RESUMEN LATINOAMERICANO
y del Tercer Mundo
Diarios de Urgencia
Director: CARLOS AZNAREZ
Redacción: Leandro Albani, Facundo Guillén, Ana Guillermina Roca, Antonela Di Candia, Marina Pérez Damil, Sebastian Polischuk
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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
10 de diciembre 2014
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ESTADOS UNIDOS
TODO EL MUNDO LO SABÍA PERO AHORA ELLOS MISMOS LO CONFIESAN:
La CIA utilizó amenazas sexuales y otros métodos de tortura no autorizados
9 de Diciembre.- Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos Sobre tácticas antiterroristas entregará detalles de las técnicas usadas por la CIA en interrogatorios a presuntos yihadistas capturados, según han informado fuentes con conocimiento del documento.
El informe, que el comité de mayoría demócrata prevé publicar el martes, describe como el destacado miembro de Al Qaeda, Abdel Rahman al Nashiri, sospechoso de planificar el ataque con bomba al barco 'USS Cole' en 2000, fue amenazado por sus interrogadores con un taladro eléctrico, indican las fuentes. El aparato nunca llegó a usarse sobre Nashiri. En otro documento del mismo informe se cuenta cómo al menos uno de los detenidos fue sexualmente amenazado con un palo de escoba, tal y como añaden las fuentes.
Anticipándose a las previsibles quejas a nivel mundial e, incluso, posibles actos de violencia por la publicación de detalles tan gráficos, la Casa Blanca y funcionarios de inteligencia han señalado este lunes que han tomado medidas para incrementar la seguridad en las instalaciones de Estados Unidos en todo el mundo.
"Hay algunos indicios de que (...) la publicación del reporte puede significar un riesgo mayor para instalaciones e individuos estadounidenses en todo el mundo", explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Algunos de los métodos de interrogación, para obligar a los detenidos a entregar información sobre complots o células terroristas, fueron más allá de las duras técnicas autorizadas por la Casa Blanca, la CIA y abogados del Departamento de Justicia que trabajaban para el Gobierno del ex presidente George W. Bush. Durante la presidencia de este, y luego de los ataques del 11 de Septiembre de 2001, la operación conocida internacionalmente como "Rendición, detención e interrogatorio" desplegada por la CIA retuvo a un centenar de sospechosos de terrorismo en "lugares oscuros" fuera de los EE.UU.
Estos fueron interrogados usando métodos como el "waterboarding" o ahogamiento simulado –poner un paño sobre la cara del prisionero, echarle agua y obligarlo a respirar, lo que provoca la sensación de ahogo-, golpes, humillaciones, exposición al frío y privación de sueño.
Earnest ha insistido en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoya que el documento sea público "para que la gente del mundo y en el país entienda exactamente de qué se trata".
Mientras tanto, las agencias de Inteligencia estadounidenses han estado, de forma secreta, entregando un boletín en el que se advierte de posibles reacciones violentas en el extranjero, tal y como informa un funcionario de Inteligencia a Reuters. El texto tardó varios años en ser elaborado.
El Pentágono también ha advertido a los comandantes en terreno que tomen medidas apropiadas para proteger a las tropas y a las bases en el extranjero. Se espera que los demócratas en el comité de Inteligencia suban el informe este martes a su portal en Internet, junto con las muchas críticas al texto de legisladores republicanos.
El texto, que ha tardado varios años en ser elaborado, narra la historia del programa de 'Rendición, detención e interrogatorio' de la CIA.
Bush cerró varias partes del programa antes de dejar el cargo y Obama prohibió rápidamente las denominadas "técnicas mejoradas de interrogatorio", consideradas torturas por sus críticos, tras su toma de posesión en 2009.
La conclusión final del comité es que las duras sesiones no aportaron ningún dato vital que no pudiera haber sido obtenido por otros medios, algo fuertemente disputado por muchos funcionarios de Inteligencia y antiterrorismo, que aseguran que no hay duda de que sí sirvieron.
Informe sobre las prácticas de la CIA de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense
EE.UU. admite que torturó y no sirvió
El documento citó cables confidenciales de la CIA, e-mails y transcripciones de interrogatorios para refutar la justificación de la agencia de que la tortura había ayudado a frustrar atentados y salvado vidas.
Un informe del Senado de Estados Unidos desnudó y condenó duramente las prácticas de la CIA, acusando al organismo de Inteligencia de torturar a presuntos islamistas y de mentir a los estadounidenses. El tratamiento de detenidos en cárceles secretas en el exterior fue "mucho peor" de lo que el gobierno dijo al Congreso y al público, de acuerdo con el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado, la primera revisión oficial luego de cinco años de debates sobre el trato a los prisioneros por parte de la CIA. El presidente Barack Obama aseguró que las torturas aplicadas en la última década no representan los valores de su país, dañaron la imagen de la nación y no ayudaron en nada en la lucha contra el extremismo.
Elaborado tras una larga recopilación de documentos y testimonios, el informe aborda los procesos de interrogatorio a sospechosos y miembros de Al Qaida retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los ocho años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La comisión divulgó un resumen de 500 páginas que, según sostuvo, reúne los principales hallazgos y conclusiones que conforman la investigación total, que tiene 6700 páginas.
"Continuaré usando mi autoridad como presidente para garantizar que nunca más recurramos a estos métodos", afirmó Obama, que en 2009 prohibió por decreto las torturas y ordenó el cierre de las cárceles secretas de la CIA en el exterior y de la prisión de Guantánamo, algo que aún no logró hacer. "El documento refuerza mi opinión de que estos duros métodos no sólo fueron inconsistentes con nuestros valores como nación, sino que no fueron de servicio a nuestros esfuerzos generales contra el terrorismo ni nuestros intereses de seguridad nacional", subrayó el mandatario.
En tanto, la senadora demócrata Dianne Feinstein, la presidenta de la comisión, calificó el informe de mancha en la historia de la nación. "Según mi acepción común del término, los detenidos de la CIA fueron torturados", declaró la legisladora al momento de presentar el informe a sus pares.
Entre otras tácticas usadas por la CIA, los detenidos fueron privados de sueño, golpeados y arrojados contra las paredes, confinados en pequeñas celdas, aislados durante largos períodos y amenazados de muerte, aseguró el informe. Tres detenidos sufrieron la táctica de ahogamiento simulado conocida como "submarino". Muchos de los prisioneros desarrollaron problemas psicológicos. Pero las "técnicas de interrogatorio mejoradas" de la CIA no dieron resultados que valieran la pena, según la conclusión del informe.
Al menos cinco personas detenidas por la CIA recibieron "rehidratación rectal", una forma de alimentación a través del recto, agregó el informe, que dijo que no se encontró ninguna necesidad de realizar ese tratamiento.
Otros recibieron "baños de hielo" y amenazas de muerte. Al menos tres cautivos fueron amenazados con que sus familias iban a sufrir. Agentes de la CIA dijeron a otro que iban a lastimar a sus hijos, y a un hombre, que iban a abusar sexualmente de su madre.
Obama destacó que él siempre apoyó la desclasificación del informe de la Comisión del Senado, elaborado por el liderazgo demócrata en ese panel y a la que se oponían muchos republicanos. "Ningún país es perfecto. Pero una de las fortalezas que hacen excepcional a Estados Unidos es nuestra voluntad de confrontar nuestro pasado abiertamente, afrontar nuestras imperfecciones, cambiarlas y hacerlo mejor", aseveró el presidente, para quien actuar en función de los valores del país "no lo hace más débil, sino más fuerte".
El documento citó cables confidenciales de la CIA, e-mails y transcripciones de interrogatorios para refutar la justificación de la agencia de que la tortura había ayudado a frustrar atentados y salvado vidas de estadounidenses. La CIA y ex funcionarios de la agencia rechazaron los hallazgos del informe.
"La información de Inteligencia obtenida por el programa fue crucial para nuestro entendimiento de Al Qaida y sigue aportando información para nuestros esfuerzos contra el terrorismo al día de hoy", afirmó el director de la CIA, John Brennan, en un comunicado. "El programa condujo a la captura de líderes de Al Qaida y los eliminó del campo de batalla", evaluó por su parte George Tenet, que era director de la CIA cuando ocurrieron los ataques del 11-S con aviones de pasajeros secuestrados y estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Virginia. Tenet dijo que el programa, incluyendo las torturas, "salvó miles de vidas norteamericanas".
Lo mismo hicieron senadores republicanos, que en sus escritos en disenso con las conclusiones generales acusaron a los demócratas de inexactitudes y de evidencia recolectada a discreción para llegar a conclusiones prefabricadas.
En un comunicado conjunto, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el republicano de más alto rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta, Saxby Chambliss, consideraron que el informe "distorsiona" la realidad. Los senadores de la oposición consideran que el informe tiene "motivaciones ideológicas" y "distorsiona" el relato de los sucesos, "independientemente de cuál sea la opinión de cada uno en este asunto".
El senador demócrata Harry Reid discrepó con esta visión. "La tortura no sólo es inmoral, sino que no funciona. No nos da nada, excepto un mal nombre", remarcó. El programa fue aprobado mediante una orden secreta del ex presidente republicano George W. Bush, antecesor de Obama, en 2002, pero el mandatario no fue informado por la CIA sobre los detalles hasta 2006.
