RESUMEN LATINOAMERICANO
y del Tercer Mundo
Diarios de Urgencia
Director: CARLOS AZNAREZ
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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
12 DE ENERO 2015
La Guardia Civil ha detenido alrededor de las 7.00 de esta mañana a doce abogados en diferentes localidades de Euskal Herria. Los arrestados son Arantxa Aparicio, Aiert Larrarte, Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglieto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño, Amaia Izko, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi y Alfontso Zenon. Además, otras cuatro personas han sido detenidas en Barakaldo, Ibarra, Zizur y Arbizu. Interior les acusa de «integración en organización terrorista» y de delitos contra la Hacienda pública.
Entre los detenidos, según ha podido saber NAIZ, figuran Arantxa Aparicio, Aiert Larrarte, Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglieto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño, Amaia Izko, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi y Alfontso Zenon. Iñaki Goioaga también estaría en esta lista aunque no habría sido detenido por su condición de aforado, según informan medios españoles.
Izko, Jauregi y Ziluaga han sido detenidas en un hotel de Madrid, donde se encontraban para ejercer la defensa de los 35 militantes de la izquierda abertzale que iban a ser juzgados a partir de hoy en la Audiencia Nacional española.
Además de los abogados, han sido arrestados Jon Mintegiaga en Ibarra, Javier Carballido en Barakaldo, Nagore San Martin en Zizur Nagusia y Fran Balda en Arbizu.
El Ministerio español de Interior acusa a los letrados detenidos de «integración en organización terrorista por formar parte del frente de cárceles de ETA». En una nota, señala que también les imputa, además de «blanqueo», un delito contra la Hacienda pública «al no haber declarado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK)», unos gastos que, según Interior, «fueron sufragados por Herrira».
El comunicado del departamento de Jorge Fernández Díaz señala que la operación ha supuesto la desarticulación «del entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados».
Respecto a las otras cuatro personas detenidas afirma que «ejercían la labor de tesoreros de Herrira» que, según Interior, a pesar de haber sido suspendidas judicialmente sus actividades «continuaba dando soporte económico a las estructuras activas del 'frente de cárceles' de ETA en España».
Interior ha denominado a esta 'operación Mate' y señala que esta redada «complementa» la llevada a cabo el 30 de setiembre de 2013 contra Herrira, con 18 detenidos, y la operación de enero de 2014 denominada 'Jaque' y que se saldó con ocho detenciones.
Detención comunicada
La Guardia Civil ha informado a los familiares de los detenidos que la detención será comunicada.
Registros durante horas
Los militares han registrado varios locales desde primera hora de la mañana. Han accedido a registrar la oficina de abogados de la plaza Nabarreria, en Iruñea, adonde han llevado a Jaione Karrera. En Hernani y Bilbo también han accedido a despachos de abogados. Kepa Manzisidor ha estado presente en la sede vizcaina y Ainhoa Baglietto en la de Hernani, donde han permanecido casi nueve horas, hasta las 17.45 aproximadamente, tras echar abajo la puerta a mazazos.
En Bilbo, además, han entrado en la sede de LAB, donde permanecían todavía a las 18.30, así como en la 'herriko taberna' de Errondabide. La Guardia Civil también ha acudido a las 'herriko's de Durango, Gernika y Leioa, y en Iruñea han inspeccionado un local en la calle Monasterio Viejo de San Pedro, en Errotxapea.
Guardias civiles encapuchados apoderándose del dinero en la sede de la Central Sindical LAB
fuente: Naiz
Hasier Arraiz: "Es el momento de darle jaque mate a la Guardia Civil en Euskadi"
La operación de la Guardia Civil ha causado un profundo malestar en la formación abertzale Sortu. Su presidente Hasier Arraiz, ha asegurado que "estamos, sin lugar a dudas, frente a un Estado terrorista". Visiblemente molesto, ha asegurado que "Es el momento" de que el pueblo vasco "dé jaque mate a la Guardia Civil" porque "es el momento de que se vayan de Euskal Herria".
