4 de julio del 2014:
Darnos baja potencia, acto discriminatorio, asevera
Analiza prensa indígena solicitar un amparo contra la nueva legislación
Fernando Camacho y Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Las limitaciones impuestas a las radios comunitarias e indígenas en las leyes reglamentarias de telecomunicaciones están motivadas por una visión racista y colonialista de los legisladores, quienes siguen considerando a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda, cuyos derechos deben ser tutelados por el gobierno, sostuvo Sócrates Vázquez, integrante del equipo de coordinación de la Radio Comunitaria Jënpoj, quien señaló que la iniciativa busca debilitar los proyectos alternativos de comunicación y cooptar a los movimientos sociales que los sustentan.
En tanto, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) estudia solicitar un amparo para detener la votación del dictamen de las leyes reglamentarias telecomunicaciones, porque considera que son violatorias de los derechos de los pueblos originarios a ejercer la comunicación, además de que no han sido consultadas con las comunidades, como señalan la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anunció Franco Gabriel, dirigente de esa organización.
El coordinador de la Radio Comunitaria Jënpoj agregó que darnos una baja potencia y ponernos hasta el final de la banda de frecuencia modulada (FM) es un acto discriminatorio. Para nosotros, es una visión racista y colonialista de los legisladores y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que nos ven como ciudadanos de segunda.
Aseveró que en los hechos el gobierno obstaculiza la operación de las radios comunitarias y criminaliza a sus miembros, añadió el también representante legal de la emisora, que lleva 13 años operando en la sierra mixe de Oaxaca.
La asignación de frecuencia al final de la banda no permite el crecimiento de nuestras radios o que surjan otras. Además, está el asunto de que sólo nos den uno por ciento de la publicidad estatal o federal, lo cual es irrisorio y paternalista, porque ese dinero sólo se le dará a quienes se alineen (con el gobierno).
Vázquez lamentó que muchos legisladores crean la versión de los medios comerciales de que las estaciones comunitarias son competencia desleal o que incluso pueden hacer que se pierdan miles de empleos si se les permite conseguir publicidad.
Por su parte, Amnistía Internacional llamó a los legisladores a garantizar que la ley de telecomunicaciones proteja los derechos humanos, en particular a la privacidad y la libertad de expresión.
4 de julio del 2014:
Cuatro luchadores sociales están presos en Puebla y Nayarit
Llaman a marcha por la libertad de opositores al PIM y La Parota
Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Organismos no gubernamentales llaman a una movilización dislocada nacional para el próximo 8 de julio, en demanda de la liberación de los presos políticos Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Marco Suástegui.
Firman el documento el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (Fpdtapmt), la Red Nacional de Resistencia Civil, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam) y otras 14 organizaciones sociales.
No podemos permitir que los malos gobiernos sigan encarcelando a integrantes de nuestros pueblos para que los conquistadores de hoy, dueños de las trasnacionales, tengan toda la facilidad para seguir despojándonos de nuestras tierras, contaminando la naturaleza, poniendo en riesgo nuestra vida, destruyendo nuestras culturas y violando nuestros derechos", señalan en un comunicado.
A Juan Carlos Flores Solís, del Fpdtapmt, de 34 años, defensor de derechos humanos y preso político en el penal de Cholula, Puebla, desde el pasado 7 de Abril, se le acusa de motín, extorsión, despojo, ataque a la infraestructura hidráulica, robo de celulares de funcionarios públicos y oposición a que se ejecute una obra pública.
Enedina Rosas Vélez, de 60 años, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco, Puebla, también miembro del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, presa desde el pasado 6 de abril en el Cereso de Atlixco, se le acusa del robo de dos celulares de funcionarios públicos y de oposición a que se ejecute una obra pública.
Abraham Cordero Calderón, representante del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada, Puebla, está encarcelado desde el pasado 8 de abril en Atlixco.
Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras de la presa La Parota, detenido por agentes ministeriales el 17 de junio, luchador social y defensor de los derechos de los pueblos en Guerrero, fue consignado al Cereso de Nayarit.
Señalan que se han caracterizado por su lucha en defensa de los derechos de los opositores al Proyecto Integral Morelos, operado por medio de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas, todas de origen español, las que subcontrataron a la empresa italiana Bonatti SPA, y a la presa La Parota.
Invitan a quienes se quieran sumar a la convocatoria, que avisen al correolibertad.presos.politicosfpdta@gmail.com
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