En un claro distanciamiento de sus correligionarios, el senador y ex candidato presidencial John McCain, que fue torturado en Vietnam como prisionero de guerra, dijo ante el pleno del Senado que las torturas de la CIA mancharon el honor de Estados Unidos e hicieron mal al país. "Lo que podría resultar sorpresivo, y no sólo para nuestros enemigos, sino para muchos estadounidenses, es qué poco hicieron estas prácticas para ayudar a nuestros esfuerzos para llevar ante la Justicia a los culpables del 11-S y para descubrir y evitar ataques terroristas hoy y mañana", confió.
Las torturas de la CIA
Inyecciones por vía rectal, amenazas sexuales y privación del sueño durante días
· El Departamento de Justicia aprobó que se recurriera a torturas prohibidas en 2004
· No había suficientes traductores para realizar interrogatorios eficaces, según el documento
· Muchos agentes de la CIA no estaban cualificados para llevar a cabo interrogatorios
· La falta de contacto humano de los presos provocó alucinaciones, paranoias y autolesiones
· Las torturas causaron la muerte por hipotermia de un detenido desnudo y encadenado
Mitch McConnell y otros senadores republicanos comparecen tras hacerse público el informe.
La CIA mintió deliberadamente a la Casa Blanca y al Congreso sobre sus prácticas, como detalla el informe dado a conocer este martes por el Senado. Los detenidos fueron privados de luz, sometidos a música atronadora y con la única compañía de un balde en el que depositar sus heces y en celdas sin calefacción. Sin embargo, las condiciones de vida que la CIA relató eran mucho mejores que éstas.Inyecciones de comida de manera forzosa por vía rectal, privación del sueño durante 70 horas, ahogamientos simulados, amenazas sexuales con palos y palizas varias son sólo algunas de las torturas a las que la CIA sometió a los detenidos acusados de actividades relacionadas con el terrorismo entre 2002 y 2006, tras el terror desatado por los atentados del 11-S.
Tal era el aislamiento al que se vieron sometidos algunos presos que la falta de contacto humano les provocó traumas psicológicos como alucinaciones, paranoias y autolesiones. Este fue el caso de Arsala Khan, un afgano capturado en 2003 que contaba con alrededor de 55 años y que presuntamente ayudó aOsama Bin Laden a escapar a través de las montañas de Tora Bora a finales de 2001. Tras las 56 horas que fue mantenido despierto de pie apenas podía articular palabra y estaba "visiblemente en shock por las alucinaciones que le hacían ver a su familia asesinada por unos perros", según relata el informe. Dos días después tener estas visiones, sus interrogadores volvieron a privarle de sueño durante otras 21 horas.
Tras aproximadamente un mes de interrogatorios exhaustivos, la CIA concluyó que "el detenido no parece estar involucrado en planes actuales contra Estados Unidos" y ordenó que fuera devuelto a su pueblo y le fuera efectuado un pago en metálico. Sin embargo, fue transferido al Ejército, que le custodió durante cuatro años más a pesar de ser conocido que su delator tenía intereses personales contra él y su familia.
Esta técnica también fue usada entre el 3 y el 5 de junio de 2003 con Abu Hazim, quepermaneció en vela y de pie 52 horas. Asadallah también fue mantenido así a pesar de sufrir un esguince. En 2003, la privación del sueño por debajo de las 72 horas estaba considerada como una técnica legal. Khallad bin Attash fue sometido a 70 horas de privación de sueño, dos menos de las permitidas. Después oficiales de la CIA le permitieron dormir durante cuatro horas para luego mantenerlo despierto, sentado, durante otras 20. Algunos detenidos fueron forzados a permanecer despiertos hasta 180 horas.
Los agentes, además, desprendían a los detenidos de su ropa, arrastrándoles desnudos por el suelo, bañándoles en agua congelada, simulando su ahogamiento mediante la inyección de inmensas cantidades de agua por las vías respiratorias y propinándoles brutales palizas, sin olvidarse de amenazarles con hacer daño a sus mujeres y niños. Las torturas llegaron incluso a causar la muerte, en 2002, de un detenido por hipotermia que había permanecido encadenado, prácticamente desnudo, en una prisión secreta de la CIA.
Inyecciones rectales forzosas que inducían al suicidio
A partir de marzo de 2004 y hasta que ingresó como preso en Guantánamo, Majid Khan llevó a cabo una serie de huelgas de hambre que llamaron la atención del personal de la CIA. Ante una primera situación en que se temía por su vida, el reo permitió que le fueran suministrados nutrientes por vía gástrica. Sin embargo, tres semanas después la CIA recurrió a un tratamiento más agresivo, que incluyó la alimentación e hidratación rectal sin su consentimiento.
Un día, el menú de Khan, consistente en hummus, pasta con salsa, nueces y pasas, le fue inyectado a la fuerza por la vía rectal. Las inyecciones persistieron y el preso intentó quitarse la vida en varias ocasiones con la ayuda de objetos punzantes.
Detenciones ilegales y líos diplomáticos
El informe revela también que la CIA cometió detenciones erróneas que prolongó sin justificación. Ese fue el caso del afgano Gul Rahman, detenido en 2004 por llamarse igual que un objetivo estadounidense. A pesar de que la agencia sabía que este hombre no era su objetivo, como reveló también una prueba de ADN, fue retenido en aislamiento durante aproximadamente un mes.
En enero del mismo año, la CIA detuvo a Khalid al-Masri, de nacionalidad alemana, para ser interrogado por la posibilidad de que conociera información sobre Al Qaeda. Ello se hizo sin determinar si su persona significaba amenaza alguna, lo que constituía un requisito para efectuar detenciones desde el 17 de septiembre de 2011. Finalmente, tras una retención prolongada de forma injustificada, Al-Masri fue liberado (fundamentalmente porque ciertas divisiones de la CIA no querían notificar al Gobierno alemán la captura de uno de sus ciudadanos) con sus enseres personales y 14.500 euros en concepto de indemnización.
Por otro lado, desde julio de 2004 hasta finales de ese año, se recurrió a técnicas de tortura de grado superior al permitido en los casos de Janat Gul, Sharif al-Masri y Ahmed Khalfan Ghailani, las tres con la aprobación individual del Departamento de Justicia.
Una información crucial para entender a Al Qaeda
George W. Bush, presidente de Estados Unidos mientras se produjeron las torturas, firmó un Memorándum de Notificación (MON) el17 de septiembre de 2001 que otorgaba a la CIA el derecho de detener a "quienes constituyan una amenaza de violencia y muerte a los ciudadanos de Estados Unidos y los que planeen ataques terroristas". El MON no hizo ninguna referencia a los métodos de los interrogatorios.
El director de la CIA, John Brennan, expresó este martes que la información extraída con las torturas fue "crucial" para entender a Al Qaeda y sigue siendo útilen la actualidad en esfuerzos contra el terrorismo. Tras la publicación del documento, la Agencia de Inteligencia estadounidense ha defendido que, pese a que cometió "errores" en su aplicación del programa, este produjo información útil, incluido en la misión para encontrar a Bin Laden.
Durante la era Bush, la CIA había alegado que el 50% de sus informes de inteligencia sobre la organización terrorista fueron elaborados a partir de los interrogatorios a presos. Sin embargo, la Oficina del Consejo Legal llegó también a conclusiones equivocada basadas en información falsa proporcionada por la agencia en relación a Al Qaeda y posibles ataques terroristas. Muchos de los torturados proporcionaron información errónea sólo para acabar con las prácticas de sus interrogadores.
Incompetencia... y ningún responsable
El documento refleja que la CIA no disponía de suficientes traductores para realizar interrogatorios eficaces en los primeros días de cautiverio de los detenidos. Además, muchos de los agentes que los llevaron a cabo no estaban cualificados para hacerlo, ya que habían terminado su formación apenas unos días antes.
Si bien el informe publicado por el Senado estadounidense explica con detalle las torturas practicadas sobre los presos sospechosos de terrorismo, en élaparecen borrados todos los nombres de los torturadores y de los países que cooperaron con Estados Unidos en estas prácticas.
A pesar de ello, EEUU ha instado a sus bases militares en el extranjero a extremar la alerta por la posibilidad de reacciones violentas a estas revelaciones.
'CARTA' DE CASTIGOS
Inyecciones rectales
Majid Khan fue obligado a alimentarse en 2004. Un día, su "bandeja de comida", consistente en hummus, pasta con salsa, nueces y pasas, le fue inyectada a la fuerza por el recto.
Privación de sueño
Hasta 180 horas fueron forzados a permanecer despiertos los reos. En 2003, tras 56 horas en vela, Arsala Khan tuvo alucinaciones.
El agua como arma
A algunos detenidos se les torturaba con simulacros de ahogamiento o se les bañaba en agua congelada. Un preso llegó a morir de hipotermia.
Vida en penumbra
Los reos eran recluidos en celdas oscuras, sin calefacción y con música atronadora. / B. H.
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ARGENTINA
Nora Cortiñas presentó un habeas corpus por la desaparición durante la dictadura de su hijo Gustavo y pide que se cite a declarar al General Milani, actual jefe del Ejército
Día de los Derechos Humanos: el cuerpo del padre y del hijo
Carlos Gustavo Cortiñas sigue desaparecido. Es el padre de Damián, y el hijo de Nora, quienes presentaron juntos un hábeas corpus en el que solicita se convoque a declarar al jefe del Ejército, Gerardo del Corazón de Jesús Milani. El militar actuó durante la dictadura en el Segundo Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el mismo en el que operaba el fallecido Carlos Alberto Martínez, el único condenado por la desaparición de Gustavo.