"Estamos frente a un Estado terrorista, un Estado Quijote que ve gigantes donde sólo hay molinos, que ve terroristas donde sólo hay abogados y que, en lugar de ver militantes políticos, ve peligrosos criminales, aunque sus únicas armas sean sólo el bolígrafo y el papel", ha reiterado Arraiz. También ha añadido que este dispositivo policial, en el que la mayoría de los arrestados son abogados de los presos de ETA, demuestra que "el Estado español emplea, una y otra vez, la venganza contra Euskal Herria".
Su compañero Pernando Barrena ha seguido la misma línea y ha señalado que la operación es "una venganza pura y dura" contra abogados como Amaia Izko, "que han sido capaces de tumbar la doctrina Parot". En declaraciones a Radio Euskadi, Barrena, que es uno de los acusados en el juicio que debía dar comienzo este lunes en la Audiencia Nacional contra 35 militantes de Batasuna, ANV y EHAK-PCTV, ha relatado cómo, minutos antes de trasladarse hasta la AN, "se han despertado con la Guardia Civil en el pasillo del hotel y viendo cómo detenían a Amaia Izko y a otras dos abogadas".
"Estamos estupefactos. Nos encontramos a una hora del inicio de la vista con la detención de personas que se dedican a ejercer el derecho. Es indignante. Están deteniendo a personas que están perfectamente localizadas, que son abogadas y que iban a estar en la Audiencia Nacional por lo que una citación para personarse hubiera sido suficiente", ha señalado.
"Vulneración de derechos"
Por su parte, el diputado de la izquierda abertzale Sabino Cuadra ha afirmado que la detención supone "una vulneración de derechos sin parangón". Para el diputado de Amaiur, que ha participado en una concentración en contra de este macrojuicio, el PP mantiene "una actitud absolutamente autoritaria, muy cercana a la que algunos vivimos con el franquismo".
Y en este sentido ha añadido, en declaraciones a los periodistas, que detener a la defensa de unos procesados supone "una vulneración de derechos humanos, democráticos y políticos que no tiene parangón en ningún sitio, ni en Turquía".
Según Cuadra, "ésta es la forma de entender el proceso de paz por parte del PP, que lo único que ha hecho ha sido reprimir, obstaculizar, poner palos en el proceso y dar pasos hacia atrás".
Ha agregado al respecto que con la operación policial de esta mañana, el Gobierno central ha querido dar una "respuesta al grito unánime de 80.000 personas" que este fin de semana se han manifestado en Bilbao para pedir "el acercamiento" de los presos de ETA.
Por todo ello, ha sostenido que "ir en contra de estas medidas es el camino que nos puede conducir a un escenario de normalización democrática y de paz", por lo que ha pedido "firmeza y movilización en la defensa de los detenidos, de los que van a ser juzgados y en defensa de los derechos de nuestro pueblo. En definitiva, de la democracia y de las libertades".
Aralar y la "dinámica de un estado fascista"
La secretaria general de Aralar, Rebeka Ubera, ha afirmado que la operación policial se sitúa "dentro de la dinámica de un estado fascista" y ha remarcado que el Gobierno central "no sabe actuar de otra manera", al tiempo que ha considerado que supone "un ataque grave contra los valores democráticos fundamentales". En un comunicado, Ubera ha recordado que el pasado sábado las calles de Bilbao "se llenaron de ciudadanos vascos que reclaman una paz sin vencedores ni vencidos, la convivencia democrática y el respeto absoluto de los derechos humanos".
"Hoy el antidemocrático Estado español ha respondido con una operación policial fundamentada en la venganza, que no tiene ninguna justificación jurídica y que es totalmente cobarde", ha denunciado. Para la dirigente de Aralar, "estamos viviendo una situación kafkiana", puesto que "un día sí y otro también" el Gobierno central "demuestra al mundo que el nivel de su democracia es ínfimo".
La europarlamentaria de Sinn Féin Martina Anderson ha denunciado la operación desarrollada este lunes por la Guardia Civil, que se ha saldado con la detención de 16 personas, entre ellas doce abogados.
En un comunicado, Anderson ha rechazado las detenciones, así como la requisa de dinero en la sede del sindicato LAB y otros registros.
«Toda persona tiene derecho a la representación legal y a los abogados que participan en estos casos se les debe permitir llevar a cabo su trabajo sin la interferencia y la intimidación del Estado», ha afirmado Anderson.
