La Montaña
DE AUTORITARISMOS Y REPRESIÓN
Oscar Loza Ochoa
El hambre, como suele decirse,
acabó en empacho.
José Saramago
En el tema de la salud el gobierno estatal ha mostrado sus verdaderas cartas: autoritarismo y represión. Bien vale la pena detenerse en este asunto porque desnuda intereses e intenciones. Nunca como ahora, en tan poco tiempo y alrededor de un solo tema, encontramos elementos sobrados para afirmar que la opacidad oficial es la cortina más efectiva para ocultar los intereses de grupos de poder que se benefician de las políticas públicas y de las intenciones que desde el poder mismo cobijan dichos intereses.
La novedad en los últimos años es promover desde el poder un esquema de inversiones público-privados, pues teóricamente resuelven las insuficiencias de recursos públicos para atender las demandas de infraestructura y servicios. Lo que ha quedado más claro que el agua, es que el Estado sigue invirtiendo cantidades crecientes, mientras sus socios privados hacen los grandes negocios sin mayor riesgo de sus capitales. Como en años anteriores los grandes empresarios se quejaron de que la tasa de ganancia se venía abajo, han presionado para crear la figura de asociaciones público-privadas. Mientras el Estado renuncia a la verdadera rectoría sobre la economía, ellos han resuelto el problema de su vida. Es decir, los recursos públicos se han vuelto el socorrido recurso para mantener esa tasa de ganancia. ¡Y nos dicen que Marx estaba equivocado!
Véase lo que está de por medio en los dos proyectos de construcción de hospitales generales, uno en Culiacán y otro en Mazatlán: más de 13 mil millones de pesos. Y véase también a los beneficiarios: Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero. Dos enormes consorcios (Prodemex y GIA) forjados al amparo de las relaciones con el poder y una figura non grata en la vida pública mexicana: Carlos Salinas. Llama poderosamente la atención que ellos salieran airosos en la licitación relacionada con los nosocomios. Hasta allí uno puede explicarse las cosas, pero donde estas rebasan cualquier prudencia en términos de políticas públicas, es lo escandaloso de las condiciones en las que se pretenden refrendar los contratos entregados a esos monopolios: que el 25% de las participaciones federales que recibirá el estado de Sinaloa, se comprometan como garantía de esas inversiones. Nomás eso nos faltaba.
Precisamente es lo que está en discusión en el Congreso del Estado y eso es lo que se ha pretendido sacar adelante por el gobernador Mario López Valdez. El que no se haya aprobado en todo este tiempo, en buena medida se debe a cierta rebelión ciudadana que exige transparencia en este asunto. Gran mérito en ello se lleva el naciente Congreso Abierto de Sinaloa (organismo de la sociedad civil) y los medios que han mostrado interés en el tema. Se ha solicitado información completa que pruebe la viabilidad y la sustentabilidad de los proyectos de los hospitales, lo que lleva implícito no lastimar las finanzas públicas y la información ha fluido a medias. Hay opacidad. Pero los intereses urgen a que el Congreso resuelva y, por fortuna, no han faltado las opiniones de diputados como Víctor M. Díaz Simental, médico y exsecretario de salud, que cuestionan los proyectos. Presionar desde las esferas del poder ejecutivo y desde los cabilderos en el Congreso, como el diputado Francisco Solano, sin esperar a cubrir la información solicitada por el CAS, Coparmex y otros es resolver por la vía del autoritarismo. Y los legisladores estarán faltando a su carácter de representantes populares si caen en ese juego.
En el terreno del sector salud también hay otros prietitos en el arroz. Ante los rezagos que se han acumulado en salarios, basificación de plazas y prestaciones, los trabajadores del Hospital Pediátrico de Culiacán, venían trabajando bajo protesta y ante las reiteradas negativas de resolver las viejas demandas de quienes trabajan con sobrecarga en número de pacientes, escaso equipo, limitados de insumos, con el fardo de bajos salarios y la incertidumbre de muchos de no tener base (seguridad laboral), tomaron la calle Constitución.
Y con una velocidad que desconocemos al Procurador de justicia, a la Dirección de gobierno y a las policías, se hicieron presentes en el Hospital Pediátrico, para comunicarles a los trabajadores que estaban cometiendo un delito y que se abriría averiguación previa contra ellos. Un comandante fue más allá: amenazó con desalojar por la fuerza a los manifestantes si no se retiraban. No creo que haya sido reprendido por su conducta, pues las declaraciones hechas más tarde por el gobernador Mario López Valdez, reiteraron estas intenciones.
Ojalá con esa velocidad y eficiencia atendieran los problemas de pobreza y de inseguridad que padecemos; pero esa, es otra historia. Hubo arreglo entre los trabajadores de la salud y la autoridad y nos alegra que al fin se atendieran las demandas. Esperemos que sí cumplan y no les pase lo que a las enfermeras del Hospital General de Culiacán. Queda pendiente el asunto de las garantías a las constructoras de los hospitales generales. Hacemos votos porque el deber moral de los diputados de informar primero a sus electores de la viabilidad y sustentabilidad solicitada, se imponga a los intereses que presionan por que se resuelva ya, sin importar las dudas e inquietudes ciudadanas. Es cierto que los grandes consorcios han mostrado hambre por las finanzas públicas, pero de la acción ciudadana depende, como dijera Saramago, que no se convierta en empacho.
Twitter @Oscar_Loza
OSCAR LOZA OCHOA
Responsable de Relación con Instituciones de la
Comisión de Defesa de los Derechos Humanos en Sinaloa
Av. Andrade # 475 norte, Planta alta, Desp. número 8,
esquina con Ángel Flores. Centro Histórico. C P 80000
Tels. 667-712-56-80 y 6672-09-01-46
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