Nora y Damián Cortiñas reclaman a través del hábeas corpus que el Poder Judicial y el Estado respondan qué pasó con Gustavo, desaparecido en 1977. Se solicita también que se convoque al actual Ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien recientemente entregó archivos de la dictadura a organismos de derechos humanos, en los cuales no hay noticias sobre Gustavo Cortiñas.
"Y también pido que se abran los archivos de la Iglesia Católica, que tiene enorme información sobre qué pasó con los desaparecidos", dijo Nora Cortiñas a lavaca en la soledad silenciosa y amarronada del pasillo que da al Juzgado de Instrucción nº 23, a cargo del juez Roberto Oscar Ponce, donde se presentó el escrito. "La presentación de este nuevo hábeas corpus es un pasito más que damos para saber qué pasó con mi hijo.
Nora integra la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. La acompañaban su nieto Damián, y los abogados Verónica Heredia y Eduardo Soares.
"No queremos molestar a nadie. Solamente que el Estado conteste lo que yo pregunto: qué pasó con Gustavo. Es lo que corresponde según el hábeas corpus y la Constitución. Y como este gobierno ha tenido logros con respecto al juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos del pasado, bueno, todavía hay que terminar con el tema de la impunidad, y hay que saber la verdad de los archivos, que se conozca qué pasó en cada caso".
El hábeas corpus (cuya versión completa publicamos aquí) plantea que "se realicen todas las diligencias necesarias a fin de cumplir con el objeto del presente, cual es, conocer el paradero de Gustavo, todo, en la audiencia prevista legalmente".
Citación a Milani
El hábeas corpus recuerda que se presentó uno anteriormente, en 2012, dos veces archivado por el juez Ricardo Arturo Warley (cosa que demostraría que la justicia no es lenta, si se trata de archivar causas). La única noticia sobre Gustavo la aportó el juez Daniel Rafecas, al condenar a Carlos Alberto Martínez como responsable de la desaparición de Gustavo Cortiñas, casualmente una semana después de la presentación de aquel hábeas corpus. Martínez murió en abril de 2013. Nunca hubo noticias ni diligencias claras que indicaran qué pasó con Gustavo.
Otro párrafo del hábeas corpus: "Solicito que en el marco de la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 23.098 se convoque como representantes del Estado Nacional al Ing. Agustín Oscar Rossi, Ministro de Defensa de la Nación y al Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, Jefe de Estado Mayor General del Ejército. El Ing. Rossi informó públicamente hace unos meses atrás que había recibo archivos de la dictadura que si bien entregó a los organismos de derechos humanos, no contienen los mismos ninguna información sobre el paradero de Carlos Gustavo. El Tte Gral Milani en la actualidad es el Jefe Mayor del Ejército y actúo durante la dictadura en el Segundo Cuerpo de Inteligencia del Ejército, mismo lugar en que actuó Martinez. Por la cuestión de que se trata, la audiencia en el marco del habeas corpus los funcionarios públicos deberán comparecer la audiencia en el marco del habeas corpus los funcionarios públicos deberán comparecer personalmente ante V.S.".
La presentación del hábeas corpus se hizo ante el propio juez Ponce, que ahora deberá contestar qué decide hacer al respecto. Nora, cuando se iba del brazo con su nieto: "Estoy contenta, pude contar lo que quería contar, esperemos que esto sirva para saber qué pasó con mi hijo".
Día de los Derechos Humanos
La espera fue de más de una hora, con funcionarias y funcionarios yendo y viniendo del juzgado al que se había presentado el hábeas corpus dos años atrás. En ese lapso Nora habló con lavaca sobre el significado del Día de los Derechos Humanos. Algunas de sus ideas, que representan una agenda del tema, conjugada en tiempo presente:
- "Personalmente, para mí todos los días son el día de los derechos humanos, que implica luchar también por la igualdad y la justicia, así como hoy estoy aquí para saber la verdad".
- "Es un día que deja de respetarse en el mundo entero, donde se avasallan los derechos de los pueblos. Cada día hay que hacer más esfuerzo para defender los derechos humanos. Me preocupa, en Argentina, que se criminalice la protesta social, a las comunidades indígenas a las que intimidan y persiguen y allanan violando todos sus derechos. Los casos de gatillo fácil, persecución a los jóvenes, negación de justicia para los familiares".
- "Ese día de los Derechos Humanos no hay nada que celebrar, cuando hay tanta gente perseguida en el mundo, en Palestina, en Paraguay, en Colombia, en Honduras, las torturas de la CIA en Guantánamo, y lo que pasa en los propios Estados Unidos donde matan a integrantes de su población negra todos los días".
"Entonces siento que la palabra se va vaciando de contenido, ya no tiene tanto sentido. ¿Qué le van a decir a los niños en un colegio sobre derechos humanos si a lo mejor su padre y su madre pierden su trabajo y si salen a reclamar los reprimen con gases y palos?" - ¿Cómo les hacemos entender a los niños que los derechos humanos son inseparables unos de otros? El derecho a la vivienda, al territorio y al agua. Vos sabés que estuve leyendo las declaraciones de derechos humanos, y no está el derecho al agua. Hay que ponerlo. Porque para para extraer las riquezas de nuestro suelo se emplean millones de litros de agua que se le quitan al pueblo. Lo mismo que pasa con el fracking y con la minería, que está siendo investigada por las violaciones a los derechos humanos que ha provocado. El agua, el aire y la tierra valen mucho más que el oro, el petróleo y los diamantes. Eso también es entender los derechos humanos".
Buitres y abrazos
Salían y entraban personas del juzgado, que miraban de reojo esa sorpresa matinal que deparaba la presencia de Nora, sentada en un banco de madera, esperando con una sonrisa. Una breve excepción, porque hay que reconocer que lo único que nunca ha hecho esta bajita y enorme dama de 84 años es esperar sentada. Nora continuó ante lavaca con sus reflexiones para comprender el presente:
- "También es un tema de derechos humanos seguir pagando una deuda externa que nace de la dictadura cívico-militar-religiosa, que representó negocios impresionantes para empresarios mientras los militares torturaban y mataban a nuestros hijos. Y que hoy se refleja en los buitres. No tiene que haber más buitres: es toda una usura contra un pueblo entero".
¿Y cuál es el lado positivo, los logros de todos estos años acompañando cada uno de esos conflictos? "Yo sonrío muchas veces por día, sonrío a la vid que me da fuerza, me da la familia que me ayuda y me protege. Sonrío porque Gustavo dejó una huella muy profunda, y cuando a nosotras nos dan un reconocimiento, es un reconocimiento a ellas y a ellos: los desaparecidos. Si fuéramos madres de asesinos no recibiríamos ese afecto, ese aprecio".
Nora dice que durante casi 40 años, lo que hicieron las madres fue poner los principios delante del dolor y la desesperación. "El éxito es que el pueblo nos consideraba invisibles durante años y años, estábamos en la Plaza, pasaban al lado nuestro, pero éramos invisibles. Imaginate lo que es que ahora nos reconozcan toda esa lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Que sepan que donde hay injusticia habrá un pañuelito. Y que donde haya una agresión, vamos a estar".
Dice Nora: "Se siente el aprecio, el abrazo de la gente, de tantos jóvenes. Cada día transformamos el dolor en lucha, y hay otras madres, las de Cromañón, las del gatillo fácil, las que están contra la trata, el maltrato a los niños, todas estamos ligadas, nos apoyamos, y muchas tomaron nuestra lucha como un camino a seguir…" cuando la llamaron del juzgado para que, finalmente, presentara el hábeas corpus y, como siempre, dijera todo lo que tiene que decir.
INTERPONE HABEAS CORPUS POR DESAPARICION FORZADA
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Señor Juez de Turno de Habeas Corpus:
Nora Irma MORALES de CORTIÑAS, D.N.I. 0.019.538, domiciliada en calle Lobos N° 1683, Castelar, madre de Carlos Gustavo CORTIÑAS, detenido y desaparecido forzadamente desde el 15 de abril de 1977 y por ello invoco mi carácter de representante del mismo, constituyendo domicilio en calle Alsina 1535, 6to. Piso, Oficina '601', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con patrocinio letrado de Eduardo SOARES, Mat. T° 26, F° 756 CPACF y Verónica HEREDIA, Mat. T° 116 F° 943 CPACF [usuario 27203819280 – veronicaherediag@gmail.com], ante V.S. me presento y respetuosamente digo:
I. OBJETO
1. En los términos de los Arts. 43 último párrafo y 75 (22) de la Constitución de la Nación Argentina [C.N.]; Art. 10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas [CIDFP] aprobada por Ley 24.556 y constitucionalizada por Ley 24.820; Art. 17.2.f) de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas [CIPPDF] aprobada por Ley 26.298 y, Arts. 10 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [DADDH]; Arts. 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH]; Arts. 7.6, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH] aprobada por Ley 23.054; Arts. 9.4 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCyP] aprobada por Ley 23.313, instrumentos éstos constitucionalizados mediante el art. 75 (22) C.N. reformada en 1994, vengo a interponer habeas corpus por desaparición forzada a favor de Carlos Gustavo CORTIÑAS, quien se encuentra desaparecido forzadamente a partir del 15 de abril de 1977 contra el Poder Ejecutivo Nacional [art. 99 (1) C.N.]. Por ello solicito se dé trámite al presente habeas corpus de conformidad con la legislación vigente en la materia –Ley 23.098- y se ordene a la autoridad que cese su accionar y se realicen todas las diligencias necesarias a fin de cumplir con el objeto del presente, cual es, conocer el paradero de Gustavo, todo, en la audiencia prevista legalmente.
II. PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS POR DESAPARICION FORZADA
2. El 10 de diciembre de 2012, hace 2 años, interpuse habeas corpus a favor de Gustavo. El juez de turno en esa oportunidad fue el Dr. Ricardo Arturo Warley, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 12, Secretaria N° 137 a cargo de la Dra. Miriam Andrea Halata. Se inició allí el expediente N° 48.065/12 caratulada "Imputado NN, Damnificado CORTIÑAS CARLOS GUSTAVO".
3. En dos oportunidades el juez archivó la citada causa. En la primera oportunidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó al juez desarchivar el expediente y asegurar la efectiva adopción de todas las medidas posibles y la puesta a disposición de los recursos necesarios con el propósito de acceder al conocimiento de lo ocurrido a Carlos Gustavo Cortiñas [Sentencia de 17/04/2013, Registro 505/13].
4. La única noticia que obtuve en el marco del habeas corpus fue la aportada por el juez Daniel Rafecas a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaria N° 6, quien el 20 de diciembre de 2012 procesó a Carlos Alberto Martínez por encontrarlo responsable de la desaparición de Carlos Gustavo. En abril de 2013 tomé conocimiento que Carlos Alberto Martínez había fallecido. Surge del auto de procesamiento que Martínez fue Jefe del Segundo Cuerpo de Inteligencia del Ejército.
5. Sin embargo, sin obtener ninguna noticia sobre el paradero de mi hijo Carlos Gustavo, el señor juez volvió a archivar el habeas corpus.
6. Por ello vengo nuevamente ante la justicia argentina, como lo hice durante los años de dictadura y consta en los habeas corpus acordalados en la causa archivada ahora en democracia, a fin que V.S. adopte todas las medidas posibles y ponga a mi disposición los recursos necesarios con el propósito de conocer el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas.
III. PRUEBAS
7. Ofrezco como prueba:
7.1. Informativa: Expediente N° 48.065/12 caratulada "Imputado NN, Damnificado CORTIÑAS CARLOS GUSTAVO" del Juzgado de Instrucción N° 12, Secretaria N° 137, con todos los expedientes acordalados y la prueba allí incorporada;
7.2. Testimoniales: Solicito que en el marco de la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 23.098 se convoque como representantes del Estado Nacional al Ing. Agustín Oscar Rossi, Ministro de Defensa de la Nación y al Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, Jefe de Estado Mayor General del Ejército. El Ing. Rossi informó públicamente hace unos meses atrás que había recibo archivos de la dictadura que si bien entregó a los organismos de derechos humanos, no contienen los mismos ninguna información sobre el paradero de Carlos Gustavo. El Tte Gral Milani en la actualidad es el Jefe Mayor del Ejército y actúo durante la dictadura en el Segundo Cuerpo de Inteligencia del Ejército, mismo lugar en que actuó Martinez. Por la cuestión de que se trata, la audiencia en el marco del habeas corpus los funcionarios públicos deberán comparecer personalmente ante V.S.
VI. RESERVAS
8. Conforme Acordada 4/2007 CSJN, vengo a formular tempestiva reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando el remedio extraordinario federal previsto en el art. 14 Ley 48, por estar en juego los derechos fundamentales de Carlos Gustavo Cotirñas, a saber: Arts. 18 y 75 (22) y (23) C.N.; Arts. 1 (Derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona) y 18 (Derecho de justicia) DADDH; Arts. 3 y 8 DUDH; Arts. 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la vida), 5.1 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal), 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) CADH; Arts. 9.3 y 9.4, 10.2.a) y 14 PIDCyP; CIDFP y CIPPDF, derechos que se encuentran garantizados mediante el habeas corpus por desaparición forzada, hago expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso previsto en el art. 14 Ley 48, denunciando cuestión federal suficiente en caso de rechazarse esta petición. Inclusive, por la doctrina de la arbitrariedad.
9. Por resultar el habeas corpus por desaparición forzada el recurso rápido y efectivo previsto en los tratados internacionales de derechos humanos a favor de Carlos Gustavo, hago expresa reserva de acudir ante los organismos internacionales competentes en caso de rechazar el presente recurso convencional.
VII. PETICION
10. Por lo expuesto, solicito a V.S.:
1. Me tenga por presentada, parte en mi carácter de denunciante y representante de mi hijo Carlos Gustavo Cortiñas;
2. Tenga por presentado habeas corpus por desaparición forzada y ordene de manera inmediata a la autoridad denunciada brinde toda la información a fin de conocer el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas;
3. Disponga la audiencia con las autoridades denunciadas y arbitre todas las medidas necesarias a fin de conocer el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas;
4. Tenga presente las reservas formuladas.
Proveer de conformidad que
SERA JUSTICIA
Se presentó el Observatorio de Vulneración de Derechos
Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre 2014.- Un recorrido por la historia y la actualidad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, además de variadas propuesta para la defensa de los sectores en los cuales laboran los empleados públicos, se pudieron escuchar este martes en el Auditorio Eva Perón de ATE Nacional, al ser presentado el Observatorio de Vulneración de Derechos.
Con una nutrida participación de delegados todo el país -incluidos representantes de los pueblos originarios wichi, mapuche, guaraníes y qom-, como también organizaciones políticas y sociales el lanzamiento del Observatorio se enmarcó en la jornada "Inclusión y Derechos Humanos", impulsada por el Departamento de Derechos Humanos de ATE.
Las palabras de presentación estuvieron a cargo de Héctor Carrica, en representación de Derechos Humanos ATE, quien afirmó que el nuevo espacio instituido es "una herramienta organizativa" amplia y que tiene el objetivo de "formar en derechos humanos a delegados y dirigentes". El Observatorio, indicó Carrica, busca analizar, organizar y difundir las problemática de los trabajadores y las trabajadoras, y a su vez derivar los casos presentados al área legal del sindicato para resolver con rapidez los conflictos planteados.
A su turno el abogado, periodista y dramaturgo Vicente Zito Lema recordó que el siglo XX fue la etapa "más monstruosa" de la humanidad, ya que estuvo marcada por guerras, bombas atómicas y genocidios. Zito Lema remarcó que esto se debe a que en el mundo existe "un sistema que prioriza la muerte sobre la vida". "El instrumento de muerte en su forma económica, cultural y científica es el capitalismo", aseveró.
El reconocido periodista se preguntó si es posible la existencia de los derechos humanos bajo el capitalismo, a lo cual respondió que esa es "una contradicción insoluble" y que bajo el imperio del capital solamente veremos "ráfagas de derechos humanos".
Vicente Zito Lema, poeta, periodista, abogado.
Precarización y derechos
Durante su intervención, el docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), David Duarte, hizo una síntesis de las luchas sociales y sindicales en Argentina que permitieron, a principios y mediados del siglo XX, lograr derechos laborales. Duarte -que también es Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Sociales y Derechos Humanos en la Universidad de Guatemala-, enfatizó que "los derechos de los trabajadores son productos de las luchas".
El catedrático recordó que la precarización laboral en Argentina comenzó durante la dictadura militar (1976-1983) a través de la locación de servicio o, como lo denominó, el "alquiler de personas". A su vez, sostuvo que el derecho al trabajo debe generar estabilidad para alcanzar "una vida digna y construir una sociedad medianamente en paz". Duarte advirtió además que "el empleo precario es no tener un proyecto de vida digna ni futuro".
Por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta, autor del libro "Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno", explicó que en la actualidad se avanzó en el cumplimiento de derechos, pero que al mismo tiempo hubo retrocesos. Como ejemplo indicó que la criminalización de la pobreza en el país sigue latente, ya que las personas con menos recursos son "sistemáticamente detenidas" por las fuerzas de seguridad por el solo hecho de pertenecer a ese sector. "Detrás de la brutalidad policial siempre se encuentra el prejuicio social", resumió Rodríguez Alzueta. El también docente de la Univeridad Nacional de La Plata (UNLP) manifestó que en la legislación argentina siguen vigentes "las figuras para perseguir a dirigentes" gremiales y sociales.
Rodríguez Alzueta recordó que 50% de los trabajadores y las trabajadoras del país se encuentran bajo alguna forma de precarización y que, de ese total, 25% son jóvenes. "la informalidad es constitutiva del capitalismo", explicó. Por último, señaló que los mercados ilegales o informales "no transitan mundos separados" de las economías legales, sino que dentro del actual sistema se complementan.
Quien también participó en la jornada fue el actor y director teatral Norman Briski, quien dijo que desde "la cultura no sólo se tiene que resistir, sino que apostar por un país distinto", basado en el afecto y la solidaridad. Briski se preguntó "¿cómo podemos construir un país socialista?" y criticó duramente a la sociedad de consumo que, según él, genera muertes.
Las voces de todos y todas
Al finalizar las exposiciones de los panelistas, el público también fue de la partida. Entre los temas que se debatieron, estuvieron presentes la situación de los presos políticos en Argentina (planteado por un integrante del Movimiento Quebracho), las consecuencias que acarrea la megaminería y la aplicación masiva de agronómicos (en la voz de Resumen Latinoamericano), como también la extracción de petróleo con el polémico método de fracking. A esto se sumó la denuncia sobre los casos de femicidio y la violencia contra las mujeres en Argentina. Especial atención suscitó la reflexión de uno de los integrantes de la Agrupación de estudiantes secundarios "La Simón Bolívar", quien puntualizó las grandes dificultades que tienen actualmente los jóvenes para estudiar, para trabajar ("con contratos basura") o para encarar el tema de la vivienda.
