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Subject: FW: EJERCITO JORNALERO EN BC
Date: Sun, 23 Aug 2015 22:29:07 -0700
(19 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Impunidad y las deficiencias del nuevo Sistema de Justicia Penal, son los principales factores determinantes del aumento de casos de desaparición forzada en Baja California, una entidad de la que, a decir por muchos activistas, poco se ha documentado sobre la grave crisis que viven a diario las familias, cuando un miembro no vuelve más, sin que el hecho le signifique grave a las autoridades competentes.
Aunque la Procuraduría General de Justicia de Baja California creó recientemente una Procuraduría para Desapariciones Forzadas -bajo la presión de las familias de los desaparecidos- ésta dejó de funcionar casi en forma inmediata, con la excusa de que los recursos eran escasos, pero a decir por las familias el motivo derivó principalmente de la indiferencia de las autoridades locales hacia los casos, sin que hubiera indicios de querer iniciar investigaciones a profundidad.
En 2013, según cifras oficiales dan cuenta que mil 403 personas desaparecieron, y aunque las autoridades afirman que 'pudieron' abandonar sus hogares por problemas familiares, no lo pueden demostrar enfáticamente por no existir un seguimiento puntual del caso, porque incluso para tipificar las desapariciones, la indiferencia de las dependencias es evidente.
Edith es familiar de uno de los tantos jornaleros desaparecidos en Baja California, ella asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que son las familias quienes cubren la necesidad de encontrar a la persona que no regresó. "La historia es la misma, al pobre le pasa todo lo malo siempre, para nosotros no hay justicia, hay maltrato y humillación. Cuando se pregunta qué se puede hacer si tu esposo no aparece, te dicen burlándose, 'uy seguro se fue con otra, ya ni te apures, búscate otro', eso me dijeron a mí frente a mis hijos, me salí porque de lo contrario iba a armar un escándalo y peor iría todo, entonces alcance a escuchar mientras me iba una voz que me dijo, 'si lo secuestraron te van a llamar'…
Eso era peor, ellos vieron mi pobreza, yo ni celular tengo, nadie iba a pedir rescate por mi esposo, se lo llevaron para que trabajara obligado con el narco o lo agarraron y se lo llevaron a otra ciudad, le echaron la culpa que era delincuente o narco y se va quedar en la cárcel mucho tiempo o para siempre…
Desde hace años familias que me ha tocado conocer porque trabajan como jornaleros, nos dicen que un día sus familiares, hombres generalmente jóvenes, desaparecen y nunca más se sabe de ellos, algunos se han dedicado a buscarlos en las sierras, por donde van a trabajar, van preguntando y pocos han sido los que han corrido con suerte y han logrado localizar a su gente, el ejército se los lleva, los tortura para que no hablen, total son pobres, quién los va defender, los presentan como trabajadores del narco…
Otros más aparecen muertos, a las semanas o días de desaparecidos, con el tiro de gracia, pero ahora eso no es muestra que hayan sido los cárteles quienes los asesinan, porque Marina y Ejército lo hacen igual, es para disimular, antes nos engañaban, el ministerio decía que había sido el narco que seguro trabajaba con ellos y se 'quisieron pasar de listos', así quedaban como delincuentes, se saltaban las investigaciones, hoy lo siguen haciendo igual, pero muchas familias saben que en Baja California no sólo la delincuencia organizada ultima, también las fuerzas armadas y a ellos ni quien los castigue, menos por los jornaleros que no valen".
Sobre ese mismo punto, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha dado a conocer que "la pesadilla de las violentas privaciones de la libertad en la región no se ha detenido, y al igual que los familiares de víctimas se sospecha que también se trata de operativos donde participan policías federales, pero no denuncian por el miedo que suscitan las amenazas".
Este mes, hace un año, Eladio se encontraba en un fraccionamiento cercano a la salida sur de Mexicali, acompañado de un amigo. Ambos se detuvieron a comer en un puesto de comida rápida que se encontraba en la calle, luego de estacionar su carro Honda, azul.
