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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
5 DE SEPTIEMBRE 2014
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Rechazada en Guatemala, El Salvador, México y otros países, Monsanto pisa fuerte en Argentina
El Congreso escuchó a los campesinos y agrícolas. (Foto: Archivo)
El Congreso de Guatemala escuchó las peticiones de cientos de colectivos de campesinos y activistas agrícolas, y votó a favor de la derogación definitiva de la ley de Protección y Obtenciones Vegetales.
Horas después de que la ministra de Educación interpelara en plenaria el concepto de la ley. El diputado Iván Arévalo presentó una moción para que el Congreso elimine la aprobación de la conocida ley Monsanto, prevista para los próximos días por urgencia nacional. 117 diputados votaron a favor de la derogación y 111 en contra.
Desde la semana pasada pobladores de occidente bloquearon carreteras de varias ciudades para exigir la derogación de la norma que permitiría a la empresa estadounidense Monsanto el cultivo de semillas transgénicas, además de poner vigente los derechos de autor en cultivos por 25 años.
El campesinado logró este jueves que suspendieran varios artículos sobre la siembra y cultivos con semillas alteradas y continuó ejerciendo presión hasta lograr que se descarte el proyecto de ley. Los guatemaltecos consideran la ley defiende los intereses de la empresa estadounidense Monsanto, y es sinónimo de pobreza, debido a que afecta la seguridad alimentaria y limita las capacidades de producción en sectores agrícolas.
Un tribunal del estado de Yucatán (México) revocó el permiso otorgado al gigante de la biotecnología por parte de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio de 2012, que le permitió la siembra comercial de soja con la pesticida Roundup.
El permiso había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en siete estados del país, a pesar de las protestas de agricultores y apicultores, así como de los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecologistas.
Las evidencias científicas sobre las amenazas que plantean los cultivos de soja transgénica para la producción de miel en la península de Yucatán –que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán– convencieron al juez sobre la necesidad de la retirada del permiso. En consecuencia, este dictaminó que la coexistencia de la producción de miel y soja con el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) no es posible, según publicó el diario 'The Guardian'.
México es el sexto mayor productor y el tercer mayor exportador mundial de miel. Unas 25.000 familias de Yucatán, región que produce alrededor del 40 por ciento de la miel del país, dependen de su producción.
Cultivos de soja, maíz, canola, remolacha azucarera, algodón y alfalfa han sido modificados para ser resistentes al glifosato, el ingrediente activo de la pesticida Roundup. Algunos expertos sostienen que el glifosato representa un riesgo para la salud humana y animal, afirmación que Monsanto rechaza. Además de riesgos para la salud, este elemento causa daños al medio ambiente, al agua y a las colonias de abejas, que actualmente están disminuyendo con rapidez.
Con esta decisión Yucatán se suma a Campeche, donde en marzo se adoptó una resolución casi idéntica. Las dos sentencias han establecido un precedente que ayudará a agricultores, activistas y ambientalistas a emprender acciones legales locales contra la implantación de la soja y el maíz genéticamente modificados.
Los estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) alzaron su voz contra la posibilidad de adquirir semillas transgénicas procedentes de Estados Unidos, y aseguraron que tales acciones responden a planes injerencistas del Gobierno norteamericano.
Calificaron como fuera de lugar la demanda presentada por Estados Unidos para la concesión del Fomilenio II, destinado al desarrollo económico y social de la zona marina, costera y agropecuaria del país centroamericano.
Para David Pérez, estudiante de derecho de la referida casa de estudio, de aprobarse la concesión a Estados Unidos, entraría en vigencia una serie de reformas económicas y ambientales acompañadas de la compra de semillas transgénicas a través de la "licitación pública".
"Estamos preocupados por el ingreso masivo de la empresa Monsanto en El Salvador. Sabemos que se encuentra en nuestro país distribuyendo sus semillas de forma fraccionada", manifestó.
Aseguró que el uso de esas semillas es perjudicial para la salud. "Esto representa daños para el ambiente, la salud y la economía", aseveró.
Recordó que en varios países de Europa se ha prohibido el uso del producto, ya que ha generado múltiples enfermedades en la piel, insuficiencia renal crónica, cáncer entre otras.