Con gran atención se siguió también la mesa en la que expusieron los representantes de los pueblos originarios, quienes dieron un panorama de la grave situación que se vive en las comunidades, tanto en Formosa, como en Misiones, Chaco y el territorio mapuche. Lucha por la tierra, enfrentamiento con los respectivos gobiernos provinciales que envían sus policías y matones para golpear o intentar amedrentar a los indígenas y campesinos, la falta de salud, educación y vivienda, son algunos de los temas expuestos.
Antes de cerrar la jornada, el secretario general de ATE Nacional, Julio Fuentes, afirmó que el lanzamiento del Observatorio de Vulneración de Derechos "es de vital importancia" porque implica que desde el sindicato se tendrá una mirada más amplia de los derechos humanos. Fuentes remarcó la importancia de la formación sobre este tema para delegados y cuadros dirigentes, por eso convocó a impulsar el Observatorio "a lo ancho y largo del sindicato" para que de esa forma "se instale para ser mejores militantes".
David Duarte, docente de las universidades de Guatemala y Buenos Aires
Esteban Rodríguez Alzueta, docente de la UNLP
y autor de "Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno"
Norman Briski, actor, dramaturgo.
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ARGENTINA
LA MALDITA IMPUNIDAD
Absolvieron al empresario sojero por el crimen del campesino Cristian Ferreyra
Un disparo sin autor intelectual
El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
Uno de los abogados de la querella había pedido que se acuse al empresario como coautor necesario del crimen contra el campesino, cometido el 11 de noviembre de 2011.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
Diario del Juicio de Monte Quemado
Comunicado Urgente del Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP)
Un poder judicial al servicio de las élites
Sobre el vergonzoso desenlace del proceso de Monte Quemado
La sentencia dictada esta mañana en la ciudad de Monte Quemado por la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero, constituye una clara muestra del carácter clasista y racista del poder judicial de esa provincia. En un sentido más general, el desenlace de este histórico proceso contra los asesinos del joven campesino Cristian Ferreyra, pone en evidencia el pacto establecido entre el poder político y económico de Santiago del Estero para imponer un modelo de desarrollo y acumulación, a través de la violencia contra las poblaciones rurales.
La decisión de dar la espalda a los anhelos de justicia de un campesinado que durante la última década se movilizó en defensa de sus formas de vida y de producción, ante al avance demoledor de los agro-negocios, puede tener severas consecuencias en un futuro inmediato de intensificación de los conflictos sociales. La tensión a la que nos referimos no es exclusiva de Santiago del Estero ni se dirime únicamente en el territorio de la ruralidad. No se trata tampoco de un exceso o anomalía. Estamos antes los efectos necesarios de un esquema de negocios articulado en función de la hegemonía del capital financiero, cuyo alcance es nacional e incluso regional. El narcotráfico, la especulación inmobiliaria, y las distintas industrias extractivas, forman parte del mismo patrón productivo, cuyo poder de corrosión penetra a las instituciones estatales, poniendo en serio riesgo las formas republicanas de la soberanía.
Javier Juárez, el asesino material, es el único condenado en la causa, a cumplir una pena de solo 10 años de prisión y al pago de 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados. Mientras tanto el empresario Jorge Antonio Ciccioli, a todas luces el verdadero responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos, fue absuelto de todo cargo. En el mismo sentido, el resto de los integrantes de la banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo, fueron liberados de toda responsabilidad penal. La sentencia fue precedida por un desproporcionado operativo policial, con el propósito de contener y eventualmente reprimir la movilización organizada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe – VC), organización a la que pertenecía el joven Cristian Ferreyra.
El desafío para los movimientos populares y de crítica que pugnan por una democratización real de las estructuras sociales es enorme, ante la complejidad de los tiempos que se avecinan. Desde Monte Quemado, Angel Strapazón, uno de los referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena afirmó: "Ya lo dijo José Martí: la justicia es un largo laberinto, cañadas y precipicios. Lo estamos comprobando y constatando dolorosamente, a veces a los golpes. Podemos putear, indignarnos, reaccionar. Pero somos inteligentes y sabemos que el momento de recibir un golpe es también el momento de mostrar el poder de sobrevivencia. Es un momento para la inteligencia y la astucia. Y tendremos que volver a recurrir al mismo poder judicial. Sabemos que es una de las corporaciones más duras, vinculadas a los grupos hegemónicos. Igual vamos a apelar hasta el infinito, todo lo que nos permita el poder judicial argentino".
"Hay evidentemente un acuerdo, un pacto de silencio"
El referente campesino Angel Strapazzón cuestionó el fallo que absolvió al empresario Jorge Ciccioli en el juicio por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra al indicar: "No cabe dudas que (Ciccioli) era responsable, si no ¿por qué lo mantuvieron tres años preso y le negaron la excarcelación? ¿Para ahora absolverlo?"
El integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), en declaraciones a FM La Tribu, señaló que "este era un juicio a un modelo de agronegocios con sectores muy ambiciosos, violentos y criminales" que "están empecinados, cebados con la cuestión de acaparar y concentrar la tierra".
Después de la lectura de la sentencia, en la localidad santiagueña de Monte Quemado, Strapazzón aseguró que el sector del agronegocio cuenta con "la complicidad de gobiernos y justicia" e indicó que por eso el movimiento campesino viene "teniendo traspiés y derrotas. No hay de qué avergonzarse: si no tenemos la lucidez y la firmeza de asumir la enfermedad como es, tampoco tenemos una cuota de realismo que nos permita pensar cómo resolvemos la cuestión".
"No hay democracia sin poder judicial, sin policías al servicio del pueblo. No hay democracia si no hay jueces que defiendan a pobres, prostitutas, trabajadores, ladronzuelos de gallinas", afirmó.
El referente campesino alentó a "recurrir a la mirada histórica para entender este problema" porque "hay que seguir poniendo fuerza y análisis para la construcción de poder popular". "Falta que muchísimos millones de seres humanos nos demos cuenta de la importancia que tiene la redistribución de la tierra y la tarea del campesino en la producción de alimentos en el mundo", subrayó.
Strapazzón confirmó además que apelarán la sentencia que sólo condenó a diez años al autor material del asesinato de Cristian Ferreyra y absolvió a todos los demás acusados, entre ellos Ciccioli, y agregó que la causa judicial contribuye a dar visibilidad a la lucha campesina.
Según el referente del Mocase-VC, convergen en la violencia anticampesina "tres vertientes de intereses", una de las cuales es el narcotráfico, que cuenta con complicidad de las fuerzas de seguridad. La segunda "es la maximización de la ganancia, aparentemente vinculada a negocios legales como la soja y las comodities, pero está apareciendo que no son tan legales", y la tercera son "los intereses detrás de la especulación financiera que trae la acumulación de la tierra".
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MEXICO
LOS 23 MESES DE EPN: 41,015 HOMICIDIOS DOLOSOS
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El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, ordenó traslado compulsivo a Civil de la fiscal penal Diana Salvo.El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, ordenó traslado compulsivo a Civil de la fiscal penal Diana Salvo.
por Roger Rodríguez
El Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, resolvió días atrás el traslado compulsivo y sin aviso a una fiscalía civil de la Dr. Diana Salvo, fiscal penal de 10º turno, que estaba a cargo de la causa que indaga las denuncias de malos tratos y abusos sexuales a los que fueron sometidas las ex presas políticas en los años de la dictadura.
La Dra. Salvo había pedido que se formara una pieza independiente para procesar con prisión al militar Asencio Lucero, quien en su testimonio del martes 30 ante la jueza penal de 16º turno, Julia Staricco admitió y justificó la práctica de torturas aberrantes sobre las mujeres que estaban detenidas en el Regimiento de Caballería Nº 9.
La representante del ministerio público, ahora enviada a la Fiscalía Civil de 8º Turno, pretendía que continuaran las investigaciones sobre el caso principal a la vez que pidió el procesamiento de Lucero en un escrito presentado hace más de un mes. Sin embargo, la sorpresiva respuesta de la Procuradoría General de la Nación, a cargo del Dr. Jorge Díaz Almeida, fue su traslado.
El episodio sufrido por la Dra. Diana Salvo (será subrogada por la Dra. Estela Llorente, proveniente de Maldonado), constituye el tercer caso en que en el sistema judicial uruguayo se produce el trasladado al área civil, de un funcionario que se destacaba por su trabajo en indagaciones sobre delitos penales vinculados a hechos de corrupción o a crímenes de lesa humanidad.
A principios de 2012, cuando asumió su cargo el Dr. Jorge Díaz, se produjo el escandaloso cambio de destino del fiscal Ricardo Perciballe quien venía actuando en las fiscalías especiales contra el crimen organizado. Y a comienzos de 2013 la Suprema Corte de Justicia, decidió el traslado compulsivo de la jueza Mariana Mota quien tenía a su cargo 50 causas de derechos humanos.
La confesión de Asencio Lucero, encargado de Inteligencia del Regimiento 9º, fue divulgada por el semanario Búsqueda, quien destacó que "se describen por primera vez en forma detallada las torturas efectuadas por militares a los detenidos políticos" como el submarino mojado o seco, la picana eléctrica, la privación de sueño, el desnudo en mujeres, los plantones y otros apremios.