«Desafortunadamente, en Irlanda sabemos demasiado bien lo que puede suceder cuando el Estado trata de evitar que los abogados de derechos humanos lleven a cabo su trabajo», ha abundado.
Además, Anderson ha recordado que el operativo tiene lugar después de la manifestación del sábado en Bilbo, que reunió a 80.000 personas por los derechos de los presos y por el fin de la dispersión.
Ha concluido señalando que los arrestos ponen de relieve «una vez más la negativa del Estado a participar de manera constructiva en el proceso de paz».
La red Sare ha denunciado que, «ante la solidaridad de las miles de personas que se movilizaron el sábado en Bilbo y de la sociedad vasca que demanda un escenario de paz», el Gobierno español «sigue empeñado en llevarnos a un escenario obsoleto». Han exigido, además, la devolución del dinero de la cuestación de la manifestación, requisado por la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB en la capital vizcaina.
En un comunicado, Sare ha hecho una primera valoración de la operación de la Guardia Civil que se ha saldado con 16 arrestos y que, han dicho, «difícilmente puede separarse» del éxito de la movilización del pasado sábado en Bilbo en favor de los derechos de las personas presas y por el fin de la dispersión.
La red ha explicado que, según las informaciones que tienen, el registro de la sede del sindicato LAB «esta motivado, exclusivamente, para arrebatarnos el dinero que fue recogido, en cuestación pública, durante el transcurso de la movilización del pasado sábado».
Por tanto, ha añadido, el sindicato LAB «no tiene ninguna responsabilidad, ya que su única actuación ha sido la de permitirnos depositar las monedas recaudadas en sus oficinas, hasta la apertura de las oficinas bancaria, hoy lunes». La recaudación, ha asegurado Sare, iba destinada «exclusivamente al abono de los gastos generados en la organización de esta movilización ciudadana».
Tras exigir la devolución del dinero requisado, Sare ha denunciado que, «ante la solidaridad de las miles y miles de personas que se movilizaron en Bilbao y de la sociedad vasca en general que demanda un escenario de paz y va avanzando en el camino de lograr la convivencia en nuestro pueblo», el Gobierno español «sigue empeñado en llevarnos, una y otra vez, a un escenario obsoleto, que la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza, porque supone enfrentamiento y confrontación».
A Sare, según han asegurado, no les preocupa tanto que el Gobierno español «vuelva a quedar en evidencia ante el mundo de su nula actitud democrática». Lo que les preocupa es «que se detenga abogados, se deje sin defensa a encausados y se requise el dinero recaudado para financiar una movilización que obtuvo una gran participación a favor de los derechos humanos», han añadido.
Sare ha manifestado que, «mientras se continúen vulnerando derechos básicos, la sociedad vasca continuará trabajando por que estos sean respetados», a la vez que ha pedido al Gobierno de Lakua que, «ante la gravedad de estos hechos, se manifieste con rotundidad ante los mismos, mas allá del hecho de que se haya enterado de estos hechos por los medios de comunicación».
Por último, ha anunciado que, en los próximos días, comparecerá públicamente para indicar todas las actuaciones que tiene previsto realizar ante esta actuación «antidemocrática».
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha afirmado que el registro que se está llevando a cabo en la sede del sindicato se debe a que la Guardia Civil querría hacerse con el dinero de la movilización que recorrió las calles de Bilbo por los derechos de los presos políticos vascos.
LAB ha advertido que el registro que se está llevando a cabo en su sede en el marco de las detenciones contra 12 abogados y otros cuatro ciudadanos vascos se debe a que la Guardia Civil pretendería hacerse con el dinero de la movilización del sábado donde se reclamaron los derechos humanos de los presos políticos vascos.
La secretaria general del sindicato, Ainhoa Etxaide, ha recordado que se trató de una movilización «totalmente legal», por lo que ha considerado la redada como «un atropello a la libertad de organización». Remarcando que desconocen lo que está sucediendo en el interior, Etxaide se ha mostrado convencida de que esta es la motivación del registro, debido a que aquí se guardaba el dinero hasta hoy por la mañana, cuando abrían los bancos.
Etxaide ha recordado que el dinero fue dado voluntariamente por los participantes «mostrando una forma de solidaridad económica totalmente necesaria para poder hacer frente a los gastos de la dispersión». Por ello, ha rechazado este intento de «criminalizar la solidaridad». Finalmente ha subrayado que «es una forma de criminalizar organizaciones que asumen compromisos».