Recientemente, la Unidad Ecológica salvadoreña (UNES) criticó al Gobierno de Estados Unidos por aparentar ser amigo del pueblo salvadoreño. Las intenciones de dominar el mercado de semillas y agro-tóxicos muestra que son lazos de esclavitud los que quiere implantar en el país a costa de la salud y el medio ambiente.
| La respuesta campesina e indígena a la nueva "Ley Monsanto" |
Un representativo grupo de comunidades campesinas e indígenas y de profesionales del agro y la salud se reunió en Santiago el pasado 7 de agosto en el taller "Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas". "Necesitamos políticas públicasgeneradas desde las bases campesinas, mediante consultas vinculantes, para poder avanzar en la agroecología y la agricultura orgánica" señala la conclusión general de los miembros de 43 organizaciones venidos de Arica a Coyhaique. Las comunidades exigen que el Estado dé prioridad a la relación con los pequeños productores y oriente su esfuerzo hacia las economías locales, vez de seguir apoyando el uso de insumos altamente contaminantes y los agronegocios orientados a la exportación. Asumen que una Asamblea Constituyente aseguraría estos cambios, pues se requiere instalar en una nueva Constitución el concepto de soberanía alimentaria: el derecho a decidir qué producimos y cómo, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. En dirección opuesta a estos planteamientos, el ministro de agricultura, Carlos Furche acaba de anunciar el relanzamiento de la Ley de Obtentores ("Ley Monsanto"), y el inicio de una ronda de reuniones en las que "informará" acerca de los cambios al proyecto de ley. Ley de protección de la semilla campesina Las comunidades campesinas, reunidas en el Hogar del Maestro, ahora coordinadas en red y apoyadas por organizaciones sociales y ambientales, rechazan cualquier nueva Ley de Obtentores porque el objetivo de esa ley, es promulgar el nocivo Convenio UPOV 91, nefasto para la agricultura familiar campesina. Proponen en cambio que el Estado legisle a favor de la producción y venta de semillas nativas/tradicionales que ellos y ellas usan, y poner fin a la imposición por las entidades del agro (INDAP vía Prodesal y PDTI), de paquetes tecnológicos con agrotóxicos y semillas híbridas ("mejoradas" de alto precio), registradas por los obtentores. La visión de los asistentes es que las leyes y normativas actuales están hechas para desalentar la producción y venta de alimentos sanos. El sistema de compras públicas excluye a los productores orgánicos y agroecológicos y para vender se exigen resoluciones sanitarias inadecuadas a la realidad local, y costosas certificaciones obligatorias. Así lo expresaron en la jornada con mucha fuerza, entre otros, organizaciones campesinas y/o locales como la Comunidad de Agricultores de Aguas del Canal Azapa (Arica); la Asamblea por el Agua de Guasco Alto; el grupo Juvenil Paz y Progreso (Melipilla), la Asociación de Mujeres La Esperanza; y la Federación Campesina El Carmen (de Ñuble); la Red de Turismo mapuche de Likanray, el colectivo MapuExpress y la Red de Semillas Libres del Wallmapu. Cuidadores y cuidadoras de semillas locales del norte, centro y sur del país, que rescatan variedades de tomates, paltas, arvejas, uvas, ilustraban "en vivo" la importancia de la hoy escasa semilla, para el ciclo de la vida y para la producción campesina. Ley de Prohibición de plaguicidas La asamblea plenaria concordó además que se requiere una ley que prohíba los plaguicidas altamente peligrosos y los insecticidas neonicotinoides, responsables de la muerte de abejas, aspecto al que contribuyó especialmente la Red Nacional Apícola, partícipe del encuentro. El taller se había iniciado con exposiciones y debate sobre políticas públicas preventivas en salud y los negativos impactos de los agrotóxicos en el ambiente y la salud de los seres humanos, a cargo de la doctora Clelia Vallebuona del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y de María Elena Rozas, de RAP-Chile. También se abordaron los peligros representados por la "Ley Monsanto" y la posible expansión de los cultivos transgénicos al mercado interno. Ley de Moratoria a los transgénicos En las conclusiones se sostuvo que es imperativo que el Congreso apruebe una ley de moratoria a los cultivos transgénicos y a los semilleros de exportación, y lograr que los alimentos procesados fabricados con transgénicos sean etiquetados. Este tema estuvo en el centro de la preocupación de las asociaciones y redes de agricultores orgánicos presentes, entre ellas BioBio orgánico, una de las organizaciones