La Dra. Salvo también atendía el misterioso caso de la bomba que estalló en 2009 en una casa de la calle Plutarco, donde falleció Miriam Mazzeo, funcionaria del Instituto Superior de Formación Física, casada con Carlos A. Díaz. Una nueva línea de investigación estaba en curso luego que se agotaran varias teorías sobre quién puso el explosivo, catalogado como "casero" por los técnicos del Ejército.
COLOMBIA
El Batallón que ganó el concurso de "falsos positivos" (léase: fusilamientos )
por Natalia Arenas,
(Silla Vacia)
09 Diciembre 2014
El Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina no está especializado en combate. Sin embargo, en el 2006, en pleno auge de los falsos positivos, fue el Batallón que más bajas presentó en todo el país.
Johan Lotero Gil se tiró por un barranco del municipio de Santa Bárbara, en Antioquia. Estaba huyendo. Los militares lo buscaron toda la noche. Al otro día, un ayudante de un bus les dió la pista: un tipo, más arriba, estaba diciendo que lo iba a matar el Ejército. Se fueron corriendo a buscarlo y lo encontraron. Lo montaron en una camioneta oficial con rumbo al Alto de Minas, a 15 minutos del casco urbano, donde el Batallón Pedro Nel Ospina tenía una base militar. Le dieron comida y baño. Por la noche, lo sacaron de la instalación castrense y, cerca de allí, en una carretera veredal, le dispararon hasta matarlo.
La suya fue una de las 86 "bajas en combate" con las que en el 2006, el Batallón Pedro Nel Ospina ganó un macabro concurso en el que participaron las 10 unidades tácticas adscritas a la IV Brigada del Ejército: premiar al que más bajas presentara al final del año.
Ese año, el Pedro Nel Ospina, en ese entonces al mando del Coronel Edgar Emilio Ávila Doria, no sólo ganó en Antioquia. Además, fue el Batallón que registró más bajas en todo el país.
"A los comandantes les dieron medallas de orden público; a los tenientes cursos de aviación o los desplazaban al Sinaí", dijo en un interrogatorio ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Teniente Manuel Alejandro Cuellar, hoy retirado del Ejército y recluido en la Prisión Militar del mismo Batallón donde ocurrió todo, en Bello, Antioquia.
"Es extraño que la Unidad haya quedado de primeras en resultados operacionales a nivel nacional, por encima de zonas como Caquetá, Meta y Guaviare. La mayoría de sus integrantes son soldados regulares o campesinos, con pocos soldados profesionales", dijo.
El Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina opera en la comuna 13 de Medellín y el oriente antioqueño. Es un batallón para el control militar de área, especializado en la construcción de obras como puentes y alumbrados para los civiles, no en operaciones de combate.
Sin embargo, dice Cuellar, el triunfo hizo que aumentara "la presión del Coronel Ávila, el Mayor Cadena y el Mayor Raúl Huertas (las tres cabezas del Batallón) para que las tropas dieran resultados".
El Coronel Edgar Emilio Ávila Doria, quien hasta hace poco fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, es acusado por estos dos militares de haber coordinado y presionado a las tropas para que produjeran tantas bajas como en el 2006.
El fiscal Luis Fernando Zapata que imputó a estos dos militares por 19 hechos de falsos positivos entre el 2006 y 2007, también ha sido el fiscal del caso del coronel Robinson González del Río, uno de los militares salpicados por este escándalo y quien negociaba con el Consejo Superior de la Judicatura para que los casos quedaran en la justicia penal militar.
El pasado 18 de noviembre, por primera vez desde que se destapó el escándalo de falsos positivos, la Fiscalía imputó cargos contra dos militares no sólo por un hecho, como suele hacerlo, sino por 19. Todos de una sola sentada. Un hecho que fue catalogado por el fiscal del caso, Luis Fernando Zapata, como "sui generis".
Él es el mismo fiscal que en 2012 mandó a interceptar el teléfono del coronel Robinson González del Río que permitió descubrir cómo éste negociaba con el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura, para que les ayudara a él y a otros militares implicados en falsos positivos, a que sus casos pasaran de la justicia ordinaria a la penal militar.
Los acusados son el teniente Manuel Alejandro Cuellar y el sargento William Darley García Ospina, ambos de la sección de inteligencia del Pedro Nel Ospina. Aunque sólo por la muerte de Johan podrían enfrentar una pena de mínimo 40 años de cárcel, están colaborando con la justicia para que les reduzcan la pena, que puede llegar a ser menos de la mitad. Por eso, su testimonio sobre cómo murieron las 25 personas en 19 hechos a manos del Batallón Pedro Nel Ospina se ha convertido en la clave para revelar el modus operandi con el que el Batallón se hizo acreedor del premio.
Cuellar, que para entonces era el Jefe de Inteligencia del Batallón, calcula que entre 2006 y 2007 fueron 72 víctimas que, como Johan Lotero, fueron asesinadas por el Ejército pero presentadas como muertos en combate.
Además de escribir los informes de inteligencia que sustentaban los resultados operacionales, Cuellar y el sargento García también reclutaban a las bajas del Pedro Nel Ospina. Eran los que sabían cómo se hacían los "trabajitos", dijeron. Para esto, se apoyaban en dos informantes que participaron en varios de estos hechos: alias "Román" y alias "Pan de 10" con quienes buscaban a las víctimas y se las entregaban a los hombres del Batallón.
Uno de ellos, Pan de 10, fue quien quien recogió en marzo del 2007 a Jorge Humberto Lotero en su casa en el municipio de Risaralda, en Caldas. Era su primo, Luis Norberto Serna que se llevó a Lotero con la promesa de un trabajo en construcción en Medellín donde le iban a pagar 300 mil pesos quincenales.
Aunque en el Montero verde en el que se lo llevaron iban tres personas más, sólo Lotero se bajó cuando se detuvieron en la vía entre Sabaneta y Caldas, en Antioquia.
El teniente Cuellar lo estaba esperando y se lo llevó a tomar trago durante siete horas en la plaza mayorista de Itagüí -el Corabastos que suple a toda Antioquia-. En la noche, pasó a recogerlos un carro que los llevó hasta la vereda el Sesenta, del municipio de Caldas. Las tropas al mando del teniente Wilmar Ezequiel Cárdenas del Batallón Pedro Nel Ospina lo bajaron del carro y lo ubicaron al lado de la vía. Desde allí le dispararon.
Jorge Humberto Lotero todavía tenía alcohol en la sangre cuando le hicieron la autopsia, aún cuando había pasado un tiempo entre su muerte y los exámenes médicos. Una borrachera leve, de esas donde el cuerpo empieza a perder coordinación y se vuelve peligroso manejar.
Esa noche el sargento García Ospina se acercó hasta el cuerpo de Lotero, le puso entre sus manos una pistola .38 y disparó con uno de los dedos inertes.
Así, los exámenes de pólvora en los informes de balística que hacía el CTI daban positivo. Eso, sumando a los anexos de inteligencia que había escrito Cuellar, que justificaban la presencia de los militares en el sitio, y las órdenes de operaciones y las misiones tácticas firmadas por el Comandante del Batallón, coronel Ávila Doria y el oficial de Operaciones, mayor Raúl Huertas Ceballos, eran las evidencias con las que probaban que hubo combate.
"En los informes de inteligencia sólo se cambiaba el análisis ya que se hacía uno para todo el mes. Se cambiaba la estructura a la cual se le colocaba el muerto y después de los hechos, se cambiaba el análisis para justificar la presencia de los miembros del Ejército en el lugar donde se había presentado la baja. Era copia y pegue", dijo el Teniente Cuellar en el interrogatorio.
Rosa, la esposa de Lotero, lo buscó durante 15 días antes de encontrarlo en el anfiteatro de Medicina Legal en el municipio de Caldas. En cambio, los otros tres que viajaron con su esposo aparecieron un día después de su muerte, en el municipio de Segovia, al norte de Antioquia.
"Fueron distribuidos", dice el fiscal Zapata en la audiencia de imputación celebrada el 18 de noviembre de este año. "Uno, Lotero, para Caldas, como resultado para el Batallón Pedro Nel Ospina y las otras tres en el municipio de Segovia para resultado operacional del Batallón Energético y Vial No. 8 de ese municipio".
Por los tres hombres de Segovia ya han sido condenados cinco soldados, el capitán Hansen Ejey Gómez Ruiz, comandante del Batallón y alias Pan de 10. Este último gracias a la esposa de Lotero, que lo reconoció en el álbum familiar como el primo de su esposo.
La misma táctica ya la habían usado el 26 y 27 de marzo del 2006, pero esta vez los repartieron para dar resultados sólo entre los hombres del Pedro Nel Ospina.
"El capitán [Jackson] Moreno Moreno les dijo que iban a entregar cuatro personas en Itagüí, de las cuales dos iban para Abejorral, entregadas al Sargento [Fernando] Valencia y las otras dos para el cabo Mejía [en la Comuna 13 de Medellín]. Los asesinaron", dijo en testimonio el Sargento García.
Y es que los mismos tenientes del Batallón competían entre sí por conseguir los resultados operacionales. Por ejemplo, uno de los tenientes que mencionan es Juan Pablo Albarracin, que "les insistía [a los informantes Román y Pan de 10] que les llevaran personas porque él era el único teniente que no había dado resultados", cuenta García. Lo mismo dice del teniente Cárdenas, que fue trasladado a Abejorral para dar resultados porque "en ese sitio los daba el sargento Valencia y el cabo Reyes Montealegre".
Era una operación avispa, como la que hacen los políticos para no quitarse votos entre sí, sólo que en este caso se trataba de cadáveres.
