gozan de impunidad por el delito de desaparición forzada de personas. Y que pueden recibir una sentencia por esa terrible ofensa a la sociedad. Si después de ello y del juicio de amparo ganado por Martha Camacho a la PGR, no comparecen de nuevo ante un juez Luis Echeverría Álvarez, Luis de la Barreda y tantos otros responsables de la llamada Guerra sucia de los años setenta del siglo pasado, quedará al desnudo el Estado mexicano, como encubridor y cómplice de esos delincuentes.
Y en el marco de estos acontecimientos, noticias no muy gratas. Siguen llegando quejas de más desaparecidos, como los casos de Jesús Guillermo Tapia Meza, de Quilá, presuntamente detenido por elementos de La Marina y Francisco Manuel Hernández Pérez, de Culiacán, levantado por particulares frente a su centro de trabajo a la hora que iniciaría su jornada laboral. Todo ello invita a pensar sobre la enorme tarea que la autoridad tiene por delante, para detener la aberrante práctica de la desaparición forzada, esclarecer los miles de casos pendientes y llevar ante un juez a los presuntos responsables de ese delito.
La voluntad política es un elemento clave para dar pasos en firme en dicha tarea, pero eso es lo que sentimos ausente. ¿Cómo pensar diferente, si los operativos que los institutos armados llevan a cabo parecen fábricas de violación de derechos humanos? Agregando que la impunidad es la compañera inseparable del actuar de la autoridad en todos los niveles de gobierno. Algunos botones de muestra para que no se diga que sólo tocamos lugares comunes, sin datos precisos: ¿por qué no se castiga a los responsables del joven asesinado en El Dorado el año pasado? ¿Por qué no comparecen ante un juez los elementos que abatieron a dos jóvenes a principios del verano en Tamazula, Durango?
Ahora mismo, mientras escribo estas líneas la comunidad de El Verano, Tamazula, Durango, está sitiada por elementos de La Marina, después de ser tomada por asalto a las 8 pm del martes 6 pasado. Nadie puede salir, según nos informan vecinas que han podido comunicarse por teléfono con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. El miércoles cambiaron de personal, pero aun cuando bajó la actitud agresiva de los efectivos de la Armada, los vecinos siguen aislados.
Ese tipo de medida (que no permite entrada ni salida de personas a la comunidad El Verano) es suspensión de garantías, facultad que sólo tienen "el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de La Unión" (Art. 29 Const.) . Por lo tanto, lo que ahora sucede en el poblado de El Verano, debe llamar poderosamente la atención al Poder Ejecutivo y Legislativo, pues se está ante una medida grave, violatoria de derechos humanos, por una dependencia federal que no tiene facultad alguna para ello.
Si la prevalencia del Estado de derecho es puesta en duda por la misma autoridad, estamos amolados de cabo a rabo. Surge con ello un sentimiento de orfandad, pues credibilidad es la palabra ausente en la vida pública. Y no hay discurso que pueda sustituir la confianza en el Estado. Sólo el respeto irrestricto a los derechos humanos en las políticas públicas y en el accionar del brazo armado del Estado puede regresar a los niveles de confianza del pueblo.
Y, desde luego, detener toda práctica ilegal de detención, que en el mejor de los casos lleva a la práctica de la tortura y en los más lamentables a la desaparición de personas. No menos del 40 por ciento de la desapariciones forzadas aportan considerables indicios de ello. Nos urge la paz social y su antesala obligada es el respeto a los derechos humanos. Esperemos que lo entiendan los tres poderes del Estado. Vale.
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Subject: La montaña
Date: Thu, 8 Oct 2015 18:09:39 -0700
PROFR. OSCAR LOZA OCHOA
Responsable de Relación con Instituciones de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
Andrade # 475 Nte. Desp. Núm. 8, Planta Alta
Centro Histórico, CP 80000
Culiacán Rosales, Sinaloa Tel. 6672-09-01-46 y (667) 712-56-80
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