fundadoras de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. En el taller participaron también asociaciones de las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos, así como Chiloé Orgánico, la Asociación de Productores Orgánicos de Paillaco, y Tierra Viva, pionera del movimiento orgánico en Chile. Dirigentas nacionales de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) expusieron y contribuyeron sustantivamente a esta discusión en defensa de la semilla, en la que hubo también lideresas de Curicó, Vichuquén, Quellón, Puerto Montt, y Coyhaique. Se contó además con la visión entregada por miembros de capítulos chilenos de organizaciones internacionales como la Red de Semillas Libres, que se está extendiendo en diversas regiones de Chile, abarcando a jóvenes rurales y urbanos; Slow Food; RAP-AL, CLOC/Vía Campesina, Pacto Mundial Consciente, y el movimiento de la Permacultura. Ciencia con ética La doctora Liliana Zúñiga, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte (Coquimbo), integrante del movimiento "Más Ciencia para Chile", resumió dos de sus importantes investigaciones sobre impactos de los plaguicidas, y sobre biomonitorización en la región de Coquimbo, dejando en claro que "aún hay científicos con ética que deseamos hacer ciencia que ayude a las comunidades". Por su parte los asistentes se comprometieron a impulsar y promover las ferias itinerantes y estacionales, la certificación autónoma y participativa; la recuperación y extensión de prácticas tradicionales como el intercambio de semillas, el trueque, y la cocina típica. Comprometieron su apoyo a estos esfuerzos, organizaciones allí presentes como la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur (CAS de Temuco), Valdivia (ACOVAL) y Osorno (COS); Alma-Zen, de venta directa de pequeños productores/consumidor (Concepción); la Cooperativa Verde de productores y consumidores (Región Metropolitana) y la Asociación de Ferias Libres ASOF, representando a este sector de la cadena alimentaria. Eliminar las plantaciones forestales Otra demanda de las comunidades es la eliminación de las plantaciones forestales a gran escala, que contaminan y usurpan el agua y los territorios, impidiéndoles realizar su vocación agrícola y forzando la emigración a la ciudad. En el taller, se recogió también el aporte de Redes socio-ambientales como la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA (Araucanía); la Red de Soberanía Alimentaria y el Centro de Iniciativas Holísticas (CIHOL), ambos de la región de O´Higgins; la Coordinadora de Economías Locales Campesinas (COELCA de Puerto Montt), el Colectivo Resiliencia (Región de Valparaíso), la Cosecha (Región de O´Higgins), y la Ecoagrupación Huelquén. Organizaciones ambientales como OLCA, la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, de capacitación como SODEM y la Academia Ciudadana, aportaron al debate junto a profesionales de la salud y el agro de las municipalidades de Quillota y Paillaco, y a técnicos y agrónomos de las organizaciones y localidades. Formación en Agroecología La puesta en marcha de dos Institutos de Agroecología, impulsados respectivamente por ANAMURI en Chépica (región de O´Higgins) y por la Dirección de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Paillaco (Región de Los Ríos) en el sector Lumaco, fue saludada con alegría por los asistentes.. Durante el taller, que contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, tuvo lugar el pre-lanzamiento de la primera edición en español del libro "Transgénicos: Mitos y Verdades" de Antoniou, Robinson y Fagan (Open Source), traducido y editado por RAP-Chile junto a editorial Quimantú. Al cierre del evento, uno de los asistentes señaló "Participaremos en los Comités Regionales de Agricultura Orgánica a que convoca el gobierno, pero ampliándolos con el sector Agroecológico, y sin perder nuestra propia autonomía como organizaciones en resistencia. Las leyes que necesitamos sólo podremos lograrlas a través del protagonismo y la movilización en todos los niveles, locales regionales y nacionales. De este encuentro hemos salido fortalecidos." |
Monsanto y el acuerdo con Cristina Fernández
Cuando mueren las palabras
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández, quien dijo estar obsesionada con el hecho de emplear a la ciencia y la tecnología en su proyecto de crecimiento con inclusión social- reproduce extrañamente un discurso que es funcional a la política de estos poderes económicos causantes de los problemas que se quisieran combatir discursivamente, aunque no en la práctica.