Antioquia es el departamento con más casos de falsos positivos en todo el país: 793 según la Fiscalía. Entre 2006 y 2007 según uno de los imputados en esta audiencia, el Batallón Pedro Nel Ospina tuvo 72 casos
Los militares se repartían las víctimas entre distintos batallones. Aquí, en la audiencia donde se condenó a cinco soldados por matar y presentar como "bajas en combate" a tres personas en Segovia, Antioquia.
García, como sargento de inteligencia de Batallón, estaba presente en todos los crímenes no sólo para hacer los informes sino porque él era quien se encargaba de arreglar la escena para que pareciera un combate. También era el que disparaba las armas hechizas que conseguían los militares (changones, escopetas, revólveres y pistolas que ponían al lado de los cuerpos) para que las pruebas dieran positivo. En algunos casos, dice el Sargento, los hombres de inteligencia proveían radios de comunicación y granadas de mano con las que disfrazaban de delincuentes a las víctimas.
La única vez que le pusieron un fusil largo [Ak-47] a una de las "bajas" del Batallón fue el 15 de mayo de 2007, cuando mataron a dos personas que presentaron como resultados operacionales en la vereda Los Rastrojos del municipio de Abejorral. Uno de ellos era Eiber Alexander Pino, un drogadicto que había estado internado en la Fundación Luz del Camino en el municipio de Guarne.
García dijo que le pusieron un fusil porque el coronel Ávila estaba presionado por sus superiores después de que la guerrilla incendió por esos días un bus en la vía a Santa Bárbara.
Las "presiones" de sus superiores se repiten en casi todos los 19 hechos que narra el fiscal Zapata. Según ellos esos comandantes estaban al tanto de todas las operaciones y ayudaban a coordinarlas. Aseguran que Ávila daba el "visto bueno" para comprar las armas que les ponían a los cadáveres y que otro de los comandantes, José Zanguña Duarte, les pedía que no usaran para estos trabajos los carros de la institución, sino que le dijeran a él para "contratar carros de afuera".
En una ocasión, el teniente Cuellar mató a una de las víctimas y cuando llegaron las tropas a ayudarle, el cadáver tenía un pasamontañas, pero al revés. Cuellar dijo que "si no daba una baja lo retiraban del Ejército porque estaba en período de prueba". A García le tocó arreglarle la prenda para maquillar la escena.
"El Coronel Edgar Emilio Ávila Doria les decía a los soldados en la formación que suministrarán información y que esto les daba permisos", dijo el Sargento García a la Fiscalía.
Así fue como un joven soldado -cuenta García- se les acercó a los comandantes y les dijo que conocía bandidos en Copacabana, Antioquia. Les llevó a un joven y a cambio, lo eximieron de prestar el servicio militar.
La mayoría de las víctimas de este Batallón tenían un perfil claro: eran extorsionistas, habitantes de calle, desmovilizados de las AUC o supuestos guerrilleros. Posibles delincuentes. Sin embargo, ninguno de ellos murió en combate como reportaron los militares. A algunos, incluso, los sacaron de sus casas y los llevaron hasta el punto donde los iban a matar para registrar resultados en zonas donde se podían justificar sus muertes en supuestos combates.
Ese fue el caso de un presunto guerrillero llamado Nelson Marín. Personas de la comunidad de Copacabana le dijeron al coronel Ávila que Marín pertenecía a las Farc y vacunaba y extorsionaba a las personas de la vereda.
El teniente Cuellar junto con otro sargento de apellido Ochoa coordinaron el operativo y le montaron inteligencia al supuesto guerrillero.
Una noche, Cuellar llamó a la tropa por teléfono. Les dijo que se había metido a la casa de Marín en Copacabana y que lo llevaba en un camión. En medio de la operación, el camión tuvo problemas mecánicos pero eso no evitó que llegaran hasta un sitio en el municipio de Barbosa, a media hora de Copacabana, donde lo esperaba el resto de la tropa. Los soldados le avisaron al mayor Padilla, entonces jefe de operaciones del Batallón, que "tenían un trabajo especial con el teniente Cuellar, por lo cual, él ya sabía de qué se trataba", cuenta el Sargento García.
Nelson Marín murió por los disparos de los soldados que lo pusieron a una distancia entre dos morros (montañitas) al lado de una vía en la vereda Los Lavaderos de Barbosa. Pertenecía a una banda que se dedicaba a la extorsión. Como él, otro de los miembros de esta banda cayó a manos del mismo Batallón Pedro Nel Ospina el 31 de diciembre del 2006, anota el fiscal, el último día del año en que quedaron ganadores en el concurso por bajas.
Además de los delitos de homicidio en persona protegida (por matar a alguien que no estaba armado ni combatiendo); porte ilegal de armas (por las que le pusieron a los cadáveres), falsedad en documento público (por haber suscrito informes de patrullaje donde justificaban el combate), y secuestro simple agravado (por haber sacado a víctimas de sus casas), en este caso, la Fiscalía le imputó al sargento García el delito de peculado.
La razón: el Ejército pagó una recompensa por un millón de pesos al informante que ayudó al Batallón a dar con Marín a pesar de que su muerte fue un falso positivo. El Fiscal Zapata lee uno a uno los siete altos mandos de la IV Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina que firmaron el acta de recompensa por esta muerte. Entre ellos, están tanto el coronel Ávila como Jorge Rodríguez Clavijo, Comandante de la IV Brigada y Juan Carlos Pisa, jefe del Estado Mayor de la misma.
Finalmente, en junio del 2007, el Batallón Pedro Nel Ospina cambió de mando. El coronel Edgar Emilio Ávila Doria se despidió del Batallón con resultados, como informó entonces El Colombiano. Su carrera militar continuó en ascenso. En junio del 2009, pasó a ser el Director encargado de la Justicia Penal Militar, y fue cuando Gustavo Petro, cuando era Senador del Polo, lo denunció porque supuestamente transfirió procesos de falsos positivos dentro de esa justicia lo que según el Senador, iba a entorpecer las investigaciones. Sin embargo, el Ministerio de Defensa respondió que Ávila no tenía procesos abiertos.
El último cargo que ocupó este año fue la decanatura de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, por cuatro meses hasta mayo.
Sin embargo, aún sin él, el Batallón Pedro Nel Ospina siguió buscando falsos positivos. La última baja que consiguió Cuellar en 2007 la hizo, según él, por petición del mayor Cadena, que quedó encargado del Batallón cuando salió Ávila Doria, para "poderle dar la autorización" para trasladarlo a otro Batallón.
El sargento García también siguió reclutando jóvenes para los resultados operacionales de otros batallones del Ejército junto con alias Pan de 10. A principios del 2008, recibió instrucción de que, para tener el grado de Sargento Viceprimero, tenía que trasladarse al área de Contrainteligencia del Batallón de Servicios No. 5 Francisco José de Caldas en Bucaramanga, Santander.
Allí se dio cuenta que también se dedicaban a dar este tipo de bajas operacionales, a pesar de que era un batallón administrativo. "Por la presión de los altos mandos dieron este tipo de bajas porque el batallón no podía pasar sin dar ningún tipo de bajas", aseguró a la Fiscalía.
Después de casi tres horas de audiencia, ninguno de los dos militares se acogió a los cargos, argumentando que estaban en un preacuerdo con la Fiscalía y que aún faltaban, en el caso del teniente Cuellar, delitos por imputar. Sin embargo, ambos tomaron el micrófono para pedirle perdón a sus víctimas, algunas presentes en la sala de audiencias en Medellín.
Además, dijeron que estaban colaborando con la justicia para esclarecer otros delitos, donde podrían involucrarse a más personas. Su situación se definirá en una próxima audiencia que se hará en los próximos seis meses, como afirmó la jueza que presidió esta audiencia.
Con las rebajas por confesión, en todo caso, a Cuéllar y García les esperan por lo menos dos décadas en la cárcel si no más. Salvo si se llega a firmar un proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
El sábado, Santos se comprometió con los militares a garantizar que en el contexto de la justicia transicional que se aplicará dentro del proceso de paz los miembros de la Fuerza Pública que han cometido delitos reciban exactamente los mismos beneficios jurídicos que la guerrilla. Actualmente existe un debate sobre si los "falsos positivos" entrarían dentro de esta justicia y lo más probable es que así sea pues se cometieron en el marco del conflicto armado. Si esto se da, entonces, terminarían pagando una pena simbólica.
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COLOMBIA
ELN: Aclimatar Colombia a la Paz
por Comando central del ELN
09 Diciembre 2014 
Quizá sea poco riguroso usar la palabra desescalar, pero en sentido común se refiere a reducir la intensidad de la confrontación armada, de moda en la opinión nacional y en boca de los analistas.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de cese del fuego bilateral, paso necesario e inevitable si se quiere crear un clima favorable, para una solución política, aparece ahora la idea de desescalar el conflicto armado.
Sería más sabio desescalar las causas y prácticas que le dieron origen y lo reproducen, pues para el ELN y los desposeídos de Colombia estamos ante un conflicto armado de Naturaleza Política, reiterado cada día en la forma como el gobierno trata los conflictos con las organizaciones populares y las comunidades.
Históricamente los gobiernos y el Estado colombiano han gravitado muy cerca de la guerra total, por esto su relación estrecha con mafias y paramilitares, con estrategias y prácticas de terrorismo de Estado, que han vulnerado la ética y en muchos momentos nos han colocado, casi en el punto de no retorno.