Unas 80.000 personas, según el recuento de GARA, han tomado parte en la movilización convocada por Sare para reclamar el fin de la dispersión. La marcha se ha desarrollado en dos columnas que han confluido en la plaza Zabalburu, donde se ha celebrado el acto final, que ha tenido su punto álgido con el encendido de señales luminosas para reclamar la repatriación.
Familiares de presos y la furgonetas Mirentxin, que cada fin de semana llevan a numerosos allegados hasta las cárceles, han sido quienes han abierto una manifestación sin pancartas y silenciosa, si bien no han faltado los aplausos y los ánimos al paso de los familiares. El puente del Ayuntamiento ha ejercido de embudo que ha ralentizado la salida de quienes aguardaban en el Arenal.
Poco a poco, las dos columnas avanzaban por la calle Autonomía y por Hurtado de Amezaga, respectivamente. Las cabeceras han tardado una media hora en llegar a su destino, mientras que todavía miles de personas no habían podido siquiera moverse de los puntos de salida.
En la Plaza Zabalburu se había instalado un estrado para celebrar el acto final, que ha comenzado pasadas las 18.30. Los primeros en tomar el micrófono han sido los bertsolaris Maialen Lujanbio, Igor Elortza y Amets Arzallus. Posteriormente, Rafa Rueda y Agus Barandiaran han interpretado la canción 'Zenbat'.
Saroi Jauregi y Fermin Muguruza han tomado la palabra antes de que llegara el momento de encender las señales luminosas que han iluminado la noche bilbaina para demandar que se respeten de una vez los derechos de los prisioneros vascos. Además, con las luces de los móviles se ha creado las palabras NOW y EUSKAL HERRIRA.
Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, ha mostrado su esperanza en que esta manifestación «sea la última contra la dispersión» y ha destacado que han sido «miles y miles de ciudadanos que se movilizan por una causa justa, ciudadanos de ideologías diversas que tienen o no adscripciones partidistas, pero que todos tienen un denominador común, gritar en silencio que es el momento de acabar con la vulneración de derechos».
Políticos y sindicalistas
En la manifestación se han visto rostros conocidos, entre otros de las diferentes formaciones políticas que conforman EH Bildu, el del portavoz de ERC en el Congreso de Madrid, Joan Tardà, junto al diputado de Amaiur Jon Iñarritu; o representantes de sindicatos como ELA, LAB y CCOO.
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, se ha mostrado convencido de que se logrará el final de la dispersión «por encima de los muros que impongan los Gobiernos español y francés», y ha enviado «un cálido abrazo a todos los familiares, amigos y personas allegadas» de los presos.
Joan Tardà ha señalado que «cuando el derecho civil se abre camino, cuando la sociedad vasca está haciendo un gran esfuerzo en pro de la reconciliación, es indignante que el Gobierno español mantenga una política penitenciaria basada en la venganza».
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha indicado que la movilización social es «imprescindible» para acabar con «el esperpento» de la dispersión. «Y se mantiene porque el Estado no sólo quiere cerrar los derechos de los presos, sino también más agendas políticas, quiere condicionar la agenda política de Euskal Herria», ha asegurado.
«El Estado ha usado en momentos diferentes los instrumentos que ha tenido y ahora está utilizando la hostilidad y una interpretación cerril de la política penitenciaria para obstaculizar los derechos de los presos y la agenda política vasca», ha añadido.
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha afirmado por su parte que Madrid «no es excusa» para que partidos e instituciones vascas den «pasos más valientes y efectivos» destinados cambiar la política penitenciaria, apoyados por la ciudadanía.
«El pueblo está cumpliendo con su papel y ha salido a la calle a mostrar su solidaridad, su compromiso y su apoyo, pero sobre todo, para demostrar que va a estar en la calle y va a estar con toda institución y partidos que quieran asumir iniciativas para cambiar la política penitenciaria», ha subrayado.
El representante de la Ejecutiva de CCOO-Euskadi Alfonso Ríos ha reclamado el fin de la dispersión de los presos porque «es una vulneracion clara de los derechos humanos» y supone «obligar a los presos a una doble condena, a ellos y sus familiares».
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