La evidencia muestra que los monopolios biotecnológicos son los causantes de la concentración del capital que al acumularse en pocos actores económicos, se ve impedido de su redistribución por parte de los Estados y gobiernos de los países en desarrollo que basan su economía en la agricultura. Sin embargo, la gravación de impuestos a la exportación de soja es suficiente en el caso argentino para justificar la alianza entre Monsanto y el gobierno a pesar de la experiencia traumática de crisis generada por el propio capitalismo salvaje en este país en el año 2001.
La ciencia y la tecnología no son neutrales y sirven a intereses concretos en los que la bio-agro-tecnología tiene un protagonista esencial: la multinacional estadounidense MONSANTO.
Cristina pone énfasis en que la Bio (en realidad debe decirse Agro) tecnología viene es la panacea que sacará del atraso a su país, es decir, que desarrollos de nuevas variedades de semillas genéticamente modificadas o transgénicas con investigaciones realizadas por científicos argentinos en trabajos financiados por créditos del BID o por empresas transnacionales como Monsanto, es la mejor salida para los ingresos y el crecimiento argentinos.
Según la propia empresa "Bioceres aporta a esta nueva empresa excelentes tecnologías y una red de relaciones con productores agropecuarios sin igual. Estos atributos, combinados con el compromiso de la empresa de desarrollar tecnologías que aumenten la productividad y la sustentabilidad de la producción de soja".
Más de un 40% de la soja del mundo es cosechada en Argentina y Brasil, concentrando un valor de producción de aproximadamente $50 Billones de dólares. "Arcadia Biosciences fue fundada en el 2002 con el fin de desarrollar y comercializar aquellas tecnologías basadas en la agricultura que crean un valor para los productores y consumidores, haciendo foco en el beneficio del medio ambiente y en la mejora de la salud humana", dicen ellos mismos.
Este discurso edulcorado es repetido por la presidenta argentina y es el mismo utilizado por los agroganaderos que confrontaron con ella en el 2008 cuando la soja era considerada un "yuyito", y el presidente de la oligarca Sociedad Rural sostenía que una gran parte de los costos del Campo era la tecnología que se aplicaba en la soja transgénica, fertilizantes, herbicidas, máquinas, tractores o cosechadoras computarizadas.
Arcadia dice en esta línea que "ha desarrollado un extenso portfolio de productos que incluye investigación genética, técnicas avanzadas en breeding e ingeniería genética".
En un viraje político espectacular, Cristina Kirchner viene afirmando ahora que la biotecnología es la llave para mayores crecimientos y generación de cadena de valor aunque aún no se ha develado cual es el plan, proyectos y programas que conducirán a ese resultado.
Lo que si sabemos es que Monsanto es especialista en realizar lobby presidencial y cooptar funcionarios, científicos y sectores de gobierno que influyan sobre las decisiones económicas de los mandatarios. En Argentina ocurrió tanto con el ex presidente Carlos Menem en la introducción de la soja transgénica en el país a través de Felipe Solá, segundo hombre de Monsanto en Argentina y ministro de Agricultura de Menem.
Ahora con Cristina Fernández se va a legitimar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas de Monsanto, equivalente a la privatización lisa y llana de la agricultura.
Esta empresa ha sido denunciada reiteradamente por promover golpes de Estado ( Paraguay) y estar detrás del movimiento destituyente de la propia presidenta argentina en 2008.
La historia cuenta que cuando Monsanto trata de introducirse en Argentina y desarrolla una propaganda a favor de los cultivos transgénicos desde el inicio de estos en 1996 en el suplemento Clarín Rural.
Ya desde febrero a noviembre de 1994, Monsanto inició los primeros contactos en Argentina y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales "mejoradas". Monsanto se apoderó del capital genético estratégico del país a manos de empresas privadas como Monsanto y Nidera (la empresa semillero a la cual Monsanto entregó una licencia para la venta de semillas transgéncias) y les permitió el acceso a los archivos secretos del INTA cuyos equipos de investigación fueron comprados por esas empresas. Eso permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales.