Al terrorismo de Estado se llega por la inversión total en la doctrina militar, al considerar que la principal forma de disuasión es el uso exagerado de la violencia contra la sociedad. En esencia la disuasión es el no uso de la violencia, es evitar usarla.
En ese contexto crudo y real, el ELN hizo la propuesta de Humanización de la guerra, con el propósito de recuperar los límites éticos, que el Estado había roto en la década de los 80 del siglo pasado.
En la misma dirección el ELN ha expresado a los cuatro vientos la necesidad de construir una cultura de paz, camino que la humanidad a lo largo de la historia ha edificado a través del Derecho de la guerra y del Derecho Internacional Humanitario; tanto para regular la confrontación, como los comportamientos; el régimen siempre negó estas propuestas.
Mejores instrumentos no pueden existir para desescalar la confrontación militar. Habrá que preguntarse, entonces ¿de qué tipo de desescalamiento se habla? Muy seguramente se espera que la guerrilla siga haciendo "gestos" unilaterales, de los que el gobierno saca ventajas militares, además de mostrarlos como una manifestación de debilidad, con lo que logra alta rentabilidad mediática.
Para ir en la dirección que se quiere, es elemental que las dos Partes en esta confrontación, gobierno e insurgencia, tengan voluntad para proponérselo. Salta de inmediato un interrogante, sabiendo que el gobierno tiene en mente el aniquilamiento de la guerrilla. En una guerra, quien se siente más poderoso, tiene mayor responsabilidad en la búsqueda de la paz; pero si éste sigue muy prepotente, el menos fuerte poco creerá sus intenciones de paz.
Claridad en los caminos, da seguridad en el logro de los objetivos.
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ESTADO ESPAÑOL
¿Está engañando Baltasar Garzón a la familia Alcorisa?
Por Diego Herchhoren, abogado.
Foto: Garzón en una cacería de ciervos organizada por un concejal del Partido Popular de su pueblo en 2009, a la que acudió también el ex ministro de justicia del PSOE, Mariano Fernández Bermejo.
El exjuez español ha apelado al Tribunal Constitucional español (equivalente a la Corte Suprema) para que ampare la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, una víctima republicana enterrada en una fosa común. Pero, ¿tuvo él esa oportunidad cuando tramitaba la llamada "causa contra el franquismo"?
Tal y como han reproducido numerosos medios españoles, el exmagistrado ha presentado sendos escritos ante el mencionado tribunal y ante el Consejo de la Magistraturaibérico reclamando, además del amparo, el fin del abandono en el que se encuentran la mayoría de víctimas del franquismo en España.
En particular, el despacho dirigido por Garzón pide al Tribunal Constitucional que se haga lugar a las solicitudes de exhumación de la fosa común donde probablemente se encuentre el guerrillero antifranquista Teófilo Alcorisa, ya que el Juzgado de Instrucción valenciano que se hizo cargo del asunto, así como la Audiencia Provincial de esta demarcación archivaron la causa iniciada por sus familiares.
Alcorisa fue víctima de desaparición forzada el 16 de abril de 1947. Desde el año 2005 hasta el 2010, mediante sucesivas investigaciones, sus hijos consiguieron situar la localización de sus restos y a partir de ahí emprendieron acciones judiciales sin conseguir que la exhumación fuera autorizada.
Sin embargo, la indefensión alegada por Garzón, que es completamente cierta, olvida en cambio que ésta se produce como consecuencia inmediata y directamente conectada con la Resolución del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008...firmada por el propio Baltasar Garzón. Dicha resolución ("Auto", en la terminología jurídica española) ponía un dramático fin a la denuncia realizada por dos abogadas mallorquinas que demandaban ante la Audiencia Nacional la localización del paradero y una investigación oficial sobre los crímenes del franquismo que determinara responsabilidades civiles y/o penales de la dictadura.
En el año 2008, Baltasar Garzón se declaró competente en la mal llamada "causa contra el franquismo", mediante una resolución que redujo los crímenes de la dictadura a los cometidos entre 1937 a 1951 (dejando impunes los 20 años restantes), y que terminaría dos meses después mediante una resolución inhibitoria en favor de los jueces territoriales, lo que en la práctica obligaba a los familiares de víctimas a recorrer de nuevo un tortuoso camino procesal que, por su complejidad y tras haber creído en la posibilidad de que Garzón llevara adelante un auténtico proceso penal contra el franquismo, desincentivó a decenas de miles de familiares a realizarlo. "Incredulidad", era la palabra que repetían los representantes de las entidades impulsoras de esta causa.
Si bien es cierto que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar una denuncia de este tipo*, y que Garzón al admitirla a trámite debería haber sabido que ese camino procesal condenaría en la práctica a las víctimas del genocidio franquista a un nuevo golpe, el exjuez tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que el Tribunal Supremo designara a un juez especial para la investigación de lo demandado por los familiares de víctimas, readecuando al camino correcto un procedimiento judicial que había nacido viciado y que de no haberse corregido a tiempo dejaría en manos de los sectores más conservadores del poder judicial la resolución del fondo del asunto.
Y es que el 20 de noviembre de 2008, diversas organizaciones memorialistas españolas de alta relevancia, conscientes de que el camino procesal adoptado por Garzón podría terminar reforzando la impunidad de los crímenes franquistas, recordaron al titular del entonces Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que debería haber aplicado lo dispuesto en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que dispone la opción del Juez de elevar en casos de excepcional relevancia o gravedad al Tribunal Supremo las causas que por su interés y complejidad requieran la intervención del máximo órgano judicial español, nombrando para ello un juez especial encargado de la instrucción.
Para las organizaciones de víctimas del franquismo, "no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 [Baltasar Garzón], ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional."
El camino solicitado por las entidades memorialistas nunca fue estimado por Garzón ni tampoco por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitando así la desmembración de una causa que terminaría en vía muerta y que establecería lo que éstas han denominado "el modelo español de impunidad". Es llamativo por tanto que Garzón solicite ahora lo que negó cuando él era juez a los familiares años atrás, utilizando el deseo de justicia, los recuerdos y la memoria de la familia Alcorisa como pantalla de una impunidad que él mismo contribuyó a reforzar y que probablemente, vuelva a repetirse de no cambiar radicalmente la estrategia judicial de esta familia de afectados y de muchos otros colectivos de víctimas.
*-La Audiencia Nacional española sólo tiene competencia para conocer de los delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra la seguridad del tráfico mercantil cuando afectan a más de una Provincia, y crímenes graves contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio español si existe nexo con intereses españoles.
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ESTADOS UNIDOS
Protestas en California contra violencia policial dejan 150 detenidos
Como parte de las manifestaciones contra la violencia policial en Estados Unidos, manifestantes detuvieron un tren de Amtrak al acostarse sobre las vías férreas. Foto Ap
Berkeley/Nueva York. Más de 150 manifestantes fueron arrestados durante la noche en California después de que cerraron una importante autopista, en otro brote de manifestaciones en todo el país contra el uso mortal de la fuerza por parte de la policía contra minorías.
El lunes por la noche y al otro lado del país, estrellas de baloncesto en Nueva York incluyendo a LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, se unieron a las protestas, usando camisas que tenían escrito "No puedo respirar", las últimas palabras de Eric Garner, el hombre afroestadunidense que murió asfixiado por un olicía.
Grandes multitudes han realizado protestas diarias en varias ciudades de Estados Unidos desde que un gran jurado decidió la semana pasada no presentar cargos criminales contra un policía caucásico por la muerte de Garner en julio. Al ser reducido por la policía, Garner –padre de seis hijos– estaba desarmado.
El deceso de Garner y el baleo por parte de la policía de Michael Brown, un adolescente afroestadunidense desarmado en Ferguson, Misuri, en agosto, han remarcado la tensión de las relaciones entre la policía y los afroamericanos y ha reactivado un debate nacional sobre relaciones raciales.
Varios cientos de personas invadieron la autopista interestatal 80 en la ciudad universitaria de Berkeley, cerca de San Francisco, el lunes por la noche, interrumpiendo el tránsito en ambas direcciones.
Los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos contra los policías, dijo el portavoz de los patrulleros de California, Daniel Hill. Más de 150 personas fueron arrestadas, mayormente por resistirse u obstruir a los policías, agregó.
Más temprano, decenas de manifestantes detuvieron un tren de Amtrak en la localidad al acostarse sobre las vías férreas y sentarse en un sillón colocado sobre ellas.
Fuera del Barclays Center en Brooklyn, un grupo de cerca de 300 manifestantes bloquearon las calles y gritaron: "No puedo respirar", en memoria de Garner, y "Manos arriba, no disparen", una referencia a la muerte de Brown.
En el centro de Phoenix, unos 200 manifestantes marcharon hacia cuarteles policiales por la muerte de otro hombre negro desarmado por parte de un agente caucásico la semana pasada, en lo que las autoridades describieron como un forcejeo.
Los manifestantes exigieron que la policía divulgara el nombre del agente involucrado en el baleo fatal de Rumain Brisbon, de 34 años, un hombre que la policía sospechaba que vendía drogas.
Manifestantes contra la brutalidad policial bloquean una autopista y un ferrocarril en California
La suspensión del tráfico rodado y ferroviario se produjo durante la tercera noche de protestas registradas después de que no se imputara a los policías sospechosos de haber causado la muerte a varios afroamericanos en el país.
Nuevas protestas en #Berkeley contra la impunidad policial, bloqueo de autopistas y detenciones #ICantBreathe
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