Un familiar que no desea revelar su nombre da cuenta a este medio que dos pick-ups doble cabina con estrobos, uno rojo y otro gris, se detuvieron y se acercaron donde estaba Eladio y le comentaron que su carro tenía un reporte de robo, a su acompañante le dijeron que se fuera, y al poco tiempo llamaron a la familia de Eladio para exigirles dinero a cambio de dejarlo en libertad, la familia se movilizó para buscar el dinero, aunque no les habían dicho cuál sería el monto que tendrían que pagar.
Asumieron que habría más llamadas, así que esperaron pensando que habría más claridad de información y así podrían determinar qué hacer: o entregar el dinero o avisar a las autoridades. Pero el teléfono no volvió a sonar, no hubo más comunicación, no se volvió a saber de él, quienes presenciaron el acto aseguraron: "fue gente del gobierno, así trabajan".
La familia por su parte sospechó puntualmente de policías federales, y la idea tomó mayor fuerza cuando al acudir a las oficinas de la subdelegación de la PGR en Mexicali, vieron estacionada la misma camioneta pick up roja. A los denunciantes nunca se les ha dado respuestas concretas y la investigación se mantiene estancada.
En ningún momento se abordó, ni creen que se retome, la línea de investigación que señala a la Policía Federal, ya que en Baja California, como en el país, difícilmente, salvo que exista presión de organismos no gubernamentales, se abre paso a la averiguación del actuar de las fuerzas de seguridad del Estado.
La Asociación Esperanza asegura en uno de sus informes que ""hay un modus operandi coincidente, en varios casos se sospecha que son agentes de la Policía Ministerial Federal, por la forma que actúan, por el lenguaje, por los vehículos. Operan con las mismas características". El informe jamás ha sido analizado y retomado por las autoridades competentes.
Claudia Almeida, investigadora independiente dedicada a casos de desaparición forzada en Latinoamérica, asegura que la problemática en Baja California se acrecienta con la campaña, por parte de las autoridades y algunos medios de comunicación, que instan a pensar a la población que todo aquel que desaparece ha sido secuestrado y no han pedido rescate porque lo que hicieron fue quitarle los órganos.
"Una idea absurda, esto porque no investigan y afirman dicha explicación sin fundamento alguno, entonces las familias lo primero que hacen es pensar que en efecto se llevaron a su ser querido bandas de delincuentes que trafican órganos, eso no evita que lo denuncien, pero sí que las autoridades se movilicen, bajo la idea que una investigación de ese tipo es totalmente distinta (con más tramites y lentitud) que una desaparición 'común', porque las dependencias siempre están pensando en excusas que les simplifique la idea de no hacer nada, que no sea estar sentados en un escritorio o en el caso de las policías, dando vueltas por las calles viendo a quien extorsionan", afirma Almeida.
"Baja California es un polvorín que pretende pasar desapercibido, porque la atención está en el centro del país, en Veracruz y en zonas del norte como Chihuahua, Sinaloa, Tijuana se hace lo imposible por esconder la crisis en la que hoy viven cientos de familias de desaparecidos, quienes no han recibido atención por parte de ninguna autoridad, todo aquel que un día deje de ver a su ser querido debe tener en mente que las dependencias le dirán o harán ver que simplemente 'no es su obligación, ni su problema'…
Así desde hace años se ha venido gestando la impunidad, que hoy se ha posado sobre Baja California, y al mismo tiempo el desinterés, el silencio y el resguardo de información sobre la problemática ha provocado que sea invisible una tragedia que tan sólo en 2015 ha cobrado la vida de más de 100 personas, de las que se sabe desaparecieron, porque la cifra negra, que generalmente la engrosa gente de escasos recursos, a quienes el miedo detiene, es posible se triplique", sentencia la activista.
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