El segundo hombre de Monsanto en el país era Felipe Solá, entonces ministro de agricultura que el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas "tolerantes al herbicida glifosato" sin ningún debate parlamentario, pruebas o ley que regulara los cultivos transgénicos.
Otro paso en la estrategia de Monsanto fue promulgar una ley de patentes que protegiera las variedades transgénicas como ocurre en Estados Unidos aunque ese objetivo no pudo lograrse en 1996 por la resistencia de los diputados y senadores ligados a los laboratorios farmacéuticos nacionales que ya habían perdido terreno ante la avanzada neoliberal del Departamento de Estado, la Embajada y Pfizer.
Expulsada la dupla De La Rua-Cavallo y superada la crisis económica del año 2001, Monsanto continuó presionando al ex Presidente Néstor Kirchner (acusado por Greenpeace)por el cobro de regalías que no percibía por su soja RR no protegida por patentes en Argentina y que constituyó uno de los principales problemas del ex Presidente con la Administración de J.W. Bush
Monsanto mientras tanto continuó juntando voluntades para crear primero la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar a través de préstamos del BID proyectos de desarrollos biotecnológicos para lo cual cooptó al Dr Lino Barañao. Luego crear luego un Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de Barañao y crear un Polo Tecnológico que impulsara las nuevas variedades de plantas transgénicas de Monsanto.
Para finalizar el ciclo de negocios y ganancias extraordinarias Monsanto redactó en 2012 una "Ley de Semillas" que pronto será enviada al Congreso Nacional para su tratamiento (por eso Cristina resalta una y otra vez el tema de la biotecnología preparando el terreno)
La filtración del contenido del borrador de Ley de Semillas devela que la nueva ley obligará a los agricultores a:
a) "Adquirir las semillas de soja con tecnología RR2Bt las personas jurídicas y o físicas que hayan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan".
b) "Comercializar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema".
c) "Utilizar las tecnologías RR2Bt o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización".
d) "Pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega". De no haberse abonado la regalía correspondiente con anterioridad al momento de entrega de los granos al exportador/elevador participante del sistema, el monto adeudado en tal concepto será percibido por dicho participante y remitido al proveedor.
Las modificaciones a la ley convalida una extensión de la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido violando la Ley de patentes argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el uso propio gratuito de semillas que es el reconocimiento milenario al aporte del desarrollo tecnológico (germoplasma) que han realizado.
Cristina Fernández resulta a todas luces funcional al sistema económico al que atribuye responsabilidad en la creación de la pobreza que todavía se extiende en bastas regiones de la Argentina y que no parece se revertiran con el acuerdo llevado adelante con MONSANTO.
La denuncia es contra las condiciones que Monsanto "impone a todo aquel que adquiera, multiplique, siembre, distribuya, comercialice o reserve semilla para 'siembra propia' o utilice variedades de semilla", señala la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), de pequeños y medianos propietarios.
Argentina es uno de los más grandes proveedores mundiales de soja, maíz y aceites derivados de cereales.
La conducta de Monsanto "constituye un claro abuso de su posición dominante en el mercado", señaló Fecofe, en nota conjunta con cámaras de semilleros e ingenieros agrónomos.
En Argentina hay unas 800 pequeñas y medianas empresas multiplicadoras de semillas.
Monsanto es un proveedor mundial de agroquímicos y organismos genéticamente modificados, cuya utilización está autorizada y muy desarrollada en Argentina, pese a críticas y denuncias de ambientalistas.
"Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina", afirmó Esteban Motta, de la FeCoFe.
"Estas prácticas son discriminatorias y dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores", insistió.
Los contratos "son leoninos" pero tuvieron que ser rubricados por 73.000 productores, según la entidad que solicita a la Comisión de Defensa del Consumidor una medida cautelar para que se frene su aplicación.
"El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido y regulado por Monsanto, que tiene la capacidad de determinar quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no, regulando así toda la cadena", precisó Salvador Bergel, abogado patrocinante de la denuncia.
Advierten que la multinacional "restringe la venta de la producción sólo a tres comercializadores autorizados por Monsanto que son Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas".
Entre Don Mario y Nidera, concentran el 80% del mercado de semillas en Argentina.
La FeCoFe asegura que "se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador".
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